20 de las 30 organizaciones políticas nacionales habilitadas para participar el 6-D son abiertamente oficialistas, les fue impuesta una directiva favorable al oficialismo o avalan el sistema de partido hegemónico encabezado por el PSUV. El politólogo Miguel Martínez Meucci sostiene que en Venezuela, “el sector que controla al Estado sólo acepta una oposición leal e inofensiva”.
Caracas. De 30 organizaciones políticas nacionales habilitadas y reconocidas por el CNE hasta este jueves 27 de agosto para participar en la votación del 6 de diciembre, 20 son abiertamente oficialistas, les fue impuesta una directiva favorable a los intereses electorales del oficialismo o se denominan de oposición, pero avalan y participan voluntariamente en el sistema de partido hegemónico ensamblado por la coalición de gobierno y encabezado por el PSUV.
Las abiertamente oficialistas, además del PSUV, son Alianza para el Cambio, ORA, el PCV y Somos Venezuela. Las del segundo grupo, es decir, aquellas a las que el TSJ les impuso en los últimos años y hasta la semana pasada una directiva favorable al statu quo son AD, PJ, PPT, VP, el MEP, Podemos, UPV y Tupamaro; además de Nuvipa, a quienes el CNE les desconoce sus autoridades legítimas. Y las del tercer lote, que voluntariamente respaldan el sistema de partido hegemónico aunque se autodenominan de oposición, son Avanzada Progresista, Cambiemos, Copei, Esperanza por el Cambio, el MAS y Soluciones, todos los cuales participan en la Mesa de Diálogo Nacional.
Los 10 partidos nacionales restantes son expresamente opositores, con juntas directivas designadas por su militancia pero con poca —o casi nula en algunos casos— capacidad de arrastrar votos o movilizar grandes masas: ACEP, Alianza del Lápiz, Gente, La Fuerza del Cambio, Movimiento Ecológico de Venezuela, Prociudadanos, Progreso, Puente, Un Nuevo Tiempo y UPP89. De este grupo, solo UNT cuenta con representación en la AN y algunas alcaldías.
Sobre la base de las decisiones del TSJ y las normas aprobadas por el CNE se comienza a configurar un mapa de partidos que serán el sustento para diseñar el tarjetón electoral para la votación del 6-D, un proceso sin garantías de equidad y transparencia —según ha denunciado la Unión Europea— que constituirá un andamio más en la consolidación del sistema de partido hegemónico que se construye en Venezuela desde hace varios años.
Electores sin opciones
El politólogo especializado en conflicto político y procesos de pacificación, Miguel Martínez Meucci, sostiene que en el contexto venezolano de “pérdida progresiva y sostenida de la democracia y las libertades”, tal como lo revelan los índices de medición de la democracia más confiables (V-Dem, Polity IV, The Economist), el chavismo ha avanzado en la “implantación de un régimen cada vez más autocrático donde al individuo y la sociedad civil se le han restringido sistemáticamente todos los espacios que les corresponden para el libre ejercicio de su autonomía”.
Uno de esos espacios es la pluralidad partidista, el derecho a contar con múltiples opciones políticas para elegir y que se imponga aquella opción que reúne más seguidores.
Pero en Venezuela, dice Martínez Meucci, el sistema político y de partidos ha perdido progresivamente su capacidad de coexistencia democrática como consecuencia de las constantes tensiones surgidas a partir de la grave crisis económica que, a su vez, se tradujo en una grave crisis social. Todo esto consecuencia de 20 años de políticas públicas, petroleras y económicas erradas, enfocadas en la consolidación de la clase gobernante en el poder y no en la superación y desarrollo colectivo.
Leales e inofensivos
En un ensayo publicado recientemente en la séptima edición de la revista digital Democratización (agosto 2020) del Instituto de Formación Política Forma, titulado “Las nuevas reglas del juego. Cambio y continuidad en la lucha por la redemocratización en Venezuela”, Martínez Meucci analiza las causas políticas, sociales y económicas que han llevado a la actual configuración del mapa político y partidista venezolano.
En el texto, fechado en marzo de 2020, el profesor universitario e investigador advierte que la relativa coexistencia política entre gobierno y oposición que privó en Venezuela entre 2003 y 2015 dio paso a un sistema plenamente autoritario (a partir de 2016), “en el cual el sector que controla el Estado ya sólo acepta convivir con una oposición leal y totalmente inofensiva para la dictadura, mientras persigue o anula a la que realmente apuesta por una redemocratización del país”.
Para esa fecha —marzo de este año— ya existía la Mesa de Diálogo Nacional pero todavía no se había producido la seguidilla de decisiones judiciales y políticas que han significado el arrebato de los símbolos a partidos históricos como Acción Democrática, a opositores al chavismo desde su nacimiento como Voluntad Popular o a aliados tradicionales de la “revolución socialista” como Patria Para Todos, siempre con el propósito subyacente de allanar el camino a una victoria electoral cantada para el PSUV.
No obstante, para ese momento Martínez Meucci ya advertía que la coalición gobernante en Venezuela había tomado la clara decisión de no permitir la competencia electoral en términos mínimamente abiertos, justos y libres o dicho de otro modo, la decisión “de impedir cualquier posibilidad de cambio político por vía electoral, asumiendo para ello todos los costos políticos que fuera necesario y reordenando su estructura interna para acometer tal fin”.
Reordenamiento para favorecer al PSUV
Parte de ese reordenamiento interno es sin lugar a dudas la persecución desatada en los últimos días y horas en contra de partidos políticos históricos de la izquierda venezolana como el PCV y su iniciativa denominada Alternativa Popular Revolucionaria, donde participan también el PPT (intervenido por el TSJ el 21 de agosto) y el movimiento Compromiso País (intervenido apenas la noche de este 25 de agosto).
En el pasado reciente, ese reordenamiento, había sido consecuencia más bien de disidencias individuales sensibles para el PSUV y sus aliados, como por ejemplo las de Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Manuel Christopher Figuera, Jorge Giordani, Rafael Ramírez o Héctor Navarro, entre otros.
Pero precisamente esa persecución a la oposición tradicional y el aplastamiento de la disidencia interna es uno de los signos, dice Martínez Meucci, no solo de un autoritarismo hegemónico, sino también de una “lógica de poder totalitaria” que disuelve el tejido social y que se ha venido traduciendo en un sistema político que excluye la posibilidad de competir con alguna garantía en elecciones democráticas.
“Si el sistema de partidos durante el período 2004-2016 correspondió al perfil clásico de un régimen híbrido o autoritarismo competitivo (donde la oposición cuenta con espacios para competir electoralmente pero con desventaja), a partir de ese último año el sistema ha sido cada vez más depurado y modelado por parte del régimen autocrático, que ha fabricado así una oposición a su medida”, dice el docente universitario.
Esa diseño de la oposición —que se hará tangible cuando se haga público el tarjetón electoral— se ha forjado, concluye el académico “mediante represión, persecución política, inhabilitación de partidos y candidatos, y cooptación indebida de cuadros políticos” para impedir cualquier posible cambio por la vía electoral.
Foto principal archivo Crónica.Uno, Cristián Hernández
Participa en la conversación