La investigación da cuenta de que la infancia se encuentra desprotegida. Los niños se han quedado sin programas de atención ni la posibilidad de que sean abiertos los procedimientos para atenderlos. Según datos de la Policía de Baruta, en el municipio hay aproximadamente 500 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En El Hatillo son 147 y en Chacao, 44.

Caracas. Las grietas del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son profundas: el funcionamiento de los órganos administrativos y programas de atención es casi inexistente en el Área Metropolitana de Caracas. En medio de la crisis humanitaria compleja que sufre el país, la niñez y la adolescencia viven el abandono absoluto del Estado en su responsabilidad de atender a esta población. Se traduce en una desprotección estructural e institucional, afirma la investigadora de Cecodap, Angeyeimar Gil, tras revelar datos sobre el estado de la niñez.

La investigación “Evolución del Funcionamiento del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes en el Área Metropolitana”, realizada por Cecodap ­—organización que vela por los Derechos Humanos de la niñez—- da cuenta de un sistema donde la infancia quedó desprotegida.

En Caracas, los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) solo están funcionando en 32,7 % de su capacidad. Solo uno de los Cpnna entrevistado cuenta con el mínimo de los consejeros de protección requeridos por la ley, destacó Gil, quien pudo conocer la situación de los Cpnna de Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre. En Libertador no obtuvo acceso a la información.

En Chacao, de un equipo total que debería contemplar 11 cargos, solo cuentan con tres. En Baruta, de 16 puestos, la plantilla de personal la ocupan 5. Mientras que en El Hatillo, de un total de 13 plazas, solo 4 están en función. En Sucre la ausencia de personal es de 57 %. La migración y los bajos salarios han afectado directamente al sistema de protección, lo que ha tenido incidencia en la disminución de los procedimientos iniciados para el abordaje de niños.

Comenzamos el año, tuvimos meses sin consejeros y ahora tenemos solo dos. Eso disminuye la atención, cita Gil un testimonio en su investigación.

Esta situación significa un cierre técnico, destaca la investigadora. Lo que tememos es que se paralice el sistema de protección. Es un sistema que no funciona como sistema y, por lo tanto, no protege.

En los Consejos Municipales de Derechos las fallas de personal también son preocupantes. El Hatillo tiene 80 % los cargos vacantes. En el resto de los municipios se ubica entre 15 % y 45 %, lo que afecta áreas de trabajo tan fundamentales como políticas públicas y fondo de protección.

Programas de atención no cubren la demanda

En total fueron identificados 56 programas de atención a la niñez: ayuda psicológica, salud sexual y reproductiva, asistencia e inserción social, situación de calle. Pero 95 % no tienen capacidad de atender y dar respuesta a la demanda social, se lee en el estudio, ante las fallas en el presupuesto y de personal. Los programas pueden ofrecer citas para febrero, marzo y abril del próximo año.

Respecto al financiamiento de estos planes, 68,4 % depende de recursos privados, cuando los órganos administrativos son exclusivamente resposabilidad del Estado. Los usuarios suelen encontrarse con que no hay dinero para la atención que requiere el niño. Las necesidades más apremiantes son en materia de integridad personal, salud y nivel de vida adecuado.

Crece el número de niños en la calle

Pese a que no fue una variable a estudiar, esta investigación logró recoger, según datos de la Policía de Baruta, que en el municipio hay aproximadamente 500 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En El Hatillo son 147 y en Chacao, 44.

La situación de calle apareció en todas las entrevistas que hicimos con los órganos administrativos con un problema presente y agudo que requiere atención. Además de eso, decimos que tienen muy pocas alternativas para la atención, lo mismo sucede con niños y niñas mayores de 7 años que requieren una medida de abrigo, expresó Gil.

Cecodap señaló que ante esta situación el Estado está llamado a responder de forma rápida y urgente para frenar la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además de implementar una política nacional de protección de la infancia y establecer un presupuesto que permita atender la situación.


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