Cero puntos para Venezuela en el Ranking Mundial sobre transparencia presupuestaria

Entre agosto de 2016 y diciembre del mismo año, la administración pública venezolana no difundió ninguno de los documentos esenciales para la transparencia del presupuesto público. Por esto, obtuvo el puesto 110 entre 115 países en el Ranking Mundial de la Evaluacion de Presupuesto Abierto de 2017.

Caracas. A causa del hermetismo en la información pública y la opacidad en la rendición de cuentas sobre sus recursos, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo una puntuación de 0 puntos en el ranking mundial que evalúa la transparencia de los gobiernos en la administración presupuestaria, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017.

Venezuela recibió la calificación más baja (0/100) de la escala que evalúa la publicación oportuna y en línea de documentos esenciales acerca de la gestión del presupuesto público nacional. Esto ubicó al país en el puesto 110 de 115 países.

Este índice, realizado por 300 expertos de la mano de la International Budget Partnership (IBP), evalúa por quinta vez a Venezuela. En el análisis se considera la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos y la vigilancia que ejercen las instituciones formales que deben hacer contrapeso al accionar de los gobiernos.

Mientras que en la región latinoamericana países como Brasil (77/100), Perú (73/100), Chile (57/100), Argentina (50/100), Colombia (50/100), Ecuador y Paraguay (49/100) superaron el promedio global de transparencia (42/100 puntos), Bolivia tuvo una baja puntuación (10/100). A este le sigue Venezuela (0/100) que comparte esta cifra con los últimos en la lista: Nigeria, Guinea, Qatar, Reino de Lesoto y Yemen.

En Venezuela, tres de los ocho documentos emblemáticos que deben estar a la disposición general (presupuesto ciudadano, rendición de mitad de año e informe de auditoría) no se han producido, y los otros cinco se han publicado tardíamente, no están en línea o son estrictamente de uso interno.Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro agravarían todavía más la próxima calificación.

Pese a que en la ley se señala que la institución superior tiene entera discreción para llevar a cabo auditorías de las cuentas públicas cuando lo considere adecuado, en el caso de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, ninguno cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus mandatos y sus procesos de auditoría no son revisados por entidades autónomas. En el país no existen instituciones fiscales independientes (IFI).

En el caso de la Asamblea Nacional, con mayoría de diputados opositores al Gobierno, fue considerada en desacato inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República se ha mantenido en total silencio respecto al manejo de los recursos.

De acuerdo con el informe publicado por la IBP, a pesar de los “reiterados esfuerzos” que realizaron durante la investigación, el gobierno venezolano no quiso pronunciarse sobre los resultados preliminares de la Encuesta.

Foto referencial: AVN

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