Se cumplieron siete años desde que la organización civil Venezuela Igualitaria introdujo una demanda ante la Sala Constitucional del TSJ para exigir la declaración de inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil. En ese apartado se establece que el matrimonio en en el país solo puede contraerse entre un hombre y una mujer.
Caracas. Carina Mantilla y Luz Ortega son pareja desde hace tres años, y desde hace tres meses decidieron comprometerse. Ambas quieren casarse, pero no pueden en Venezuela porque el matrimonio entre parejas del mismo sexo no está permitido, a diferencia de otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay y Chile que sí dieron un paso adelante con respecto al matrimonio igualitario.
Este sábado, 29 de enero, se cumplieron siete años desde que la organización civil Venezuela Igualitaria introdujo una demanda ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el recurso los demandantes exigen la declaración de inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil. Este enunciado establece que el matrimonio en Venezuela solo puede contraerse entre un hombre y una mujer.
Artículo 44. El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.
Sin respuesta
En protesta por el silencio del TSJ, este lunes, 31 de enero, varios activistas de la comunidad LGBTI+ se concentraron a las afueras del tribunal, en la avenida Baralt. La actividad tenía como objetivo exigir una respuesta de la Sala Constitucional, máxima intérprete de la Constitución Nacional, sobre la demanda.
Tanto Mantilla como Ortega no solo quieren tener la posibilidad de “una boda bonita” con trajes formales, invitados y una celebración como símbolo de su unión. “Nosotras pedimos los mismos derechos” que tienen las parejas heterosexuales, dijo Mantilla, y citó poder incluir a Ortega como su pareja formal dentro de un seguro de salud o poder tener propiedades a nombre de ambas.
Moisés Galvis y Ezequiel Salazar acudieron a la manifestación vestidos con trajes formales. Frente al TSJ se tomaron fotos con una torta de tres pisos hecha de anime. De esta forma hicieron una representación simbólica de lo que sería su unión en matrimonio. “Nosotros somos figuras simbólicas del matrimonio igualitario. Nos gustaría que fuera una realidad, por eso estamos acá”, explicó Galvis, quien junto a su pareja forman parte de la organización civil Género Conciencia.
Inconsistencia legal
Durante los tres años como pareja, Galvis y Salazar se plantean la decisión de llevar la relación un paso más adelante. Sin embargo, para que eso sea posible su única opción, hasta el momento, es emigrar a uno de los 31 países en donde el matrimonio igualitario sea una realidad. Entre sus opciones figura Chile, el país número siete de la región en dar ese paso.
Hay países en los que podemos casarnos como extranjeros, pero aún así queremos mantenernos en el país y que este derecho sea posible en nuestra nación”.
Según Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, este artículo del Código Civil “no está en congruencia con el espíritu de pluralidad” que expresa la Constitución Nacional. “Estamos exigiendo que salgan del retardo procesal de siete años que tiene la demanda. El artículo 44 del Código civil es el único instrumento jurídico que hasta ahora se interpone en el derecho de contraer nupcias entre parejas del mismo sexo”, añadió.
Piermattei explicó que un año después de haber sido interpuesta la denuncia fue admitido el recurso ante la Sala Constitucional. Sin embargo, desde ese último anuncio no tuvieron respuesta. Por lo que desde el año 2014 están a la espera de una sentencia definitiva. En 2015, Venezuela Igualitaria también propuso ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre el matrimonio civil igualitario. Hasta el borrador no ha sido debatido en el Parlamento.
El problema en Venezuela es que el partido de Gobierno está respaldado por una gran mayoría de militantes de movimientos evangélicos fundamentalistas/cristianos y estos movimientos para poder apoyar al gobierno deben tener algunas exigencias”, explicó Piermattei.
Estado no laico
En 2021, durante un encuentro de diputados evangélicos con el presidente de la actual Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estos plantearon públicamente su rechazo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. También se oponen a otros derechos civiles como la interrupción voluntaria del embarazo.
Dos meses antes, el mandatario Nicolás Maduro declaró: “Dejaré esa tarea, la tarea del matrimonio LGBT, a la próxima Asamblea Nacional”. Dicho comentario fue a propósito de unas declaraciones previas del Papa Francisco. En esa ocasión, Su Santidad mostró apoyo a la creación de leyes que amparen la unión civil entre parejas del mismo sexo. Ya ha pasado más de un año de estas palabras de Maduro. Justamente el 5 de enero de este año se cumplió un año desde que la actual AN se instaló en el Parlamento.
El martes 25 de enero de 2022, durante la evaluación por tercera vez a Venezuela por parte del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas, más de 10 países emitieron recomendaciones a Venezuela en materia de derechos humanos, de hecho, Islandia recomendó al país “prevenir y atender la violencia de género, garantizar los derechos de la comunidad LGBTI+ Y permitir el matrimonio igualitario”
Ataques homofóbicos
Durante el año 2021 organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 30 casos de discriminación hacia personal de la comunidad LGBTI+. Estos actos ocurrieron sobre todo en locales privados, explicó Yendri Velásquez, activista del Movimientos Somos. En lo que va de 2022, varias denuncias se hicieron públicas a través de redes sociales.
“Las redes sociales han sido fundamentales y esto sucede porque básicamente el Estado no nos escucha, no nos atiende. Las instituciones del Estado están cerradas para las personas LGBTIQ+, y para toda la ciudadanía en general. Por eso recurrimos a lo que tenemos, a la solidaridad, el acompañamiento entre nosotres, entre los activistes, entre la misma comunidad”, declaró Velásquez.
Una de las denuncias más recientes fue publicada por un usuario de la red social Twitter este 30 de enero. “Me botaron junto a un amigo porque decidimos bailar y a los dueños les parecía mal ya que podría molestar a las otras personas que estaban en el lugar”, escribió el usuario, quien detalló que el ataque homofóbico ocurrió en un local de Bellas Artes, municipio Libertador.
Ayer fui a tomarme unas birras en un restaurant tradicional en Bellas Artes llamado Alaska. Me botaron junto a un amigo porque decidimos BAILAR y a los dueños les parecía mal ya que podría molestar a las otras personas que estaban en el lugar.
— Abrahan Fernández (@Abrahanfdezr) January 31, 2022
Sobre las denuncias formales, Velásquez explicó que en al menos 70 % de los casos que son denunciados ante las autoridades legales. Estas personas pasan por procesos de revictimización. “Sin embargo, nuestra sugerencia siempre va a ser la denuncia y la búsqueda de organizaciones que puedan acompañarlas en el tema legal porque es necesario denunciar”, añadió el activista.
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