En un siglo Venezuela ha tenido discusiones sobre el aborto, pero sin resultados, por lo que mantiene una de las leyes más estrictas de la región. A juicio de la abogada Yelena Carpio, una de las trabas es que el sistema político está impregnado de valores religiosos —pese a ser un Estado laico—. El diputado Miguel Pizarro considera que el tema tiene todo el peso en la medida que se asuma que se trata de derechos.
Caracas. En Argentina la consigna “será ley” que gritaban las mujeres con más fuerza a finales de 2020 se volvió un hecho el 30 de diciembre, cuando el Senado aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El fallo agitó de nuevo la discusión en los países de América Latina.
En Venezuela, por ejemplo, el embarazo de una adolescente de 13 años resultado de una violación y la detención de una activista de derechos sexuales y reproductivos el 12 de octubre del año pasado, ha sacudido a los movimientos feministas del país, que esperan respuestas desde hace más de un siglo, pues desde entonces la ley que penaliza el aborto no ha sido modificada.
La abogada Yelena Carpio especializada en DD. HH. explica que el Código Penal vigente está redactado de acuerdo con los avances tecnológicos y científicos de ese momento. “Desde entonces han pasado muchas cosas, como el reconocimiento de los DD. HH. y los derechos sexuales y reproductivos, el código actual no se adapta a esos derechos. La única disposición que contempla el aborto es si la vida de la parturienta está en riesgo, quiere decir que la mujer casi debe estar en trabajo de parto o cuando el embarazo ya está muy avanzado, lo que implica más riesgos”, dice a Crónica.Uno.
Por ejemplo, el artículo artículo 436° establece que: “Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de uno a dos tercios en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o a honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”. Si una mujer decide interrumpir un embarazo por sus propios medios o con ayuda de un tercero podría enfrentarse de seis meses a dos años en prisión, según el artículo 432°.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo recientemente que “casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros”.
La situación de las mujeres en el país es precaria a la hora de acceder a métodos anticonceptivos, chequeos continuos o incluso cubrir un estudio por el alto costo, debido a la emergencia humanitaria compleja y a la recesión económica que cumplió siete años en 2020.
Oficialmente, no hay cifras acerca de la condición socioeconómica de los hogares, ni de la población en general. La Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela revela que las mujeres son mayoría en la jefatura de los hogares y en especial en los estratos de menores ingresos. El estudio publicado en julio del año pasado sostiene que 72,7 % de los hogares más pobres tienen a mujeres a la cabeza.
La psicóloga clínica Magdymar León y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) dice que la penalización del aborto en un contexto de emergencia humanitaria compleja, cuando las mujeres no tienen la posibilidad de decidir sobre su reproducción, “significa muerte (de mujeres), nacimientos de niños y niñas no deseados, abandono infantil a largo plazo y desprotección”.
En un estudio que elaboró la ONG el año pasado en Fila de Mariches, la especialista recuerda que 80 % de las mujeres entrevistadas les decían que no querían tener hijos, motivado a que no contaban con los recursos para mantenerlos.
Las mujeres saben lo que significa traer una persona al mundo en medio de la crisis que vive el país y no quieren hacerlo, saben que no pueden darle protección y además hay un Estado que no se encarga de garantizar esa protección y bienestar a niños, niñas y adolescentes”, apunta Magdymar León.
En un siglo Venezuela ha tenido discusiones sobre el aborto, pero sin resultados. A juicio de la abogada Yelena Carpio, una de las trabas es que el sistema político está impregnado de valores religiosos —pese a ser un Estado laico— que han impedido desarrollar un debate adecuado.
“En los años ochenta el Colegio de Médicos propuso una discusión porque estaban conscientes de que la prohibición del aborto estaba matando mujeres o dejándolas incapacitadas físicamente, intentaron llevar el debate a lo que era el Congreso, pero no avanzó. En la Asamblea Constituyente de 1999 participaron mujeres de movimientos feministas y gracias a ello se logró el derecho a la vida y otras disposiciones que protegen a la mujer”, recuerda.
Carpio dice que en noviembre de 2018 un grupo de mujeres introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de los delitos tipificados en el Código Penal. El grupo alegó que eran inconstitucionales porque vulneraban los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Luego en 2019 otro movimiento, Tinta Violenta, se adhirió a esa acción y pidió que al menos se admitieran cinco causales que permitieran la despenalización.
Entre las causales que reclaman las ONG y activistas que defienden los derechos de las mujeres están:
- Cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante.
- Cuando se trata de violación o incesto.
- En caso de que ponga en riesgo la salud física y mental de la gestante.
- En caso de pobreza extrema.
Pero a la fecha Venezuela se mantiene con una de las normativas más rígidas de la región. El debate no llegó a la Asamblea Nacional (AN) de 2015-20, de mayoría opositora, ni a la anterior (2010-15) que era controlada por el chavismo. Ahora con la instalación de un nuevo Parlamento, para el periodo 2021-26, de mayoría oficialista, los movimientos feministas esperan que el tema sea discutido desde el seno del sistema de justicia y dé respuestas a los casos como los de la activista Vannesa Rosales, quien enfrenta delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros por brindar orientación a una adolescente de 13 años, quien decidió interrumpir un embarazo derivado de una violación. Rosales hoy tiene una medida de casa por cárcel luego de haber estado presa por casi tres meses.
¿Qué pasa que no se discute en el Parlamento?
El diputado Miguel Pizarro (AN 2015-20) considera que una parte importante de la política no tiene la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar como tema prioritario. “No se entiende el componente de derechos y menos aún la importancia de abordar estos temas a efectos de la salud pública. Esa y otras varias discusiones requieren ser abordadas sin tabúes. Lamentablemente, nuestro contexto se ha vuelto tan primitivo que también una tarea importante es la de buscar puntos de encuentro y consenso con quienes creen que no se puede hablar de cosas como estas hasta que tengas saldada la discusión de servicios básicos, derechos básicos y accesos mínimos. Nosotros tenemos muchas discusiones pendientes, incluso saquémoslo del contexto parlamentario, el país no está discutiendo temas como este”.
Para la abogada Yelena Carpio, ninguno de los grupos políticos que existen en Venezuela “ha tenido la ecuanimidad, la sensibilidad social y la valentía de poner este tema sobre la mesa y discutirlo con seriedad”. “Alegan que la sociedad venezolana no está lista para esa discusión, pero el temor de fondo es perder el apoyo político de los grupos religiosos, ese temor lo tiene el Gobierno y la oposición”.
Magdymar León coincide en que en estos debates los grupos conservadores-religiosos ejercen una gran influencia. “Acá tenemos tanto en el gobierno como en la oposición fuerzas conservadoras que inciden —en este tema de la despenalización— en eso se dan la mano y es uno de los elementos que no ha favorecido la discusión”.
“Creo que es un debate que visto aislado no tiene espacio en medio de la crisis política e institucional, pero que tiene todo el peso en la medida que se asuma como algo más grande que son los derechos de la mujer sobre su cuerpo, sobre sus relaciones, sus decisiones. La mujer en Venezuela pese a ser la población más grande y ser el sostén de los hogares sufre de manera desproporcionada los costos de la emergencia humanitaria. La mujer es quien ha visto más lesionada su capacidad de crecer y desarrollarse. Desde lo inhumano de no tener acceso siquiera a lo básico para el periodo menstrual hasta la injusticia de haber retrocedido en su vida laboral para atender los costos de la pandemia”, expresa Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas considera que la penalización de los servicios de salud únicamente para las mujeres, incluido el aborto, es una forma de discriminación hacia las mujeres.
Jorge Rodríguez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha ejercido diversos cargos durante el gobierno de Nicolás Maduro y es el actual presidente del Parlamento (2021-26), dijo recientemente sobre el aborto, según un tuit publicado por una fracción de ese partido: “Hicimos una consulta que llegó a tener más de 40 propuestas, no puedo darte mi postura, pero todo lo que hagamos será a través de la consulta popular”.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de #Venezuela, sobre el #aborto en Venezuela: “hicimos una consulta que llegó a tener más de 40 propuestas, no puedo darte mi postura, pero todo lo que hagamos será a través de la #consulta popular”, https://t.co/5jTXGGUkA0 pic.twitter.com/29mMS9pyRB
— PSUV EL RECREO (Caracas) (@psuvelrecreoccs) January 11, 2021
Grupos feministas sostienen que la despenalización del aborto es un asunto de derechos humanos y que, por lo tanto, estos no se negocian. Sin embargo, para la psicóloga clínica Magdymar León el debate está comenzando y cree que es sano para la sociedad que esto suceda.
“En el informe de 2019 de Mujeres al Límite encontrábamos que en los centros públicos por tres partos atendidos uno era un aborto, así que el Estado venezolano debe dar respuesta a esta situación. Habría que ver qué posibilidades se asoman como respuesta en esta Asamblea Nacional. Si el TSJ admitirá el recurso que se introdujo en 2018, hay varios caminos y están en el tapete, dependerá de la discusión que surja. El caso de Vannesa Rosales nos obliga a tener esa discusión”, dice en entrevista a Crónica.Uno.
Desde la Asamblea Constituyente, que creó el chavismo y que tuvo un periodo de tres años, tampoco hubo planes de que la ley se adaptara a las exigencias que hoy plantean las mujeres, que no son las mismas que las de hace 100 años.
A juicio de León, una crítica al movimiento feminista es que este tema no ha sido fuertemente trabajado como el de la violencia contra la mujer, además reconoce que todos los movimientos en el país se vieron afectados por la polarización política, pero el caso de Argentina y de Vannesa, aviva la conversación que desde el sistema político ha sido postergada.
Para Carpio, un grueso de la población lleva más de 100 años diciendo que no es el momento para hablarlo, mientras “las vidas de las mujeres se pierden en abortos clandestinos y la integridad física y mental —en especial las mujeres pobres y rurales— se ve afectada”.
Fotos: @tlSURconGenero cuenta de Twitter
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