Entre el 13 de marzo y el 3 de abril 10 personas fueron detenidas, según Espacio Público, por difundir información del COVID-19. El Foro Penal documentó que, desde que se decretó el estado de alarma, hay 23 nuevos presos políticos.
Caracas. Un día después de que el periodista Darvinson Rojas publicara en su cuenta de Twitter la comparación de cifras de casos de coronavirus, llegaron a su casa funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Se lo llevaron detenido.
Estuvo preso durante 12 días. Fue imputado por los delitos de instigación al odio e instigación pública, por comparar la información que brindó el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, con la del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y varios alcaldes de la entidad.
10 personas fueron detenidas por difundir información relacionada con el virus, según Espacio Público, desde el viernes 13 de marzo, cuando el gobierno de Nicolás Maduro confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en el país, hasta el viernes 3 de abril.
La mayoría de los casos (siete) fueron arrestos a periodistas y a reporteros gráficos, mientras cubrían la medida de cuarentena social. Sin embargo, dos trabajadores de la salud también fueron víctimas por denunciar las condiciones de los hospitales ante la pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo.
A Julio César Molino, dirigente del área de la salud por el partido Voluntad Popular, en Monagas, le dictaron privativa de libertad bajo arresto domiciliario. Lo imputaron por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio. Tuiteó acerca de las condiciones del hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín.
Este patrón de detenciones arbitrarias se ha repetido a lo largo del gobierno de Nicolás Maduro, así lo han denunciado defensores de derechos humanos. Y con el decreto de estado de alarma, publicado en gaceta el 13 de marzo de 2020 para enfrentar los casos de coronavirus, se exacerbó.
Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó que el incremento de estos casos ocurre porque es un contexto sensible y hay mayor preocupación del Gobierno por la información que se difunde. La respuesta es represión.
La pandemia del coronavirus acentuó la ausencia de información pública y se castiga a toda persona que podría estar compartiendo información a través de las redes sociales, un espacio donde pareciera que todavía hay unos grados de libertad y eso les preocupa. Estamos viendo el mismo patrón que se presentó cuando hubo denuncias por la crisis eléctrica o el sector salud”.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela registró que en la segunda semana de cuarentena detuvieron a tres periodistas. Y desde el 16 de marzo hasta el 31 reportaron ocho casos de periodistas y directivos de medios de comunicación.
Aumento de excesos policiales
El decreto de estado de alarma ha servido de pretexto para cometer otros abusos y excesos de poder por parte de los cuerpos de seguridad. Por orden de Maduro se encargan de velar por el cumplimiento de la cuarentena nacional, que el próximo 7 de abril cumple tres semanas.
Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos e investigador de Provea, explicó que los cuerpos de seguridad responden de manera arbitraria al decreto y detienen a quienes no tienen mascarillas.
Crónica.Uno registró casos de detenidos en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, por no llevar la protección. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les permitieron retirarse una vez consiguieron una servilleta para cubrirse la boca, aunque ese método no estaba contemplado en las medidas de seguridad de la OMS.
En última instancia pudiera ser una falta y ser sancionada por la vía de la sanción moral, les dan una charla. Pero no deben ser medidas de carácter represivo o privación de la libertad”.
Alvarado contó que han amenazado a quienes denuncien la escasez de gasolina. Tal es el caso de los agricultores de Mérida y Táchira quienes dijeron que no pueden surtir de gasolina ni con salvoconducto. “Dijeron que esto pone en riesgo la cosecha y, por lo tanto, a la población”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunció que bajo el estado de alarma no pueden ejecutarse prácticas policiales y de persecución que van en contra del respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Las detenciones o persecuciones a quienes se reúnan en su comunidad también es un exceso policial. Yonathan Mustiola, director de la ONG Justicia Venezolana, explicó que aunque el decreto presidencial prohíbe las fiestas y las aglomeraciones incumplirlo no es un delito.
Continua la detención de presos políticos
El Foro Penal Venezolano documentó que, desde el 13 de marzo hasta el 2 de abril, se registraron 23 detenidos por razones políticas. Alfredo Romero, director de la ONG, denunció que los abogados han debido explicar en cada alcabala que son defensores de algunos detenidos para que les permitan llegar a los tribunales.
La organización documentó que la mañana del jueves 2 de abril, 15 efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sacaron de su casa, en Prados del Este, a Maury Carrero, miembro del equipo técnico de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN).
En la madrugada también detuvieron a Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó. Según Fabiana Rosales, esposa del diputado, al menos 30 funcionarios de la Dgcim ingresaron violentamente a su casa, en La Boyera, alegando que iban por un caso sospechoso de coronavirus.
El hijo de Quijada, quien tiene ocho años, presenció cómo los efectivos encapuchados, portando armas largas, se lo llevaron a la fuerza y envuelto en sábanas. “Desvalijaron la casa, se llevaron su carro y el de su esposa”, escribió Rosales en su Twitter.
Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), ha pedido la liberación de presos políticos el pasado 27 de febrero, alegando que su oficina documentó 130 casos de violaciones a los DD. HH. de los reos.
También hay excesos policiales y violaciones a los derechos humanos cuando los funcionarios de seguridad no dejan que algún ciudadano se monte en el Metro o ferrocarril por no tener mascarillas. Gabriela Buada, coordinadora general de la ONG Caleidoscopio, explicó que violan la libertad personal y el derecho al libre tránsito.
Sucedió con el padre de un niño que recibe diálisis en el hospital J. M. de los Ríos, quien denunció que no les dejaron utilizar el transporte público para ir hasta el centro de salud a recibir el tratamiento porque no tenían las medidas de seguridad que exige el gobierno de Maduro. El hombre no quiso revelar su nombre por miedo a que le quiten el tratamiento a su hijo.
“Un decreto de emergencia no puede servir para violar derechos humanos, los funcionarios y colectivos se han dirigido agresivos a las personas, sobre todo a las mayores, o que ven como una amenazan En un monitoreo de la ONG vimos que sacaban de la cola a las personas que no tenían protección y les impedían comprar comida o agua”.
Desde la Comisión para los DD. HH. y la Ciudadanía también rechazaron los abusos policiales y las detenciones arbitrarias. Aseguraron que también tienen la intención de intimidar a la ciudadanía cuando los arrestan por reenviar cadenas de WhatsApp, como sucedió con un trabajador de la Siderúrgica Orinoco, Elio Mendoza, el 1° de abril. Lo privaron de libertad por los cargos de instigación al odio y difamación.
Dos días después detuvieron a Tania Rodríguez, trabajadora de Ferrominera Orinoco, por reenviar un mensaje en contra de Cilia Flores.
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