Conductores denunciaron que funcionarios policiales de Colombia y Venezuela hacen caso omiso de los decretos de las autoridades de sus naciones, pues aprovechan la indefensión de carros extranjeros para pedir colaboraciones a cambio de no remolcarles los vehículos.
San Cristóbal. Abusos de autoridad y desmanes contra los conductores se viven en la zona de frontera, tanto del lado venezolano como colombiano, pues funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad se han dado a la tarea de matraquear o extorsionar, aseguran quienes transitan entre ambos países.
Desde que comenzó el cruce de vehículos por el Puente Internacional Atanasio Girardot, el 1° de enero, choferes han denunciado la proliferación de las llamadas “matracas” en la frontera, contra conductores extranjeros, independientemente del país en el que estén.
Previo a la inauguración del antiguo puente Tienditas, el Gobierno de Colombia hizo una serie de exigencias para permitir el paso de conductores venezolanos, entre las que figura adquirir el llamado SOAT (equivalente a la RCV venezolana) y la revisión técnico-mecánica. Por el lado de Venezuela, se exige el seguro de responsabilidad civil vehicular a carros colombianos.
El problema es que los costos de la póliza en Colombia no son asequibles. El sueldo mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (casi 7 dólares), mientras que en Colombia es de 1,3 millones de pesos, es decir, más de 280 dólares, por lo que para el común será difícil pagar los más de 400.000 pesos que cuesta el SOAT, poco más de 100 dólares.
Frente a las quejas de los conductores venezolanos para adquirir el SOAT, autoridades colombianas y venezolanas decidieron extender la flexibilización pautada en un principio hasta el 9 de enero, ahora hasta el 31 de enero. Por lo que carros particulares, de carga y transporte público, tanto de Colombia como de Venezuela, podrán pasar sin temor a multas, retención de vehículos y el pago, en el caso de Colombia, de sanciones que rondaban el millón de pesos.
Una “colaboración”
Miguel Rodríguez cruzó en su vehículo el martes pasado por el “Atanasio” a hacer compras, aprovechando la facilidad de poder evitarse la caminata por los puentes internacionales, ya que sabía de la flexibilización.
Sin embargo, un mal rato lo esperaba en el otro lado de la frontera.
En el puente no hubo problema. Solo me pidieron la cédula, papeles del carro y licencia. Sin embargo, ya en el centro de Cúcuta, un policía me paró para pedirme los papeles. De nuevo volví a presentar lo mismo que en el puente, pero este me pide el SOAT y la revisión, a lo que le digo que hay una flexibilización hasta el 31 de enero. Me dijo que eso era en Venezuela, que en Colombia no. Tuve que pagarle para que no me remolcara el carro”, dijo.
Rodríguez aseguró que decidió regresarse por el mismo camino por donde llegó, porque sintió temor de que volvieran a extorsionarlo.
Raiza Vivas, quien quería llevar a su hija al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta para despedirse de ella, pasó un mal rato cuando ya iban de regreso.
Habíamos dejado a mi hija en el aeropuerto y queríamos ir al Ventura (centro comercial de Cúcuta) a hacer mercado. Un policía me paró y me pidió el SOAT. Le dije que Freddy Bernal informó de la extensión y solo dijo que él no mandaba aquí, que diera una colaboración o me retenía el carro. Tuve que resolver”, dijo.
Ninguno de los denunciantes dijo la suma que pagó para que los dejaran ir.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó el lunes 9, que a fin de que las personas tuviesen más tiempo para tramitar los recaudos exigidos tanto por Colombia como Venezuela, se extendía el plazo hasta el 31 de enero.
Si bien, ninguna autoridad de Colombia había declarado, su ministro de Transporte, Francisco Reyes, difundió un comunicado en el que deja claro que el Plan Operativo para la Reactivación del Transporte Binacional sería a partir del 31 de enero.
Matraca para taxis
Si por Colombia las cosas se estaban descontrolando, por el lado venezolano ocurre otro tanto.
Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas del Norte de Santander, contó a Crónica.Uno que un miembro de su gremio le informó que en el terminal de San Antonio, municipio Bolívar, unos funcionarios de seguridad le quitaron su cédula de identidad, 150.000 pesos y un teléfono celular.
Ante la alerta, advirtió a los conductores neogranadinos que tuviesen cuidado, ya que saben de las mañas que, aseguró, tienen los uniformados de este lado de la frontera. “Es un abuso de la guardia y policía venezolana”.
Yo salí para La Parada. A la señora le dio miedo y me hizo que la llevara a la terminal de San Antonio, yo descargué sin problemas y cuando voy saliendo fui abordado por dos guardias o policías de Venezuela. Uno me pidió la cédula y el otro el celular. Me dijo que ya se nos había advertido que no pasáramos más para acá. Me dijo que saliera sin hacer escama (escándalo)”, refirió.
Otro taxista, quien llevó pasajeros hasta la redoma del Cementerio de San Antonio, denunció que fue abordado por unos funcionarios de Tránsito, quienes lo hicieron llevar a los pasajeros hasta el terminal de San Antonio y que luego de descargar, le pidieron 20.000 pesos para dejarlo ir.
Me dijeron que eso es una infracción porque el convenio es de terminal a terminal. Tuve que darle 5000 pesos para que no dijera nada”, dijo.
Reuniones
Precisamente por esta situación, este miércoles, en el puente Atanasio Girardot se sostuvo una reunión con autoridades, tanto de Colombia como de Venezuela, para atender las inquietudes de quienes transitan entre ambos países.
“Las autoridades venezolanas informaron que se puede descargar en cualquier parte de San Antonio y Ureña sin inconvenientes. A quien lo vayan a matraquear, me llaman que tengo contacto con el coronel en Venezuela, pero in situ para acabar con esa situación”, dijo Bastos.
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