A finales de este año el gobierno de Nicolás Maduro creó una ley antibloqueo con la que busca captar inversiones, pero el instrumento establece unos principios de confidencialidad que no inspiran confianza en el sector privado. Mientras tanto, aún falta para que la economía supere la recesión.

Caracas. A partir de 2013 la economía venezolana entró en un camino de contracción que sumó siete años este 2020. En ese periodo se redujeron las industrias, los comercios y la población quedó atravesada por la recesión. Entre 2013 y 2020 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 79,4 %, de acuerdo con cálculos de Ecoanalítica. El tamaño de la contracción se convirtió en una de las peores crisis económicas que el mundo ha visto.

Los controles, las expropiaciones y la retórica de la administración Chávez-Maduro alejaron a los inversionistas y el auge que Venezuela alguna vez tuvo en la región se pasmó. El país lleva siete años sin ver crecimiento, lo que deja un deterioro no solo en los sectores económicos, sino también en la población. La industria petrolera que fue de orgullo para los venezolanos y su mayor proveedor de divisas registra una disminución en su producción y problemas en las plantas que le impiden levantar los niveles actuales. 

En enero de este año Petróleos de Venezuela arrancó con una producción de 733.000 barriles de petróleo diarios (bpd), según fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). En octubre la producción fue de 367.000 bpd, lo que representa una caída de 49,93 % en apenas nueve meses. Los ingresos de la estatal se desplomaron, lo que también ha impactado en la crisis económica.

Este año el PIB se reducirá 23,9 %, sin embargo, firmas como FocusEconomics prevén que la nación salga del peor ciclo de contracción en 2021 y 2022 con un PIB de -2,0 % y 5,4 %, respectivamente. Se espera que la nación crezca en 2022, pero falta ver las medidas que adoptará el gobierno de Maduro y si continúan las sanciones de EE. UU., ahora con Joe Biden como nuevo presidente.

siete años de contracción

A finales de este año el gobierno creó una ley antibloqueo con la que busca captar inversiones, pero el instrumento establece unos principios de confidencialidad que no inspiran confianza en el sector privado, que lleva años a la espera de que las autoridades resuelvan los problemas de servicios o combustible. Desde la propia Asamblea Constituyente miembros del oficialismo cuestionaron la ley y expresaron que no fue discutida abiertamente. Sin embargo, se prevé que el Gobierno trate de hacer negocios por esa vía para burlar las sanciones de Washington y recuperar los ingresos.

La producción de crudo de Pdvsa está cerca de la mitad de lo que era a principios de año. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) refiere que los ingresos por exportaciones petroleras están severamente restringidos porque pocos envíos son pagados en efectivo. La mayor parte de las exportaciones de crudo se venden con pérdidas o se envían como reembolso. Cifras preliminares de Ecoanalítica muestran que este año los ingresos petroleros de Venezuela cierren alrededor de $2700 millones, una caída de 96,84 %, si se compara con los ingresos de 2013 ($85.603).

siete años de contracción

Los problemas económicos que enfrentaba la nación se agravaron con la llegada de la pandemia en marzo. Sectores como el turismo quedaron fuera del juego y su actividad se vio suspendida por más de ocho meses. En noviembre las autoridades comenzaron a relajar las medidas preventivas contra la COVID-19 y autorizaron a más sectores retomar actividades. Las industrias también tuvieron que parar sus operaciones y algunos comercios decidieron trabajar a puerta cerrada para subsistir. 

Este año el desempleo en la población activa podría alcanzar la cifra de 33,6 %, mientras que en 2021 sería de 31,3 % y 2022 se proyecta en 29,9 %, según datos de FocusEconomics. 

Regresaron los controles y la “ocupación de empresas”

El 24 de abril el gobierno de Maduro retomó el control de precios que se mantuvo relajado en 2019. La medida incluyó regular precios a 27 rubros y la “venta supervisada” para tres empresas: Alimentos Polar, Plumrose y el Matadero  Industrial de Turmero en el estado Aragua. Las autoridades también anunciaron la ocupación del consorcio Coposa por 180 días prorrogables. 

Un día después Alimentos Polar rechazó las medidas que calificó de arbitrarias y expuso que les había sido bloqueado el código Sica, lo que “afectaba gravemente el abastecimiento de alimentos”.

Las supervisiones no cesaron en el año. Solo en noviembre el Ministerio de Comercio contabilizó 2227 inspecciones por los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). En mercados como Guaicaipuro, en Caracas, los negocios deben vender a la tasa oficial y publicarla en sus vitrinas, por órdenes del organismo

Las reservas internacionales de la nación están mermadas, este año podrían cerrar en $6500 millones. Pese a que el pico más alto de contracción ya pasó, tomará un largo periodo que la economía se recupere. Además, los privados sostienen que se requerirá de una gran inversión y del apoyo de organismos multilaterales para levantar los distintos sectores azotados por la prolongada crisis.

Foto principal: Tairy Gamboa/Crónica.Uno

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