Recientemente Sidor aplicó la suspensión de salarios a cuatro trabajadores por reclamar reivindicaciones laborales. Sin embargo, se trata de una práctica de terrorismo laboral que se generalizó en todas las industrias de Guayana.
Ciudad Bolívar. Desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, trabajadores de la CVG aseguran que aumentó el terrorismo laboral. Las gerencias de las industrias de Guayana aprovecharon la coyuntura para desincorporar a varios de sus compañeros y dejar a otros en el plan de contingencia.
Los reclamos por su reincorporación, pagos de sueldos dignos y cumplimiento de beneficios contractuales, aseguran, solo trae como respuesta la suspensión de salarios. Esta es cada vez una práctica más frecuente que intenta acallar la protesta laboral en Guayana.
Recientemente, Sidor aplicó esta medida en contra de tres dirigentes sindicales por las protestas que lideraron en los últimos días, sin respuesta alguna de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
José Saracual, con más de 37 años de servicio; César Soto, 26 años de servicio; y Carlos Ramírez, con 35 años de servicio, fueron los trabajadores desincorporados. Además, desde hace varios meses suspendieron el salario al también dirigente Cruz Hernández, con 32 años de servicio, quien junto a su hijo lleva semanas padeciendo síntomas de COVID-19 sin poder costear los medicamentos.
“En reiteradas oportunidades hablamos del fraude laboral que impuso el gobierno desde el 1° de septiembre de 2018. Desde entonces no han parado los abusos contra los trabajadores. Le toca ahora fuertemente a los compañeros de Sidor, que en las últimas semanas han protagonizado distintas manifestaciones en Ciudad Guayana”, denunció Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac) y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
Recordó que no es una práctica nueva. En Orinoco Iron, por ejemplo, tienen los casos de los trabajadores Héctor Millán y Ronald Figueredo, despedidos desde hace tres años.
“Esto es un terrorismo laboral porque no solo afecta al trabajador, sino a su familia. Cuando la empresa, violando todo procedimiento de ley, decide despedir a un trabajador o suspenderle su salario, está cometiendo un delito. Nuestras normas laborales son de orden público, por tanto son imperativas de estricto cumplimiento”, destacó.
Requeridos y no requeridos
En todas las industrias de Guayana, más del 80 % de su nómina está desactivada. Son los llamados no requeridos por la empresa. Los requeridos, en cambio, gozan de ciertos beneficios aunque no cubren sus necesidades. Estos se mantienen activos solo si no reclaman beneficios o implementos de seguridad, los cuales incumplen en las empresas.
“Están desincorporando a todos los trabajadores de las empresas de Guayana y de toda Venezuela. Los ponen en requerido y no requerido. Los que están requeridos tienen que agarrar un lineamiento del partido de Gobierno o los sacan a no requerido, no pueden levantar la voz. En Ferrominera nos botaron a 10 compañeros. No los suspendieron ni les quitaron el salario, los botaron. Casi todos los de la dirigencia sindical de Ferrominera estamos botados”, denunció Rubén González, secretario general del sindicato de Trabajadores de Ferrominera y coordinador general de la ITG.
Trabajadores sostienen que continuarán con la protesta y piensan llegar hasta tribunales. También exigieron a la inspectoría ad hoc, según resolución 120 del 20 de abril de 2020, atender los casos de las empresas de Guayana. Reclaman que ante el evidente conflicto laboral, no haya actuado de oficio.
Acusados de terroristas
Además de la suspensión de salarios, desactivación de fichas o despidos, las mismas empresas emiten comunicados donde califican a los trabajadores de “saboteadores”.
Sin embargo, el movimiento Unidad en la Coincidencia hizo una denuncia más grave. En redes sociales circuló una imagen con la foto de 12 trabajadores de Sidor, a quienes se les tacha de “delincuentes terroristas”.
Jean Franco, trabajador de Sidor y miembro del movimiento, denunció que las fotos que utilizaron para montar la imagen pertenecen a la data de Sidor, información a la que solo tiene acceso la empresa.
Denuncia ante Fiscalía
Este lunes 22 de febrero, algunos de estos 12 trabajadores señalados de “terroristas”, acudieron hasta la Fiscalía en Puerto Ordaz, para denunciar el terrorismo laboral en su contra.
“Estamos cuatro compañeros del movimiento Unidad en la Coincidencia. Hay una imagen con fotografías de compañeros, que sacó la empresa o la CVG, donde muestra los rostros y nombres de cada uno de nosotros. Esas fotos reposan en los archivos de Sidor. Queremos que se investigue de dónde salió, quién fue el responsable, para que se tomen las medidas pertinentes”, exigió Soto, uno de los afectados.
Denunció que la difusión de esos mensajes no solo significa un desprestigio político en contra de los trabajadores, sino que va en contra de la moral y la salud de sus familias.
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