Comisión Delegada autorizó al gobierno interino presupuesto por $152,3 millones para 2021

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El presupuesto será ejecutado a través del Fondo para la Liberación de Venezuela y registra un incremento de 62,6 millones de dólares para el gasto social, en comparación con los recursos asignados en 2020. Todas las otras partidas del fondo también aumentaron, excepto las de Asamblea Nacional y Asuntos Exteriores, que fueron recortadas. 21 % del presupuesto 2021 es reconducido de 2020, debido a retrasos con algunas licencias OFAC.

Caracas. 152.330.533 dólares será el presupuesto de funcionamiento del año 2021 del gobierno interino y la Comisión Delegada que fue instalada luego de la reforma del Estatuto de Transición de la Asamblea Nacional. La suma incluye 100.000.000 de dólares para atención de casos de riesgo vital, acceso a vacunas contra la COVID-19 y ayuda humanitaria a través de multilaterales. Así fue aprobado este jueves en la sesión virtual de la Comisión Delegada.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Paparoni (PJ), diputado electo para el período 2016-enero de 2021, solicitó a la Delegada modificar el orden del día (que solo tenía dos puntos previstos) para incluir, por urgencia reglamentaria, el debate del informe elaborado por esa instancia, donde se recomendó la autorización del presupuesto vía crédito adicional; esto debido a que, de acuerdo con el artículo 196 de la Constitución, la Comisión Delegada no tiene competencia para discutir presupuestos, pero sí créditos adicionales. No obstante, en la práctica, los recursos autorizados constituyen el presupuesto del gobierno interino.

“Solicitamos a esta Comisión Delegada que sean aprobados los recursos necesarios para que, junto al pueblo venezolano, podamos adquirir todas las vacunas que puedan combatir la terrible pandemia que azota al país”, dijo Paparoni en su intervención.

De acuerdo con el informe de Finanzas, los objetivos centrales de la solicitud de recursos hecha por Guaidó el pasado 6 de abril son fortalecer el plan de atención a la COVID-19 y nutrir las partidas que integran el Fondo para la Liberación de Venezuela, que, como ya se dijo, funciona como el presupuesto del gobierno encargado y de la Comisión Delegada.

Con respecto a la fuente de financiamiento, el informe presentado por Paparoni indica que el crédito adicional será financiado con recursos certificados mediante oficio emanado por la junta ad hoc del BCV en fecha 8 abril, los cuales están disponibles en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en Estados Unidos.

Fuentes consultadas por Crónica.Uno acotaron que los 100.000.000 de dólares autorizados para gasto social no incluyen los 30.309.040 dólares aprobados el pasado 19 de marzo como parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa Técnica para el Acceso a Covax, sino que son adicionales. Estos recursos serán canalizados a través de los organismos internacionales apostados en Venezuela para evitar la politización o desvío inapropiado de los fondos.

Todos aumentaron menos la AN y Asuntos Exteriores

Al revisar la distribución de las partidas solicitadas por Guaidó para este año y compararlas con los montos asignados el año pasado, es evidente que todas, excepto dos, registraron aumentos en sus asignaciones. Las únicas partidas que fueron recortadas para este año son las de la Asamblea Nacional (Comisión Delegada) –que está funcionando a media máquina– y la de Asuntos Exteriores. En detalle la distribución autorizada hoy por la Delegada:

  • 100.000.000 de dólares para gasto social, que incluye: reforzamiento de la cadena de frío de las vacunas contra la COVID-19 y del plan de vacunación, así como adquisición de vacunas vía Covax; ayuda humanitaria a través de la OPS y la OMS, y atención de casos de riesgo vital. El año pasado esta partida recibió $37,4 millones
  • 23.496.400 dólares para defensa de la democracia: se destina a actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes. El año pasado esta partida recibió $8,5 millones.
  • 7.536.365 dólares para la Asamblea Nacional electa en 2015: en este momento solo está operativa la Comisión Delegada y menos de la mitad de las comisiones permanentes. Esta partida incluye gastos de “protección social” de los diputados y plantilla básica de trabajadores, es decir, pago de salarios. El año pasado esta partida recibió $14 millones.
  • 2.365.857 dólares para el Despacho de la Presidencia: están destinados a gastos de seguridad del presidente encargado, consultoría jurídica, asesorías, movilidad y eventos. El año pasado esta partida recibió $1,8 millones.
  • 5.614.700 dólares para asuntos exteriores: estos recursos van a la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores que encabeza Julio Borges, a cargo de las representaciones diplomáticas del gobierno interino en el mundo. El año pasado esta partida recibió $7,6 millones.
  • 4.583.320 dólares para comunicaciones: cubre los gastos generados por campañas de información del gobierno interino en medios digitales y tradicionales. El año pasado esta partida recibió $4.545.714.
  • 4.268.675 dólares para el Consejo de Administración del Gasto: cumple funciones equiparables al Ministerio de Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto y Tesorería. De esta partida salen los pagos para las gestiones ante la OFAC y servicios de auditoría. El año pasado esta partida recibió $3,7 millones.
  • 725.810 dólares para la Contraloría Especial: actualmente esta oficina está encabezada por Juan Pablo Soteldo y se ocupa de velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos. El año pasado esta oficina recibió 476.850 dólares.
  • 1.758.000 dólares para los magistrados del TSJ: estos funcionarios fueron designados por la Asamblea Nacional en julio de 2016 y desde ese mismo momento están en el exilio. La partida cubriría sus salarios y funcionamiento. El año pasado se les asignaron $1,2 millones.
  • 262.800 dólares para el Consejo de Defensa Judicial: ente designado por la Asamblea Nacional en 2020 y que se encarga de supervisar la contratación de bufetes para litigios sobre defensa de activos de la República en el exterior. Este consejo supervisa los desembolsos que se hacen a favor del Fondo de Litigios, cartera aparte del Fondo para la Liberación. El Consejo de Defensa Judicial no existía para septiembre de 2020, cuando se hizo la última modificación del presupuesto del gobierno interino, por lo tanto, no tuvo presupuesto asignado el año pasado.
  • 348.600 dólares para la Procuraduría Especial: actualmente esta oficina está a cargo del profesor de Derecho Constitucional Enrique Sánchez Falcón, y se ocupa de diseñar y coordinar la estrategia jurídica internacional del gobierno interino. El año pasado esta partida recibió 236.000 dólares.
  • 1.154.400 dólares para el funcionamiento de las juntas ad hoc: incluye Pdvsa (y Citgo), Pequiven (y Monómeros), CVP, Bandes y CVG. En el presupuesto de 2020 no se especificó un monto para las juntas ad hoc.
  • 215.606 dólares para el funcionamiento de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela. El año pasado esta partida recibió 65.000 dólares.
21 % del presupuesto 2021 es reconducido

El pasado 14 de abril, consultado en una rueda de prensa sobre los recursos que solicitó el 6 de abril para el funcionamiento del gobierno interino, tomando en cuenta que a la fecha no había rendido cuentas de los 80.000.000 de dólares que administró en 2020, el presidente Guaidó respondió: “La mayor parte de estos fondos (solicitados el 6 de abril) son reconducidos de lo que no se utilizó del Fondo para la Liberación el año pasado”.

Fuentes consultadas por Crónica.Uno revelaron que debido a retardos en la autorización de licencias para todas las partidas, en 2020 se habría ejecutado 79 % de los 80.000.000 de dólares. En consecuencia, el 21 % restante sería reconducido en el presupuesto de este año, eso equivale a unos 17 millones de dólares.

Este jueves Guaidó dijo que la aprobación de los recursos para el funcionamiento del gobierno interino y el gasto social es una necesidad “para que no se discrimine con la vida de los venezolanos y poder acceder a la vacuna contra la COVID-19”.


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