¿Cómo evitar que la corrupción empañe la ayuda humanitaria?

Venezuela transita por una emergencia humanitaria desde 2016. La sociedad civil ha pedido el ingreso de ayuda asistencia desde entonces, pero fue este año que el gobierno de Nicolás Maduro, al firmar un acuerdo con representantes de la oposición, que reconoció la crisis interna. En un foro virtual realizado por Transparencia Venezuela, cuatro expertos plantean diferentes escenarios del rumbo que pueden tomar esas donaciones.

Caracas. El ingreso de la ayuda humanitaria, a un país frágil como Venezuela, por cualquier vía que se escoja, deja mucha tela que cortar, abre caminos para hechos de corrupción y de malversación y, lo peor, es que nunca termina en las manos de los más necesitados. 

Y para muestra tres momentos claves de cooperación internacional que no llegaron a subsanar del todo la crisis asistencial. 

El primero: el 23 de febrero de 2019, cuando se suponía que entraban “porque sí”, frase del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, 600 toneladas de ayuda humanitaria provenientes en su mayoría de Estados Unidos. 

Ese día, tras el cierre de fronteras, hubo heridos, detenidos, robo y quema de los camiones con los insumos. El gobierno de Nicolás Maduro no dejó que pasara la cooperación internacional, aun cuando la gente clamaba auxilio. 

Muchas personas de varias regiones, para ese momento, habían viajado a Cúcuta con la esperanza de obtener medicamentos para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión y regresaron al interior del país con más desesperanza. La ayuda no se vio masificada. Por lo menos no entró a hospitales como el J. M. de Los Ríos o al oncológico Luis Razetti.

El segundo: la Cruz Roja Internacional se ofrece a canalizar el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Estamos abiertos a cooperar sobre el terreno con todas las organizaciones de la sociedad civil, pero estas deben respetar nuestros protocolos y estándares reconocidos internacionalmente”, afirmó Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 29 de marzo de 2019.

“No se puede aceptar que niños mueran por falta de luz, pues no es una patología”, dijo en ese entonces.

En tal sentido, informó que en 15 días podrían estar dando ingreso a la ayuda humanitaria. “El hecho de que yo esté aquí, es una garantía”, había comentado.

Y en efecto para la primera quincena de abril comenzó a entrar material proveniente de la cooperación internacional. 

La organización civil Espacio Público solicitó el 10 de mayo de ese año una petición de información a la Cruz Roja, sobre la entrega de insumos referentes a la ayuda humanitaria y la distribución de estos recursos en los diferentes centros hospitalarios del país.

Se conoció que, para agosto de ese año, todo lo que llegó se había quedado en hospitales de esa organización y en pocas dependencias públicas como el Pérez de León II, el hospital central de Guatire-Guarenas y los periféricos de Pariata y Catia, una unidad de diálisis y un centro de atención de niños con cáncer en el estado Zulia.

Para Venezuela, ese organismo pretendía recaudar 50 millones de dólares y beneficiar en una primera instancia a 650.000 personas, de las más de 7 millones que requerían ayuda según Naciones Unidas. 

Las organizaciones civiles no han podido auditar la efectividad de esos recursos, pues la información no se ha hecho pública.

El tercer momento: ocurre con la COVID-19. En abril, llegan varias toneladas de ayuda desde Rusia, China, OPS, Unicef. Desde camas pediátricas, mascarillas hasta trajes de bioseguridad y medicamentos quedaron en manos del Estado. 

Tampoco el gobierno ha rendido cuentas de su distribución y más bien lo que abundan son las denuncias, como por ejemplo –tomando como referencia las instalaciones hospitalarias de Caracas– que en la mayoría de los centros de salud de la red pública no hay guantes ni tapabocas, insumos necesarios para prevenir la propagación del virus.

Ahora bien, ¿por qué esta contextualización? Porque estos tres episodios dejaron tela que cortar, porque las interrogantes abundan y porque podría haber corrupción en el camino, incluso por el solo hecho de ocultar una información que es de interés público. 

También vale la pena recordarlos porque el pasado 2 de junio se abonó el camino para otro mecanismo de cooperación, al que también la sociedad civil deberá ponerle la lupa: gobierno y oposición se sentaron en la misma mesa para acordar la búsqueda de recursos con la OPS y atender la emergencia suscitada por la pandemia.

Entre uno de los planes en puerta está la ampliación de la cobertura diagnóstica de un solo laboratorio que hace las pruebas de coronavirus actualmente a por lo menos ocho.

Más detalles no han salido a la luz pública desde que se dio a conocer la noticia. Y la ocasión es buena para traer a colación un foro virtual dado por la organización Transparencia Venezuela, en la que cuatro expertos hablaron de los riesgos de corrupción en el contexto de la pandemia y en estos procesos de ayuda humanitaria, además plantearon algunas propuestas para minimizarlos.

“Al final cuando se desvían los recursos que llegan por asistencia humanitaria, los principales perjudicados son los sectores más vulnerables, por ello es importante hablar del tema”, dijo Rita Coello de Transparencia Venezuela.

Corrupción con fines humanitarios 

Susana Raffalli, nutricionista, personal certificado en asistencia y atención humanitaria y que actualmente se desempeña como la asesora de la respuesta humanitaria de Cáritas para Venezuela, fue puntual cuando habló del uso de la ayuda humanitaria.

“A nosotros los que manejamos procesos humanitarios nos toca definir esa corrupción, como los procesos en los que el poder se usa de forma irresponsable para un beneficio diferente al imperativo humanitario, es decir, manejar los recursos que se nos asignan y a los que podemos tener acceso para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, con otro fin”.

Y para entender ese proceso, señaló que pueden haber varios tipos de ayuda: financiera y la no financiera. La primera puede tomar varios tipos de formato como el fraude, la malversación y desvío de los recursos hacia otros usos, las comisiones, el peculado.

La segunda es, muchas veces, la manipulación y dentro de esa acción está el uso político de la ayuda, el generar relaciones de clientelismo para favorecer partes en un conflicto que acumula poder. “Lamentablemente la que más suena es la sexo-extorsión, pedir favores sexuales a cambio de la asignación de los recursos, implicar a familiares y a desconocidos en nuestros procesos humanitarios, hacer ver que somos humanitarios cuando no lo somos, que es una postura bastante frecuente a la que hay que ponerle la lupa, cuando se hacen los llamados masivos para la asignación de propuestas y de fondos”.

Para Raffalli, la corrupción con fines humanitarios, tiene costos inadmisibles porque se trata de quitarle oportunidad de salvarse a alguien, quizás la única que tenga, y es la pérdida además de espacio de trabajo. “Un escándalo de corrupción puede debilitar enormemente la reputación y la credibilidad de un actor humanitario”.

¿Cuándo es más factible que ocurran hechos de corrupción?

Para Raffalli en las crisis que funcionan de forma lenta, en ambientes de conflictos, en estados frágiles en el que los propios mecanismos institucionales y los marcos de regulación anticorrupción no existen y son letra muerta, en contextos en el que la corrupción es un hecho común y se normalizó, y cuando la confianza en el sistema se debilita.

En nuestro caso –señaló– hay que tener mucho cuidado en la ayuda humanitaria que se distribuye, por ejemplo, los alimentos son ahora muy apetecibles, los han convertido en un recurso muy atractivo.

¿En qué momento ocurre la corrupción durante la acción humanitaria, para poner en marcha los mecanismos de regulación?

A juicio de la experta desde el momento en el que se hace el diagnóstico se pueden estar inflando cifras para recibir más, también encubriendo o recurriendo a cifras pasadas justamente para no mostrar la debilidad del sistema o cualquier otro motivo. Todos esos son casos de corrupción.

“Cuando se diseña la ayuda humanitaria beneficiando a un grupo y no a otro, cuando ya tomas las decisiones de asignar algunos recursos y lo haces considerando algunos amiguismos o los asignas considerando algunos beneficios que pueda venir posteriormente, también es corrupción”

Y de nuevo, tomando el caso venezolano, refirió que ve con mucha preocupación que se ha monitoreado la ayuda con base en los resultados y no por la efectividad e impactos, es decir, se trajeron dos toneladas de medicamentos, pero no dicen a cuántas vidas se salvaron o a cuántas personas llegó eso.

“Cuando se ven los efectos hay más posibilidades de ver si eso se hizo de forma transparente y por supuesto cuando se divulgan los resultados, y en esto los medios de comunicación son importantes, pues funcionan como auditorías sociales”. 

En este sentido, expresó que las acciones que se han recomendado y que universalmente se aceptan como muy válidas son:

1. Mapear muy bien los riesgos en cada uno de estos momentos.
2. Divulgar la información sobre la ayuda que se va a entregar de forma transparente, a los socios y beneficiarios, de manera que todo el mundo esté en capacidad de controlar un pedacito de toda la acción.
3. Asignar o disponer entre los grupos de beneficios mecanismos de administración de quejas o denuncias que sean auditados con transparencia.
4. Poder hablar y que el debate sobre corrupción sea abierto y que las propias organizaciones cuando lo detectan lo puedan decir; contratar monitoreos de auditoría independientes a la propia organización.
5. Dar cabida a la sociedad civil y a los medios de comunicación. 

Ahora bien, Raffalli enfiló su discurso cuando le tocó hablar de los riesgos adicionales generados por la COVID-19:

Se trata de una emergencia en emergencia, aquí se ha agudizado la emergencia y se han tenido que activar mecanismos adicionales con mucha rapidez que hacen que se pierda el control”.

También consideró que las restricciones a la movilidad dificultan a los equipos que usualmente pudieran a llegar a monitorear y hacer control de calidad. Simplemente no están llegando al terreno y los recursos de monitoreo se hacen de forma remota, “entonces el personal se ve más libres de hacer algunas cosas incorrectas”.

“La respuesta humanitaria de la COVID-19 en Venezuela, como en muchos otros países, se ha dado como si fuera una respuesta que debe liderar el estado, porque administra la red por la que pasa la enfermedad y esto, lamentablemente, no conduce a mecanismos muy transparentes. Toda ayuda que se centre en el Estado se va a prestar más a corrupción, que una en donde participe más la sociedad civil y los propios beneficiados. Ahora, las organizaciones de sociedad civil nos sentimos un poco rezagadas de la respuestas frente a la pandemia. Hemos hecho grandes cosas, por nuestra propia cuenta, y en eso se pierde fuerza para la auditoría”.

Lo otro que argumentó la especialista es que aquí se está dando una respuesta con mucho control de la información, es como un estado policial, “y sin información no hay posibilidad de transparencia”. 

Al escenario de riesgo que vislumbra ahora añadió que además de la emergencia, el gobierno está en campaña electoral. “El estado venezolano puede usar la asistencia humanitaria con fines electorales y queremos alertar a los medios y a las propias redes de la Cruz Roja y de Naciones Unidas a que no permitan el uso de la ayuda con estos fines”.

Países con ayuda, países con corrupción

Karem Hussmann, experta en transparencia y anticorrupción, y parte de la directiva de Transparencia Internacional, destacó el hecho de que desde 2010 hasta hace 6 años la ayuda humanitaria ha crecido de 16.000 millones de dólares en el ámbito mundial a 28.000 millones, más o menos 10.000 millones de dólares hasta 2018, y de lo que se está gestionando, la mayoría, llega a países frágiles.

A su entender, una característica es que en muchos de las naciones en donde se concentra la cooperación es donde hay altísimos hechos de corrupción. 

“Y adicional, hemos visto que los beneficiarios no solamente son vulnerables en cuanto a las mismas necesidades, sino que también lo son a la corrupción. Por otro lado, están las condiciones de tiempo para entregar las ayudas de emergencia, el trámite de dinero muy rápido que ahorra los procesos de licitación y eso aumenta las posibilidades de procesos de corrupción. Las mismas necesidades de muchos actores algunas veces generan una competencias libre para los recursos y eso no ayuda a una entrega de manera transparente y puede socavar o amenazar la confianza pública”.

¿Entonces cómo asegurar que la ayuda llegue de manera rápida y adecuada y minimizando los riesgos?, ¿cómo ayudar a que se pueda hablar de manera explícita de los temas de corrupción?, ¿cómo se gestiona la ayuda humanitaria, cómo las agencias ponen atención en la aplicación de proyectos?

Son interrogantes que Hussmann respondió con una recomendación: crear una plataforma en donde se vacíe la información de lo que llega, de cómo llega y cuánto. “Eso es clave que se haga con el apoyo de los actores locales, así como también dedicar tiempo y recursos al análisis de riesgo, pues muchas veces las organizaciones a pesar de que tienen conocimiento y reconocimiento del problema no tienen capacidad ni recursos humanos para generar bases de datos de referencias sobre precios, salarios una cantidad de cosas para que uno pueda ir mirando y pueda revisar cómo se comportan estos temas. El monitoreo es clave”.

Revisar con quién se hacen los contratos

Pablo Torrealba, quien desde 2018 está a cargo del seguimiento de proyectos en Venezuela y actualmente es el jefe de la oficina de protección civil y ayuda humanitaria Echo de la Unión Europea, desde su apertura en junio de 2019, basó su participación en el foro en cómo deben gestionarse los recursos.

Para empezar dijo que les preocupa tanto la corrupción, porque finalmente reduce el derecho a recibir cierta ayuda a una la población que sufre por algún evento. 

Citó que esta puede darse por sobrecostos en algunas compras, cuando se aumenta el número de beneficiarios para recibir más fondos o cuando se favorece a algunos actores en las cadenas de distribución. 

En el caso de Echo, explicó que sus recursos provienen de los impuestos que las personas pagan en Europa, “y nosotros como agencia solo hacemos contrato con organizaciones que ya han pasado todo un esquema de monitoreo y de evaluación tanto en sus sistemas contables de rendiciones de cuentas, como financieros. Ellos pasan un escrutinio que les dura cinco años para poder ser elegibles y últimamente quienes firman contrato con Echo son los responsables de esos fondos”. 

Lo que exigen como agencia, acotó, es el manejo lo más transparente posible de los fondos. Al final llevan los controles de los contratos con base en la documentación que se les entregan, firmas y listados, para verificar lo que se contrató y lo que se iba a recibir.

“Hacemos un intercambio de información regular y muchas veces los socios nos indican si están detectando algún caso, porque también hay que ser muy cuidadoso en eso, lo otro es que no podemos valorar mal a una organización en su conjunto cuando es algún individuo el que ha cometido la irregularidad”.

¿La ayuda humanitaria está en riesgo?

A Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, le tocó cerrar el foro virtual, y aunque habló de las propuestas, destacó que la ayuda humanitaria está en riesgo permanente de que se pierda y no llegue al más necesitado.

“En ese sentido cobra relevancia en darle sentido una posición de interés al análisis de la corrupción que pudiera tener cualquier programa de ayuda humanitaria”.

Y para Freites lo primero que hay que hacer es lo siguiente: 

• Cuando se está priorizando un programa de ayuda humanitaria se debe iniciar un proceso de evaluación de riesgo. “La urgencia nos invita a pasar por encima de cualquier programa o proceso de contraloría, de licitaciones o de pasos para hacer las compras para los controles de la distribución, para la minimización de los conflictos de intereses, entonces ahí hay un inmenso riesgo que hay que considerar cuando se define cualquier programa”.
• Lo otro lo llamo la ilusión de bondad. Si esto es para ayudar a la gente entonces todo tiene que ser bueno, y eso es un caldo de cultivo perfecto para el abuso. Muchos de los que trabajan en la ayuda humanitaria se dejan llevar por las ideas de que todo va a salir bien, pues apelan a la buena intención, y lo que hay que garantizar es confianza.
• Cualquier país que necesita la ayuda humanitaria es porque tiene destruido o casi nulo el sistema institucional. Si es robusto tendría las herramientas para salir adelante sin necesitar la ayuda humanitaria. Entonces si es claro que tenemos una institucionalidad reducida, pobre o nula, es claro que es mucho más necesaria que la asistencia, pero son necesarios los controles y la decisión de quién se le da y a quién no dejarla en manos de los expertos.

Raffalli, Hussmann, Torrealba, De Freites, todos en sus exposiciones plantearon escenarios reales de lo que sucede cuando entra la ayuda humanitaria. Venezuela, y se destaca al principio, transita ese camino desde desde 2016. Se mencionan tres momentos por lo crucial de la cooperación. De hecho, la última, de gran peso, pues es el reconocimiento oficial de que se necesita la ayuda.

Pero desde hace cuatro años la sociedad civil ha canalizado el ingreso de medicinas e insumos, incluso de la mano del Estado. Acción Ciudadana Contra el Sida, Accsi, y la Red Venezuela Positiva lograron entrar al Plan Maestro, desarrollado por el Fondo Global para VIH-sida, Malaria y Tuberculosis.

Y si bien es cierto que las medicinas donadas entraron a los depósitos del Ministerio de Salud, las organizaciones no gubernamentales han hecho incidencia en su distribución, una manera de contraloría y de evitar hechos de corrupción en detrimento de más de 60.000 personas objeto de las donaciones.