Según Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, la aprehensión de San Miguel tiene que ver con el contexto político venezolano de 2024, que incluye las elecciones presidenciales. La abogada Rocío San Miguel está detenida en El Helicoide.
Caracas. Hace cinco días ocurrió la detención de Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos y especialista en el tema militar. Para Alí Daniels, codirector de la organización no gubernamental, Acceso a la Justicia, la detención de San Miguel tiene que ver con el contexto político venezolano de 2024, que incluye las elecciones presidenciales.
“No podemos especular sobre lo que piensan las personas que ordenan estas detenciones, pero hay un contexto, y el contexto es que estamos en un año electoral, estamos en un año en el que cualquier crítica, divergencia, opinión independiente no es bienvenida. Se quiere transmitir una apariencia de país que no es el país verdadero y cualquiera que diga algo diferente es visto como enemigo”, dijo el abogado.
La detención de San Miguel ocurrió el viernes 9 de febrero mientras se disponía a viajar de Caracas a Miami. Fue ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Hasta este miércoles, 14 de febrero, se sabe que se encuentra en El Helicoide y que fue imputada por traición a la patria, conspiración y terrorismo y fue vinculada con un supuesto golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En horas de la tarde de este miércoles, el abogado Joel García, parte de la defensa de San Miguel, informó que estaban frente al Palacio de Justicia desde las 10 a. m., junto con los cuatro familiares excarcelados, “estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez”.
Declaraciones
Este miércoles, un grupo de defensores de derechos humanos y de miembros de la sociedad civil, se reunió frente al edificio Parque Ávila, sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, para una rueda de prensa sobre esta nueva detención. En la actualidad, según datos del Foro Penal Venezolano, existen en total 263 presos políticos en el país.
Esta cifra incluye a Carlos Salazar, jubilado de Pdvsa de 60 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el 5 de febrero, luego de publicar un video en el que aparece el empresario Alex Saab, de acuerdo con sus familiares. Finalmente este martes, 13 de febrero, el Foro Penal informó que se encuentra detenido en la sede del Sebin de Nueva Esparta.
Los familiares
Además de San Miguel, las autoridades también detuvieron a cuatro de sus familiares, quienes fueron trasladados a la sede de la Dgcim. Sin embargo, fueron excarcelados el martes 13 de febrero, bajo medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios, informó el equipo de defensa de San Miguel.
Mientras tanto, Alejandro González, exesposo de San Miguel, sigue detenido en la sede de la Dgcim y también fue imputado por varios delitos.
Este es uno de los tantos frentes que el Gobierno ha abierto para crear caos en un año electoral y sembrar, sobre todo, miedo, y que el miedo haga que nos callemos. Es decir, hay un cúmulo de cosas que se están haciendo porque se quiere perseguir a las voces independientes”.
ONG
Para Daniels, la detención de San Miguel también entra en el contexto del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, catalogada como Ley Anti sociedad.
Las ONG no somos enemigos del Gobierno ni de nadie. Tenemos opiniones independientes, tenemos opiniones críticas, pero no como enemigos de nadie porque no caemos en discursos bélicos. Eso es lo que hace que el caso de Rocío sea aún más increíble, porque sí alguien ha abogado por la paz, por el diálogo, por el arreglo político ha sido Rocío San Miguel”.
Más contexto político
Los otros temas que menciona Daniels como “frentes abiertos por el Gobierno” son: el cierre de estaciones de radio a nivel nacional, la censura y de la autocensura que se ha impuesto a los medios que todavía existen, el tema de la de la Corte Penal Internacional, punto en el cual el Gobierno negocia la instalación de una oficina aquí en Caracas, que debería ser instalada en este 2024; y los partidos políticos que han sido cooptados.
Se han impuesto candidatos que nadie sabe de dónde salen, que son desconocidos o que no tienen ningún apoyo, pero se quiere hacer ver que hay muchos candidatos para dar la idea de que existe una variedad o que existe la posibilidad de escoger cuando en realidad todos sabemos que esos candidatos son impuestos por el propio gobierno. Entonces, no es que nos estamos imaginando que el gobierno abre muchos frentes, es que ya los tiene abiertos y a eso se agrega la persecución”.
La concentración
Durante la concentración de este miércoles, varios defensores de derechos humanos hicieron énfasis en que la detención de San Miguel es una desaparición forzosa, debido al aislamiento prolongado y la incomunicación a la que ha sido sometida, ya que desde su detención no ha tenido comunicación con familiares o con sus abogados y no fue hasta el domingo 11 de febrero que la Fiscalía confirmó su detención.
Claudia Carrillo, de representante de Cofavic, organización de derechos humanos, detalló que han registrado un aumento de casos en los que las mujeres defensoras son las principales víctimas.
Queremos expresar que la desaparición forzada constituye uno de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos y ha sido utilizado a lo largo de la historia para generar incertidumbre (…) Desde el periodo 2018 a 2023 se han registrado 2227 ataques, siendo los últimos tres años, el mayor registro de casos. (…) Las mujeres defensoras son las principales víctimas”.
Por su parte, Lexis Rendón, socióloga, activista en derechos humanos, coordinadora del Laboratorio de Paz, recordó que San Miguel y su hija, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas en 2012, lo que la reconoce como una víctima del Estado venezolano.
Estas medidas se le otorgaron debido a que San Miguel era objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte, debido a las actividades que desarrolla en su organización Control Ciudadano.
Esto es un ejemplo más de la política de persecución que ejerce el Estado venezolano”, añadió Rendón.
Laura Louza, codirectora de Acceso a la Justicia, explicó que “la desaparición forzada se constituye cuando justamente hay una detención por parte de autoridades del Estado o por personas relacionadas con el Estado, también cuando no hay información sobre esta persona, su paradero, su condición psicológica, su estado de salud, las condiciones en las que está recluida y todo esto es lo que pasó en el caso de San Miguel y su familia”.
Hasta ahora lo que se sabe es que San Miguel fue presentada ante un tribunal de terrorismo en horas de la noche y aparentemente desde El Helicoide, “pero oficialmente no se sabe cómo ocurrió porque sus abogados estaban en el Palacio de Justicia”, añadió Louza.
Participa en la conversación