Aunque las bases principales del bloque se mantienen firmes, la comunidad vive en constante zozobra ante el elevado costo de las reparaciones, que asciende a $60.000. Para los vecinos de bajos recursos, asumir ese gasto resulta imposible frente al alto costo de la vida y la brecha inflacionaria que reduce a diario su poder adquisitivo.
Caracas. A simple vista los superbloques del Conjunto Residencial Lomas de Urdaneta, en Catia, parecen intactos ante los estragos del doblete sísmico. Desde afuera no se aprecian grandes afectaciones: sus columnas e infraestructura principal resistieron el impacto de los temblores. Sin embargo, puertas adentro la realidad es otra.
Escaleras con fisuras, daños en la mampostería, vigas fracturadas, grietas en las paredes de los pasillos y tuberías rotas son algunas de las secuelas visibles en los pasillos internos.
Tal es el caso del bloque 9, una edificación de 143 apartamentos que sufrió el impacto de los movimientos telúricos y donde sus habitantes enfrentan la incertidumbre ante la falta de recursos para reparar la estructura.
Pese a que la Comisión Presidencial de Habitabilidad asignó una etiqueta roja al inmueble, categoría que identifica a las estructuras con daños severos y en alto riesgo, los vecinos no recibieron una orden de desalojo.
Las bases principales del edificio se mantienen firmes, pero la comunidad vive en zozobra ante el elevado costo de las reparaciones, necesarias para garantizar la seguridad del espacio.
Entre fracturas y filtraciones
Crónica Uno constató, durante un recorrido, la magnitud de los destrozos en distintas áreas. El punto con mayor nivel de deterioro se ubica en el área superior del bloque.
Antonio Perez, presidente de la junta de condominio Simón Bolívar, explicó que lo más afectado fue la sala de máquinas, una área técnica exclusiva donde se alojan los sistemas que permiten el funcionamiento de servicios.
“Tenemos fractura en las cuatro vigas principales, las columnas principales están fracturadas y colapsadas. Hasta el momento no sabemos cómo el terremoto no terminó de tumbar el cuarto de máquinas, pero eso es lo más peligroso que tenemos”.
A las fallas estructurales se suman las filtraciones en la azotea, donde el agua de lluvia se cuela por las juntas de dilatación y desciende hasta la planta baja. Como medida provisional, los vecinos aplicaron parches en el techo para contener el paso del agua mientras gestionan una solución definitiva.
Al acercarse al foso del ascensor los daños son evidentes, en los muros entre el piso 14 y la planta baja, las paredes cedieron. Aunque dos o tres apartamentos sufrieron fracturas en sus columnas, los especialistas confirmaron que son áreas reparables.
Pérez indicó que la vibración constante de los motores de una estación de bombeo de Hidroven en las cercanías generó un desgaste adicional en las paredes del bloque.
Autogestión costosa
Ante la ausencia de dictámenes privados por parte del Estado, la comunidad reunió fondos por su cuenta para contratar a un ingeniero patólogo particular. El especialista realizó cuatro inspecciones exhaustivas para evaluar la estabilidad de la edificación.
Un vecino, quien prefirió mantener su nombre en anonimato por medidas de protección, señaló que el bloque resistió con un leve tambaleo durante los terremotos del 24 de junio, pero ahora el problema es el costo de las remodelaciones.
“Los vecinos en esta zona son de pocos recursos, ¿de dónde van a sacar tanta plata? Hay madres solteras, adultos mayores, gente que sobrevive con muy poco”, cuestionó, mientras acompañaba a Crónica Uno en el recorrido.
El informe técnico, con un costo de $900 asumido por las familias, arrojó una propuesta de reparación estructural que asciende a $60.100. Esta cifra cubre únicamente las áreas comunes de la edificación y excluye los arreglos internos de cada apartamento.
Pérez explicó que para financiar la obra, la junta de condominio propuso fraccionar el monto en 12 cuotas quincenales de $35 por apartamento, lo que significa un total de $420 por familia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la asamblea de vecinos debido a la falta de liquidez económica de la mayoría de los habitantes.
Reparaciones de fondo
En el país las autoridades contabilizan 53.314 viviendas evaluadas tras los movimientos telúricos: 31.336 con etiqueta verde, 12.411 con etiqueta amarilla y 9.567 con etiqueta roja.
Los habitantes del bloque 9 temen que la respuesta estatal se limite a paños calientes. Observan con preocupación los trabajos ejecutados en sectores cercanos como el 23 de Enero, donde las cuadrillas aplican arreglos superficiales.
“Allá lo que están haciendo es echarle pintura y cemento. Esto requiere un trabajo de fondo. Hay que romper, limpiar y aplicar un producto químico para curar la estructura antes de sellar”,
enfatizó Pérez.
A la espera de la entrega formal del informe patológico para acudir a las instituciones públicas, los vecinos exigen la presencia de especialistas capacitados que constaten la gravedad del problema antes de la llegada de las lluvias intensas. Requieren una evaluación geológica que determine si es necesaria la construcción de un muro de contención, una obra cuyo costo resulta inasumible para la comunidad.
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