Candidatos de la APR se enfilan a la Asamblea Nacional con propuestas recicladas bajo el brazo

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Las propuestas de la Alternativa Popular Revolucionaria giran en torno a la defensa del salario, el aumento de la producción interna, la defensa de la soberanía y el rescate de los servicios públicos. Prometen impulsar leyes en áreas como control obrero de las empresas del Estado, fortalecimiento de las comunas y contra la especulación. La oferta se basa en aplicar normas vigentes pero engavetadas por el PSUV.

Caracas. Los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), integrada por partidos y movimientos sociales disidentes del Gran Polo Patriótico, presentaron esta semana las 12 propuestas que defenderán en el Asamblea Nacional de resultar electos.

En su mayoría, los planteamientos no son novedosos, sino que intentan rescatar “las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez”, de acuerdo con el documento que hicieron circular en sus redes sociales.

Dentro de las 12 propuestas destacan temas como la defensa del salario, el aumento de la producción interna, la defensa de la soberanía y el rescate de los servicios públicos.

Pero además, como parte de esas iniciativas, los candidatos de la APR se comprometen a impulsar la creación o reforzamiento de leyes en áreas como el control obrero de las empresas del Estado, el fortalecimiento de las comunas y las leyes del poder popular, la lucha contra el latifundio, la progresiva eliminación del IVA y los derechos de la mujer y los jóvenes.

Propuestas recicladas

Los disidentes del madurismo ofrecen “una combativa y consecuente fracción parlamentaria, independiente ante el Gobierno y frente al capital, su Estado e instituciones burguesas”. Sus propuestas básicamente podrían resumirse en lograr que se cumpla la Constitución y las normas vigentes. Veamos.

  1. Se plantean trabajar para lograr que los salarios sean indexados al índice de precios al consumidor, algo similar a lo establecido en el artículo 91 de la carta magna. Además de que lucharán por pensiones y prestaciones sociales dignas (artículo 80 constitucional).
  2. Defenderán los derechos de los trabajadores a las convenciones colectivas (art. 96), a la libertad sindical (art. 95) y a la huelga (art. 97), todos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo.
  3. Los candidatos de la APR proponen «poner un parao’» al alto costo de la vida y defender el derecho a la alimentación (art. 305).
  4. Prometen defender la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del pueblo (art. 1) contra todo tipo de injerencia externa y entreguismo. Fundamentos que justifican desde la perspectiva del PSUV la aprobación de la «ley antibloqueo» por la ANC el mes pasado.
  5. Proponen desarrollar un modelo de desarrollo “soberano, independiente y sustentable (art. 128) para superar la condición de país capitalista dependiente y rentista extractivista (sic)” a través de la reactivación de empresas estatales y “fundos recuperados”, con un modelo de gestión bajo control “obrero, campesino, comunero y popular” que impulse la creación de empleo formal.
  6. Para lograr la plena soberanía alimentaria apoyarán la entrega de tierras a las familias campesinas, con financiamiento y apoyo científico para incrementar la productividad (planteamiento central de la Ley de Tierras del año 2001). En este punto llama la atención que el plan de expropiaciones adelantado por Hugo Chávez a partir del año 2007 giró precisamente en torno a esa oferta y hoy la mayoría de las tierras expropiadas y entregadas a campesinos o colectivos agrícolas se encuentran improductivas e incluso abandonadas.
  7. Los chavistas críticos de Maduro defienden un régimen tributario que ponga el peso de la carga en los grandes capitales y fortunas (medida que ya contempla una norma aprobada en 2019 por la ANC) y apunte a la eliminación del IVA.
  8. Consideran que de llegar a la AN, se deberá trabajar “por un Parlamento que ejerza su papel fiscalizador y contralor de la administración pública y los capitalistas”. En este punto cabe destacar que constitucionalmente, la función de la Asamblea Nacional es fiscalizar las finanzas públicas, no las privadas. La supervisión del funcionamiento del aparato privado recae en el Estado a través del Ejecutivo y de los tribunales en caso de delitos.
  9. También defenderán “un sistema público nacional de salud de calidad, que contemple investigación y producción de fármacos, suministros, equipos clínicos, quirúrgicos y de laboratorio para la demanda interna”. Acotan que ese sistema debe funcionar con participación de los trabajadores del sector salud “para derrotar la corrupción”. Este punto resume básicamente todo lo que debe ser y no ha sido el sistema de salud desde la entrada en vigencia de la Constitución en el año 2000, contenido en los artículos 83 al 86.
  10. Se comprometen a trabajar por un plan para el rescate de los servicios públicos de agua, electricidad y gas. No obstante, hasta el momento la APR no ha explicado el cómo logrará esa recuperación de cada sector, como por ejemplo sí lo ha hecho la Asamblea Nacional legítima a través de su equipo de Plan País.
  11. Defenderán los derechos de la mujer, contemplados no solo en la Constitución sino en la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
  12. Defenderán y promoverán los derechos de los jóvenes a la educación, a empleos y a la recreación la cultura y el deporte, contenidos todos en la Constitución.
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Leyes recicladas

Los candidatos de la APR que resulten electos diputados de la AN impulsarán además las siguientes leyes:

  • Una ley “para combatir y castigar la especulación” y la “usura capitalista contra el pueblo”, como de hecho lo contempla la Ley de Precios Justos y es la función de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
  • La ley de los consejos socialistas de trabajadores, una bandera del PCV en la legislatura 2010-2015 que el propio PSUV engavetó y cerró con llave impidiendo su sanción.
  • Las 5 leyes del Poder Popular, “en particular en lo relativo a la recuperación de los derechos políticos de las comunas para elegir sus voceros, ejercer el control social y el desarrollo socioeconómico”, dicen los panfletos difundidos en redes sociales. Esas leyes fueron sancionadas con bombos y platillos entre 2010 y 2015 pero su instrumentación ha sido casi nula o al menos parcial.
  • Los candidatos de la APR dicen que propondrán la “ley del plan de industrialización a gran escala”, que tendrá énfasis en la transformación de la materia prima agrícola y manufacturera.
  • Solicitarán la aplicación “consecuente de las leyes que erradican el latifundio”.
  • Impulsarán “leyes que propulsen la derogación de los tratados de doble tributación e instituyan un régimen tributario que traslade el peso de la carga impositiva a las grandes fortunas (que como ya se dijo fue aprobado por la ANC el año pasado), las empresas capitalistas nacionales (potestad que ya tienen las alcaldías y gobernaciones) y trasnacionales, y la eliminación progresiva del IVA”.
  • También prometen otra ley anticorrupción “que imponga cárcel a los corruptos y confisque los bienes mal habidos”. Ambos aspectos ya están contenidos en la ley anticorrupción vigente.
  • Por último, se comprometen a desarrollar “nuevas leyes para combatir la violencia y discriminación contra la mujer”, pero no precisan hacia dónde apuntarían estos instrumentos.
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