El Programa Observatorio Social de la ONG Espacio Público, que coordina Marysabel Rodríguez, indica que a 12 meses de la entrada en vigencia de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, han sido 9 los casos registrados con un total de 15 víctimas, quienes han sido señaladas por supuestos delitos de odio.
Caracas. Hace un año el gobierno de Nicolás Maduro quedó blindado con un instrumento político partidista que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una instancia que, desde su llamamiento el primero de mayo, tuvo más detractores que partidarios. Para entonces, los venezolanos llevaban más de 30 días de protestas por restablecer el hilo constitucional, mientras que Maduro echaba por tierra los artículos 347 y 348 de la Constitución sobre la iniciativa de convocatoria constituyente y el poder originario.
Tras la urgencia por sostener un piso político y controlar a un país que estaba en rebelión contra Maduro, la respuesta gubernamental fue callar y criminalizar la expresión: el 8 de noviembre fue publicada en Gaceta Oficial N.°41.274 la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia conformada por 25 artículos y aprobada por la ANC.
Este fue el primer instrumento debatido por la ANC, hoy, al cumplirse un año de su entrada en vigencia, el Programa Observatorio Social de la ONG Espacio Público, que coordina Marysabel Rodríguez, registra 9 casos con un total de 15 víctimas, quienes han sido señaladas por supuestos delitos de odio. En otros tres casos se acusó de “instigación al odio“.
“Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político, de creación de conciencia, y a través de leyes muy severas, castigar los delitos de odio en todas sus formas de expresión”, manifestaba Maduro el 10 de agosto de 2017 desde el Palacio Legislativo. Ese día fue la tercera sesión de la ANC, donde hizo entrega del proyecto de normativa. Propuso de 15 a 25 años de cárcel para quienes expresaran odio, intolerancia y violencia por razones culturales, religiosas, políticas o ideológicas. 12 días después, más de 500 constituyentes aprobaron el instrumento.
Al final, la ANC resolvió, como lo señala el artículo 20 de la ley, sancionar con prisión de 10 a 20 años a quienes públicamente inciten al odio contra una persona por razones sociales, étnico, religioso, político, de orientación social, identidad de género, de expresión género. Pero para Rodríguez, la intención de este instrumento fue inhibir, generar temor y criminalizar a las personas por expresar críticas al Gobierno vinculadas a la crisis política, más allá de abordar connotaciones culturales, raciales o de género, que en principio le daban sentido a la legislación.
“Con lo poco que se dijo públicamente sobre la ley antes de que se sancionara —fue una legislación que no se discutió abiertamente—, se argumentaba el tema de la discriminación racial y de género. Sin embargo, lo que vimos este año, en que se ha aplicado de facto o a través del discurso, es que la mayoría de los casos registrados han sido por expresiones contra el Gobierno. Ha estado dirigida tanto a manifestantes en protestas políticas como a trabajadores públicos por quejarse de sus condiciones laborales”, explica Rodríguez.
Casos registrados
Érika Palacios Alfonzo y Ronald Sevilla Guédez fueron los primeros en ser acusados ante el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo por la comisión de los delitos de detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos, instigación pública, instigación al odio y obstaculización de la vía pública, reseñó la ONG Espacio Público. Para esto se invocó el Código Penal y los artículos 20 y 21 de la ley. El pasado 4 de enero ambos fueron detenidos por la Policía Municipal de Naguanagua, luego de una protesta contra Maduro en la avenida Universidad. Ese mes se registraron dos casos más.
Desde entonces, le siguieron dos casos en febrero, uno en marzo, uno mayo, uno en agosto y otro en septiembre. Con respecto a los relacionados por instigación al odio sucedieron en febrero, abril y septiembre.
Aún no se conocen sanciones de 20 años, pese a que sí se han iniciado los procesos judiciales y varios continúan en desarrollo. “Tendría un costo muy alto para el Gobierno dar una pena privativa y una sanción definitiva por 20 años asociados a delitos de odio. Hay todo un contexto nacional e internacional que, desde la concepción de la ANC, advirtieron sobre la ilegalidad y la ilegitimidad asociada a esta instancia y todo lo que saliera de allí”, argumenta Rodríguez.
Y agrega: “El hecho de que todavía no se haya completado una sanción definitiva indica que ciertamente ese costo político pesa y les importa, por eso, es preferible alargar indefiniblemente un proceso judicial en plena arbitrariedad, opacidad, donde no hay garantías al debido proceso, lo que crea, además, un efecto criminalizador en nosotros”.
Aunque piensa que no se puede subestimar la voluntad que tenga el Estado para aplicar las sanciones desproporcionadas dispuestas, Rodríguez advierte que el hecho de utilizar la prisión preventiva con “tanta ligereza”, por motivo de expresiones o críticas, incluso de antes de presentar a las personas en tribunales, forma parte de las arbitrariedades que terminan convirtiéndose en un castigo. “Es una forma de criminalización, más allá de que se culmine un proceso penal y que se dicte una sanción definitiva”.
En la mayoría de los casos registrados hay detención indefinida mientras se encuentra abierto el proceso. Estas personas están sin garantías de defensa y judicial, ni certezas de que culminará el proceso por el cual podrían ser condenadas por hasta 20 años de cárcel.
A quienes se les ha presentado o sancionado en procesos judiciales, cuenta Rodríguez, son sometidos a tratos crueles, detenciones, desapariciones, además de tratarse de personas no conocidas de forma mediática. “No hay una etiqueta en Twitter para ellos. Es precisamente contra esas personas donde hay mayor ensañamiento, porque no existe una preocupación pública y mediática sobre ese caso en particular”, explica Rodríguez.
Esta situación, advierte, fortalece la impunidad en un contexto en que los casos permanecen silenciados y en opacidad, mientras que el mensaje de que cualquier persona puede ser condenada por delitos de odio toma fuerza en la ciudadanía.
“Eso al parecer ha resultado suficiente para cumplir con el efecto de la normativa: generar autocensura viendo los ejemplos de los casos. Porque si se llega a dar una sanción, el Gobierno acumularía más rechazo del que ya existe dentro de un contexto de crisis, factores que tienen a Venezuela muy mal vista en organismos internacionales”, concluye Rodríguez.
Parte de la comunidad internacional (gobiernos de la región, Estados Unidos y la Unión Europea) no reconoce a la ANC por considerarla fraudulenta, violatoria de la Constitución y por socavar la democracia. Por lo tanto, lo que emane de esta instancia tampoco tendrá validez para estos jefes de gobierno.
Incluso, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, consideró “alarmante” esta ley y cuestionó que la pena de prisión de hasta 20 años podría ser comparada con sanciones por asesinato o algo similar. “Llaman la atención las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que establece la ley para quienes incurran en esas expresiones”, sostuvo. Pero además manifestó sobre las restricciones de opinión política, a la protesta, los medios de comunicación y las redes sociales. Otras 33 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela también desconocieron esta regulación.
Hay voluntad de continuar en la calle
Pese a los 12 meses que lleva operando esta ley, pese al miedo fundado tras la represión de 2014 y 2017 para intentar lograr un efecto inhibitorio de la expresión y reforzar el costo que representa manifestar, este año la voluntad de mantenerse en la calle por reclamos de servicios públicos, alimentación, medicamentos, derechos laborales, continúa latente.
“Intentado ponderar creemos que a pesar de todo no se ha inhibido en un porcentaje alto la voluntad de exigir, de demandar y criticar lo que se tenga que criticar. Porque precisamente, paralelo a la vigencia de esta ley, este es uno de los periodos en que la protesta social se ha elevado considerablemente”, asegura Rodríguez.
Hasta septiembre de este año el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportaba 9355 protestas acumuladas, esta cifra representa un incremento de 394 % con respecto a septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas.
“Demuestra que a pesar de que entra en vigencia una ley tan retrógrada y fuera de lugar y contexto en términos legales, es donde paralelamente se ha dado la crítica. La gente ha salido, se ha manifestado, se ha organizado. Han comprendido que en la organización está la protección y que se puedan hacer escuchar”, reconoció Rodríguez.
Para Rodríguez, se trata de una ley que es producto de uno de los períodos más conflictivos que ha tenido el país en los últimos 20 años de historia contemporánea.
El texto establece bloqueos y multas a portales web y redes sociales, la prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, medios de comunicación a la difusión de mensajes “que promueven el odio, la intolerancia y la guerra”. Estas sanciones penalizan la libertad personal, debido proceso, la expresión, opinión, información, manifestación pacífica, todos derechos consagrados en la Constitución.
Detrás de la ley
*No desarrolla ni define lo que es odio ni un delito de odio.
*Revela su carácter instrumental para criminalizar la opinión porque no contempla un desarrollo jurisprudencial sobre los temas.
*No extiende algún tipo de explicación o de alcance en que se aplicará la sanción.
*No hay justificación circunstancial, contextual para concebir la legislación.
*La ANC no fue un órgano legítimo para sancionar la ley.
*No fue discutida públicamente ni sometida a los procedimientos correspondientes a la Asamblea Nacional.
Foto: Cortesía @anc_ve
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