Entre agosto de 2016 y diciembre del mismo año, la administración pública venezolana no difundió ninguno de los documentos esenciales para la transparencia del presupuesto público. Por esto, obtuvo el puesto 110 entre 115 países en el Ranking Mundial de la Evaluacion de Presupuesto Abierto de 2017.
Caracas. A causa del hermetismo en la información pública y la opacidad en la rendición de cuentas sobre sus recursos, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo una puntuación de 0 puntos en el ranking mundial que evalúa la transparencia de los gobiernos en la administración presupuestaria, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017.
Venezuela recibió la calificación más baja (0/100) de la escala que evalúa la publicación oportuna y en línea de documentos esenciales acerca de la gestión del presupuesto público nacional. Esto ubicó al país en el puesto 110 de 115 países.
Este índice, realizado por 300 expertos de la mano de la International Budget Partnership (IBP), evalúa por quinta vez a Venezuela. En el análisis se considera la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos y la vigilancia que ejercen las instituciones formales que deben hacer contrapeso al accionar de los gobiernos.
Mientras que en la región latinoamericana países como Brasil (77/100), Perú (73/100), Chile (57/100), Argentina (50/100), Colombia (50/100), Ecuador y Paraguay (49/100) superaron el promedio global de transparencia (42/100 puntos), Bolivia tuvo una baja puntuación (10/100). A este le sigue Venezuela (0/100) que comparte esta cifra con los últimos en la lista: Nigeria, Guinea, Qatar, Reino de Lesoto y Yemen.
En Venezuela, tres de los ocho documentos emblemáticos que deben estar a la disposición general (presupuesto ciudadano, rendición de mitad de año e informe de auditoría) no se han producido, y los otros cinco se han publicado tardíamente, no están en línea o son estrictamente de uso interno.
Por lo tanto, Venezuela perdió los puntos que había acumulado desde 2015, anterior evaluación, cuando escasamente alcanzó 8/100.
La transparencia en cuentas públicas no es la única garantía
El IBP consideró que la sola exposición de las cuentas públicas no es garantía de la buena gestión de los recursos, por lo que ajustó su metodología con la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GITF) para medir las oportunidades que tienen los ciudadanos de participar en el proceso presupuestario.
En esta materia, a Venezuela se le otorgó apenas 7 de 100 puntos, valoración que se ubica por debajo del promedio en la región latinoamericana.
Pese a que los resultados de la encuesta de Presupuesto Abierto 2015 también determinaron como “mínima” la participación pública (23/100), los resultados de ambas investigaciones no pueden ser contrastados directamente debido a que se realizaron ajustes sustanciales para alinearlas con la GITF.
En tercer lugar, se toma en consideración otro factor: la vigilancia del presupuesto por parte de las instituciones formales que deben velar por la integridad y la rendición de cuentas de los gobiernos. En el caso venezolano, la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la Republica.
En este reglón, Venezuela acumuló 30/100, puntuación muy por debajo del promedio en América Latina que fue de 57/100.
Debe señalarse que esta evaluación solamente considera los eventos, actividades o avances que ocurrieron entre agosto de 2016 y diciembre del mismo año. Es decir, el hecho inconstitucional de presentar el presupuesto nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro agravarían todavía más la próxima calificación.
Pese a que en la ley se señala que la institución superior tiene entera discreción para llevar a cabo auditorías de las cuentas públicas cuando lo considere adecuado, en el caso de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, ninguno cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus mandatos y sus procesos de auditoría no son revisados por entidades autónomas. En el país no existen instituciones fiscales independientes (IFI).
En el caso de la Asamblea Nacional, con mayoría de diputados opositores al Gobierno, fue considerada en desacato inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República se ha mantenido en total silencio respecto al manejo de los recursos.
De acuerdo con el informe publicado por la IBP, a pesar de los “reiterados esfuerzos” que realizaron durante la investigación, el gobierno venezolano no quiso pronunciarse sobre los resultados preliminares de la Encuesta.
Foto referencial: AVN
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