Con su decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares ahora se enfocará en decidir si autoriza o no al fiscal, Karim Khan, a retomar sus averiguaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.
Caracas. Por considerar que no es el momento procesal para ello, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó concederle al Gobierno venezolano tiempo para responder a los señalamientos y las acusaciones que hicieron las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
La decisión la adoptó la Sala de Cuestiones Preliminares este lunes, 8 de mayo. De esta forma, dejó en claro que la petición de las autoridades era impertinente.
“Ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta solicitado por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, se lee en el documento de siete páginas.
El caso venezolano ni siquiera se encuentra en fase de investigación. La Sala de Cuestiones Preliminares debe decidir ahora si autoriza o no al fiscal, Karim Khan, a reanudar sus averiguaciones. El momento de exponer los argumentos y contraargumentos será el eventual juicio.
A finales de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, pidió a la Sala que le concediera al Estado hasta el próximo 30 de mayo para ripostar a los 8.900 venezolanos que enviaron al juzgado internacional información sobre sus casos. La información remitida por las víctimas fue compilada por la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación de la CPI en un duro informe de 57 páginas extensión, el cual fue publicado el 21 del mes pasado.
En el reporte, no solo se ofrecen detalles sobre los casos de detenciones arbitrarias, tortura, violación y persecución que sufrieron las víctimas, sino que ellas de manera “abrumadoramente” mayoritaria solicitaron a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita a Khan retomar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país. Esto, por considerar que la justicia venezolana es incapaz investigar a profundidad y hasta las últimas consecuencias lo ocurrido, por cuanto esta cooptada por el Gobierno.
“El informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano”. Estos fueron los tres argumentos que las autoridades esgrimieron para formular su petición.
Saludan la respuesta
La respuesta negativa de la Sala, con sede en La Haya, Países Bajos, fue saludada desde el movimiento venezolano de Derechos Humanos. “No rindió frutos la táctica dilatoria”, afirmaron desde la organización Acceso a la Justicia.
“Los alegatos del Gobierno fueron vagos y no persuadieron a los jueces de la CPI de que se requería una respuesta y además las normas de la CPI no establecen que un Estado pueda responder a un informe de potenciales víctimas en esta etapa”, agregó Calixto Ávila, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
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