Especialistas en el área económica advierten que la renegociación de la deuda venezolana requerirá una auditoría independiente y apoyo multilateral. La opacidad oficial y los litigios globales vuelven complejo el proceso anunciado para superar el impago vigente desde 2017.
Caracas. Un volumen de endeudamiento sin precedentes y una cascada de demandas internacionales marcan el inicio formal de la reestructuración de la deuda venezolana. El anuncio gubernamental busca poner fin al aislamiento financiero iniciado en 2017; no obstante, economistas independientes insisten en que será imposible avanzar sin una auditoría previa y un descuento sustancial en los saldos adeudados.
En medio de la urgencia por recuperar el acceso al crédito internacional y frenar el aislamiento financiero, el anuncio de reestructuración emitido por la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, reactivó el interés de los acreedores internacionales en la deuda externa venezolana.
El proceso se prevé complejo por la persistente falta de transparencia en los datos oficiales. Por su parte, la vocería oficial ha defendido que el estado de suspensión de pagos no respondió a la falta de voluntad, sino al impacto directo del bloqueo financiero derivado de las sanciones internacionales dictadas desde el exterior.
Venezuela permanece en suspensión de pagos desde 2017, cuando las principales agencias de calificación crediticia confirmaron el impago de la República, una situación en la que el deudor incumple con la cancelación de sus compromisos financieros.
Aunque en ese momento el Gobierno confirmó su intención de negociar, no fue sino hasta mayo de 2026 cuando comenzó formalmente la renegociación. Sin embargo, el éxito de este proceso aún genera cautela entre los tenedores de bonos ante las restricciones legales existentes y la incertidumbre sobre la validez constitucional de los compromisos sin aprobación legislativa.
Un desafío financiero extremo
Ante este panorama, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) organizó un foro con los economistas María Antonia Moreno, Asdrúbal Oliveros y Leonardo Vera. El encuentro buscó proponer estrategias para una negociación responsable y prudente que proteja las condiciones de vida de la población.
María Antonia Moreno, economista egresada de la UCV e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostuvo que Venezuela presenta una de las deudas externas más abultadas del mundo, por lo que su reestructuración representará un desafío extremo tanto para la nación como para los tenedores de bonos, los inversionistas que compraron títulos financieros emitidos por el Estado.
“Venezuela registra el crecimiento de deuda más acelerado. En cuatro décadas, en comparación con Brasil, México, Nigeria o Grecia, países altamente endeudados, el compromiso venezolano se multiplicó por 100. Esto es crucial, pues procesos como el griego resultaron traumáticos”,
precisó.
Añadió que, según sus estimaciones, la deuda externa venezolana se situaría entre los $175.000.000.000 y $200.000.000.000. La cifra supera varias veces el producto interno bruto anual del país.
“El monto podría ser superior debido a la falta de transparencia: los venezolanos desconocemos las condiciones financieras de los acreedores con Rusia y China. De concretarse la reestructuración, los actores involucrados tendrán que realizar una auditoría para precisar el monto exacto”, señaló.
Moreno planteó que el país debe negociar una condonación parcial considerable para garantizar la sostenibilidad de los pagos futuros. “La quita es la reducción formal y permanente del saldo principal o capital adeudado que acepta el acreedor. Sin un descuento importante, el proceso será inviable y agravará la crisis económica”, advirtió.
Urgencia de auditoría independiente
Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Summa, explicó que la primera acción para afrontar el proceso consiste en una auditoría independiente que determine el saldo real.
“Nuestras estimaciones ubican la deuda en $175.000.000.000, pero cálculos de Centerview Partners y la Casa Blanca la sitúan entre $240.000.000.000 y $300.000.000.000. Antes de negociar, es imprescindible precisar la cifra”, aclaró.
Esta amplia discrepancia de cifras obedece principalmente a la acumulación de intereses caídos, disputas por expropiaciones en tribunales arbitrales, préstamos bilaterales opacos y deudas comerciales no contabilizadas formalmente.
Oliveros aseguró que el respaldo de organismos multilaterales, entidades financieras internacionales integradas por múltiples países, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), es fundamental para alcanzar una reestructuración confiable que reabra el acceso a los mercados financieros globales.
“Necesitamos reestructurar y mantener el acceso al crédito para invertir en áreas clave, en especial la producción petrolera y de gas. Debemos resolver la crisis eléctrica, elevar ingresos, controlar la inflación y concretar una reforma fiscal profunda. Para que la renegociación no sea un proceso traumático, la asesoría del FMI es determinante”, afirmó.
Cada venezolano debe $6000
Leonardo Vera, profesor de la Escuela de Economía de la UCV e individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), calcula que, debido al sobreendeudamiento, el compromiso equivale a $6000 por cada habitante del país.
“Nuestros cálculos coinciden en que la deuda ronda los $170.000.000.000. Para expresarlo en términos cotidianos, cada venezolano le debe a los acreedores unos $6000, una suma exorbitante”, enfatizó.
Para Vera, el acuerdo resulta indispensable para la recuperación macroeconómica, es decir, el restablecimiento del equilibrio general en los grandes indicadores del país. Por lo que sugirió recurrir a mecanismos aplicados con éxito en otros países.
“Es determinante ejecutar un programa de estabilización macroeconómica antes de definir la capacidad de pago del país. Asimismo, se debe evaluar el tipo de bonos que emitirá la República: títulos con descuento, cláusulas especiales, ligados al desempeño económico o instrumentos innovadores como los aplicados en Sri Lanka”,
detalló.
Estos instrumentos buscan aminorar la presión sobre las reservas internacionales, los activos líquidos guardados por el Banco Central para respaldar la moneda y cumplir compromisos externos, vincular el pago al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el indicador económico que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en la nación, establecer metas de transparencia y permitir desembolsos parciales en moneda nacional.
Los especialistas coincidieron en que la reestructuración será una tarea compleja dada la diversidad de acreedores. Aunque la disposición de pago manifestada por el Ejecutivo es bien valorada por los mercados, advirtieron que el proceso exige una planificación financiera rigurosa junto con un marco institucional y político sólido.
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