Entre 2016 y 2021 los derrames afectaron a 15 entidades del país. Más del 90 % de los reportados ocurrieron en los estados Anzoátegui, Monagas, Zulia, Sucre, Falcón y Carabobo. En ese período el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales también registra 199 derrames.
Caracas. En los últimos cinco años los derrames petroleros aumentaron 467 %, según un informe del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha) de la ONG Clima21. En 2021 se produjo la mayor cantidad de siniestros, que no solo tienen un impacto ambiental sino también en la salud de la población. Hasta ahora los entes estatales no han aportado información oficial sobre la magnitud de los derrames y su efecto en el país.
Entre 2016 y 2021 se registraron un total de 199 derrames, que incluyen un derrame de gasolina. Esta cifra contrasta fuertemente con los datos suministrados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en su último informe (2016) en el cual reportó 8250 derrames ocurridos solo en ese año, más de 22 diarios.
Ovdha apunta que la diferencia, entre los datos oficiales y los que han levantado las organizaciones civiles y medios de comunicación en los últimos años, evidencia la existencia de una creciente desinformación sobre el problema de los derrames petroleros en Venezuela. En ese sentido, advierten que evaluar los siniestros desde fuera de la propia industria hace que solo se pueda registrar una fracción de los mismos.
A mediados de 2020 la producción petrolera llegó a mínimos al ubicarse alrededor de 350.000 barriles diarios, sin embargo, desde finales de ese año y hasta la fecha la industria ha levantado los números. El año pasado cerró con una producción promedio de 554.000 barriles de petróleo diarios (bpd). FocusEconomics estima que este 2022 la producción cierre en 670.000 bpd.
La investigación alerta que la frecuencia de estos accidentes parece seguir incrementando en los últimos años. “Estos desastres están afectando los derechos a la salud y a una vida digna de las comunidades afectadas, también generan un deterioro creciente de componentes ambientales esenciales para poder disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, incluyendo ríos y áreas naturales protegidas”.
El Ovdha señala que en la gran mayoría de los casos ni la estatal Pdvsa, ni las autoridades nacionales suministraron información sobre las características del derrame, ni sus posibles impactos. Asimismo, afirman que en ningún caso asumieron responsabilidad alguna sobre los mismos.
A pesar de los acuerdos que ha suscrito la nación para prevenir estos accidentes en los últimos 20 años, los medios de comunicación han informado sobre un número cada vez más importante de derrames que han afectado diversas zonas del país. La propia Pdvsa reconoció que se habían incrementado el número de derrames de 2369 casos en el 2010 a 10.660 en el 2013.
Cifras oficiales también revelan que el volumen derramado entre 2009 y 2016 fue de 1.098.936 barriles. Esta situación se ha atribuido al deterioro de la capacidad técnica, financiera y operativa de la industria petrolera nacional.
Entre 2016 y 2021 los derrames afectaron a 15 entidades del país. Más del 90 % de los reportados ocurrieron en los estados Anzoátegui, Monagas, Zulia, Sucre, Falcón y Carabobo. El resultado concuerda con la localización geográfica de las principales instalaciones y zonas de producción de la industria petrolera. El número de estados afectados también se eleva, en el 2016 se registraron 4 estados afectados y 9 en 2021.
97 % de los derrames registrados sucedieron dentro del territorio nacional, mientras que 3 % restante provino de eventos ocurridos en países vecinos (Trinidad y Colombia) y, posteriormente, afectaron espacios territoriales venezolanos”.
La opacidad también se desplaza
La información disponible sobre el volumen de hidrocarburo vertido al ambiente es sumamente escasa. Solo 4 % de las noticias hacen mención a algún estimado sobre este tema. Por ejemplo, el derrame en el río el Aribi, estado Anzoátegui (2016), según las declaraciones de un diputado nacional se habrían derramado 24.000 barriles (otras fuentes hablan de 100.000 barriles).
En el ocurrido en la Bahía de Amuay (2017), un líder sindical estimó que el volumen derramado fue de 200.000 barriles; otro ocurrido en la refinería de El Palito (2020), un investigador estimó una cifra cercana a los 22.000 barriles de hidrocarburos; así como en el ocurrido en la Refinería Cardón, estado Falcón (2021), trabajadores de la empresa denunciaron que se habían derramado 3.600.000 litros de gasolina.
Áreas naturales protegidas afectadas
Las Áreas Naturales Protegidas han sido impactadas. Entre ellas el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre Cuare (estado Falcón), el Parque Nacional San Esteban (estado Carabobo) el Parque Nacional Península de Paria (estado Sucre) así como el Parque Nacional Archipiélago Los Roques (Territorio Insular Francisco de Miranda).
Sin acciones gubernamentales
En pocos de los casos registrados se hace mención a que las autoridades gubernamentales o la empresa petrolera causante del derrame realizaran actividades para mitigar los daños generados por los derrames. “En los eventos donde se reportó la realización de alguna acción de mitigación, la misma, no pareció adecuada o suficiente de acuerdo con las orientaciones internacionales de actuación en estos casos”, apunta la investigación.
Por ejemplo, en el derrame ocurrido en el 2020 en El Palito el Ministerio de Ecosocialismo y otros organismos informaron que estaban realizando actividades de limpieza de playas y otras acciones, sin que estas actividades puedan ser consideradas como suficientes para minimizar los posibles daños ambientales que pudieron haber sucedido.
El observatorio recomienda que se restablezcan y actualicen las políticas, normas técnicas y procedimientos dirigidos a la prevención, control, mitigación de derrames petroleros, con enfoque de derechos humanos, para prevenir estos accidentes, bajo la orientación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las obligaciones derivadas de los acuerdos y protocolos internacionales en esta materia, incluyendo las medidas derivadas del Acuerdo de Escazú, el cual Venezuela deberá firmar y ratificar lo antes posible.
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