Seis mesas de trabajo, integradas por ciudadanos, mineros artesanales y profesionales de distintos sectores de El Callao, presentaron propuestas ante la oposición del diálogo nacional. El proyecto abarca la reforma a la Ley de Minas, expropiaciones, impacto ambiental, Minerven y detenidos.
El Callao. Ciudadanos y profesionales de diversos sectores de El Callao, estado Bolívar, conformaron seis mesas de trabajo en el marco de un proyecto social que presentarán ante los representantes de la oposición en el diálogo nacional que busca solucionar la crisis política del país.
Entre los puntos examinados destacan la reforma de la Ley de Minas, la revocación de alianzas mineras, la huella ambiental de la extracción, la actualidad de Minerven, la empresa estatal venezolana procesadora de oro, y la situación de los detenidos en causas vinculadas a dicha corporación estatal.
El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, señaló que en sus gestiones recientes en Caracas conversó con Dinorah Figuera, diputada de la Asamblea Nacional de 2015, el parlamento opositor electo ese año y reconocido internacionalmente, a fin de coordinar la recepción de una comisión proveniente del sur de Bolívar.
“Estamos levantando una propuesta de minería en vista de que la Ley de Minas no contempla protección ni para el minero independiente, el minero artesanal, no contempla inversiones sociales para los municipios ni el medio ambiente y los ríos”, sostuvo.
El alcalde planteó además la apertura al capital privado, aunque solicitó salvaguardar la fuente del sustento de quienes ejercen la minería artesanal, como se conoce a la extracción manual e informal del mineral, desde hace dos siglos. Otro tema prioritario fue la realidad operativa de Minerven. Lugo cuestionó la drástica caída en su producción y demandó atender la situación de los trabajadores privados de libertad.
“Una empresa que tiene más de 66 años, que producía 2.000 kilos de oro mensual, hoy produce 180, la destrozaron”, afirmó.
Prevención y fiscalización
El ingeniero ambiental Pedro Alcalá enfatizó que una de las propuestas medulares debe centrarse en la descentralización de la gestión ambiental. Esta fórmula que otorga mayor autonomía a las regiones para administrar sus recursos naturales.
Añadió que la prevención y el control deben ejecutarse de manera oportuna. Es decir, antes de que se generen daños irreversibles, aspecto que hoy se ve obstaculizado por la centralización de los trámites gubernamentales.
Asimismo, Alcalá aclaró que toda actividad minera genera impactos ambientales, aunque pueden establecerse medidas para reducirlos.
“No hay minería con impacto mínimo de verdad, porque por donde vaya el mineral, el minero lo va a buscar. Y entonces el impacto siempre va a ser agresivo”, explicó.
Sin embargo, dijo que la actividad minera y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta con planes de mitigación y fiscalización.
“Nosotros vamos de la mano con la minería, pero con unos planes ambientales mitigantes que debemos respetar y llevarlos a ejecución con fiscalización y prevención”, afirmó.
Mineros artesanales piden protección
Por su parte, William Guayamare, representante del sector minero de El Callao, planteó la modificación de la legislación vigente, para que brinde mayor atención a los pequeños mineros.
Entre sus propuestas está la creación de una oficina de atención al minero con capacidad de resolver los casos directamente en el municipio.
Guayamare también denunció expropiaciones de áreas donde pequeños mineros habían realizado inversiones.
“Una vez que nosotros, el pequeño minero, invertimos la plata, que uno descubre el yacimiento, viene el Gobierno nacional y nos monta empresas grandes y nos expropian, nos sacan de ahí”, aseguró.
Asimismo, pidió aumentar de 30 a 100 gramos la cantidad de oro que un pequeño minero pueda transportar sin que se le confisque durante los controles. Son alrededor de 30.000 mineros artesanales en todo el estado Bolívar, los afectados.
La síndico procurador de la Alcaldía de El Callao, Milagros Rón, participó en la mesa dedicada a recopilar casos relacionados con presuntas expropiaciones de alianzas mineras.
Rón indicó que hasta el momento han recibido nueve casos. Los planteamientos se organizarán en un documento para presentarlo en Caracas.
Familiares de detenidos
Una de las mesas de trabajo la integraron familiares de detenidos desde hace más de un año por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Según relataron, el caso se relaciona con el presunto robo de explosivos de Minerven. Aseguraron que las autoridades no han podido demostrar la acusación y la empresa tampoco llegó a presentar denuncia sobre ello.
Anabelle Hernández, familiar de uno de los cuatro detenidos, cuestionó que después de un año y dos meses, todavía no exista un acto conclusivo.
“La misma empresa declaró que ellos nunca habían hecho dicha denuncia y que nunca habían contratado los servicios de los funcionarios del DGCIM”,
sostuvo.
Se estima que en los próximos 15 días asista a Caracas una comisión de 10 personas junto con el alcalde Coromoto Lugo, para hacer entrega formal de los proyectos.
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