Carlos Varón y Ricardo Prieto, los bomberos de Apartaderos, estado Mérida, fueron destituidos de su cargo y ahora, no tienen cómo sostener económicamente a sus familias. Su proceso está plagado de irregularidades e injusticias. Fueron aprehendidos en septiembre de 2018 por un video publicado en las redes sociales en el cual sale un burro en la sede bomberil y era una sátira del gobernante Nicolás Maduro.
Caracas. Este 12 de septiembre se cumplieron tres años de la detención arbitraria de los dos bomberos de Apartaderos, estado Mérida, debido a un video que circuló en redes sociales, en el cual un burro se paseaba por las instalaciones de la sede de bomberos de este pueblo y se hizo una sátira sobre Nicolás Maduro.
Carlos Varón y Ricardo Prieto, aprehendidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, aún permanecen en libertad condicional bajo régimen de presentación cada 30 días.
Varón y Prieto fueron destituidos de sus cargos el 27 de junio de 2019 y, además, tienen prohibido salir del estado Mérida, dar declaraciones públicas sobre su caso y usar las redes sociales.
El Observatorio de Derechos Humanos de Mérida, ODH-ULA, detalló la serie de irregularidades e injusticias que se han cometido en el proceso contra esos dos bomberos.
En primer lugar, destaca que a cuatro días de la detención de Varón y Prieto, el 16 de septiembre de 2018, el juez del tribunal de Control número de 2 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Carlos Márquez, acogió a solicitud del Ministerio Público, a cargo del fiscal Silvio Villegas, que imputó a los bomberos el delito “de promoción e instigación al odio agravado” tipificados en los artículos 20 y 21 de la Ley contra el Odio.
“Las irregularidades e injusticias en este caso han sido numerosas. La audiencia de presentación de Varón y Prieto se realizó 72 horas después de su detención, con lo cual se violó el Código Orgánico Procesal Penal, que establece un máximo de 48 horas para la presentación de los detenidos ante un juez”, afirmó el organismo.
El Observatorio de Derechos Humanos de Mérida relató que los bomberos fueron trasladados al Centro de Coordinación Policial de Bailadores, a más de 150 kilómetros de Apartaderos. “Este traslado significó otra violación de los derechos de los detenidos, a estar cerca de sus familiares, recibir atención médica y visita de sus abogados”.
El 31 de octubre de 2018, se produce una nueva audiencia de imputación. En esta oportunidad, la fiscalía quinta del Ministerio Público cambia los delitos a “vilipendio al presidente de la República y de instigación pública con agravantes”, establecidos en los artículos 147 y 285 del Código Penal venezolano. Varón y Prieto quedaron ese día en libertad condicional con medidas cautelares, como se mantienen hasta la fecha.
“Pero en tres ocasiones han sido diferidas las audiencias preliminares para el desarrollo del debido proceso en este caso: el 31 de mayo de 2019, el 11 de noviembre de 2019 y el 13 de mayo de 2020. Con la pandemia por COVID-19 como excusa, hasta la fecha no se ha obtenido nueva fijación de audiencia preliminar”, puntualiza el Observatorio.
Varón y Prieto ahora no tienen cómo sostener económicamente a sus familias.
El Observatorio de Derechos Humanos de Mérida subrayó: “En los expedientes administrativos que conllevaron a la destitución de estos bomberos se indicaba que los mismos podrían estar incursos en falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública, tipificadas como tales en el estatuto de la función pública, (por aplicación supletoria), artículo 86, numeral 6. Asimismo, se les acusó de violar artículos de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil y el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida”.
La detención y posterior acusación de Carlos Varón y Ricardo Prieto fue de los primeros casos de aplicación Ley contra el odio en Venezuela. Desde entonces, otros ciudadanos se han enfrentado a detenciones arbitrarias, allanamientos, censura y privación de libertad acusados por delitos previstos en esa ley, cuyas acusaciones son absolutamente subjetivas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que este caso constituyó una criminalización de la libertad de expresión en la que hubo responsabilidades ulteriores. “Este observatorio exige al Estado venezolano cumplir con sus mandatos constitucionales y no condenar la sátira en un país donde se debe garantizar la libertad de expresión”.
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