48 adultos mayores fueron arrollados en 2018, según la asociación civil Convite, mientras que en 2016 hubo 1836 defunciones por accidentes de tránsito, sin contar aquellos que fallecieron tiempo después de sufrir el siniestro. La falta de semáforos, aunada a las casi inexistentes políticas públicas de seguridad vial, podrían inflar aún más esas cifras, según expertos.
Caracas. Son las 5:00 p. m. de un viernes de quincena. Aunque el éxodo masivo de venezolanos y la crisis económica han mermado la presencia de personas en las calles, el apuro por llegar a casa antes de que oscurezca se mantiene y la anarquía en las principales calles, avenidas e intersecciones de la ciudad incrementa ante la falta de semáforos que funcionen, la vigilancia de fiscales de tránsito y la conciencia vial.
El cruce entre las avenidas Universidad y Baralt, cercano a la estación del Metro Capitolio, hasta hace unos meses era fiel reflejo del descontrol que reina en el país: semáforos dañados, motorizados y peatones que cruzaban a su antojo, vehículos que trancaban la intersección en medio del caos, todo eso ante la mirada de un solo fiscal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en posición, que luego se turnaba con otros funcionarios.
Los tres semáforos vehiculares los arreglaron, los peatonales tienen incluso más años sin funcionar. Ahora el panorama es el mismo, pero con semáforos y sin fiscales. “La gente se acostumbró a esto, aquí no hay ley que valga”, exclamó un señor que hacía cola para abordar un autobús hacia La Pastora y, tras esperar un buen rato que le dieran paso, logró cruzar la calle.
Siguiendo por la avenida Universidad, antes de llegar al liceo Fermín Toro, otro semáforo inhabilitado. El sonido de las cornetas se entremezcla con el de los conductores gritando mientras piden paso hacia uno u otro lado, no hay quien guíe ni ordene el sitio, pese a que unos metros más atrás se encuentran funcionarios motorizados de la PNB hablando entre sí o por teléfono.
El Estado no puede seguir obviando este hecho. Ahora solo vemos policías de tránsito cuando hay eventos en las ciudades. Cuando hay semáforos dañados o fallas de servicio eléctrico, no hay fiscales para aliviar el caos vehicular”, expresa Mayerling Vera, activista del Proyecto Llamado a la Conciencia Vial.
En un recorrido hecho por Crónica.Uno por varios puntos de Caracas, se evidenció que la falta de semáforos no solo se mantiene, sino que se ha convertido en punto focal de un problema vial que pone en riesgo tanto a quienes caminan como a quienes conducen sus vehículos.
“Unos sirven, otros no. Lo ideal es que sirvan todos los semáforos. A mí me ha tocado cruzar con mi mamá de 78 años ‘a la buena de Dios’ porque algunos te dan paso, pero hay otros a los que no les importa”, señaló Anahí Cantillo, habitante del barrio El Guarataro.
En las avenidas San Martín, Baralt, Universidad, Fuerzas Armadas, Casanova, Urdaneta, Río de Janeiro, Francisco de Miranda, Andrés Bello y Francisco Solano, se contabilizaron al menos dos semáforos dañados en cada una.
Incluso, los semáforos del elevado de la avenida Victoria, que conecta con la Fuerzas Armadas y la Guzmán Blanco (Cota 905), se encuentran inhabilitados, lo que dificulta el tránsito en dicha intersección durante las horas pico. También se notaron fisuras en la estructura del mismo.
Vale acotar que el elevado fue inaugurado en noviembre de 2015 y tuvo un costo de 247 millones de bolívares fuertes, poco más de 21 millones de dólares calculado a la tasa Sicad de la época (Bs. 11,70 por dólar) o más de 1,2 millones de dólares a la tasa Simadi (entre Bs. 198 y 200 durante 2015).
Las avenidas Casanova y Francisco Solano, ambas en la parroquia El Recreo del municipio Libertador, fueron las que más semáforos dañados mostraron, hecho que, sumado al alto volumen de vehículos que transitan durante el día por estos sectores, dificulta aún más el tránsito y el paso de peatones por la zona.
La Asociación Civil Convite desarrolló a inicios de agosto una encuesta interactiva en la que los ciudadanos pueden reportar semáforos dañados en las zonas donde se encuentren. Hasta el momento publicación de esta nota se habían hecho 41 reportes en la aplicación, 33 de ellos en el Área Metropolitana de Caracas y, en su mayoría, en los municipios Libertador y Sucre.
El director general de Convite, Luis Francisco Cabezas, explicó a Crónica.Uno que el motivo de la creación de dicha encuesta es la necesidad que tiene la población de que las autoridades municipales cumplan con sus competencias en materia vial y de seguridad. Aseguró que, según un monitoreo hecho por esa ONG, 48 adultos mayores fueron arrollados en 2018, siendo esta la principal causa de muerte de este segmento de la población durante ese año y el 2017.
Cabezas afirma que la falta de funcionamiento de semáforos ha influido en dicha cifra, ya que al ser una población con poca capacidad para movilizarse es susceptible a sufrir arrollamientos. Cabezas llamó a las alcaldías a resolver la problemática, que no solo afecta a la tercera edad sino a niños, personas con discapacidad y cualquier otra persona con movilidad reducida.
Asimismo, señaló que, luego de haber empezado a funcionar la encuesta de Convite, la Alcaldía de Chacao arregló el único semáforo que los ciudadanos habían reportado en dicha jurisdicción, aunque desconoce si se debió a la publicación de la encuesta o no.
Conciencia ciudadana
La activista Mayerling Vera señala que, en cuanto a seguridad vial, “el Estado tiene la mayor carga de responsabilidad” pues la ciudadanía requiere de policías que vigilen el tránsito, semáforos que funcionen y señalización, así como constante educación al respecto.
Sin embargo, Vera es partidaria de que “el ciudadano también debe tener sentido común”. Según la activista, las personas suelen transpolar sus frustraciones y carácter a la vía pública.
“Si estamos frustrados, no nos importa lo que pase en la calle. Hay mucha agresividad al conducir, nos hace falta un poco de amabilidad. El peatón también debe buscar la forma de colaborar ya que también tiene responsabilidades viales”, señaló Vera.
Es por ello que para evitar accidentes viales o arrollamientos, Vera no solamente hace llamado a las autoridades para que ataquen este problema, sino a la ciudadanía.
“Debemos convertirnos en los ciudadanos que queremos ser, demostrar que somos conscientes y que sí queremos tener vías seguras para todos”, exclama.
Opacidad gubernamental y crisis humanitaria
En el VI Informe sobre la situación de la seguridad vial en Venezuela, elaborado en 2018, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Seguridad Vial detallan que en 2016 fallecieron 1836 personas en todo el país a causa de accidentes de tránsito.
“Sin embargo, la estadística no abarca a aquellas personas que pudieron fallecer tiempo después, como consecuencia directa de estos siniestros”, señala el informe, por lo que la cifra pudiera ser incluso mayor.
A su vez, la ausencia de datos oficiales sobre siniestralidad vial desde 2016, último año en que los ministerios de Salud, Interior y Justicia y el Servicio de Tránsito Vial de la PNB publicaron información al respecto, ha impedido conocer el alcance y las proyecciones de las políticas públicas en materia vial implementadas por el Estado venezolano.
De igual forma, a principios de junio, distintas ONG y miembros de la sociedad civil suscribieron un comunicado alertando acerca de la vulnerabilidad de la población y de las víctimas de siniestros, pues buena parte de estas fallecen por no poder ser atendidas en los centros de salud del país.
Van 25 minutos y aunque han llegado paramédicos, no ha llegado ninguna ambulancia https://t.co/tIT5LKBcN0
— Rafael Hernández (@sincepto) 20 de agosto de 2019
Participa en la conversación