Ana Leonor Acosta, abogada defensora de Roland Carreño, considera que en las negociones gobierno-oposición que se llevan adelante en México deberían incluirse otros derechos humanos como la libertad de expresión y el otorgamiento de garantías judiciales.
Caracas. Se cumplieron 304 días de detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño. Una de sus abogadas defensoras, Ana Leonor Acosta, advirtió que Carreño va a un proceso judicial sin que haya pruebas reales en su contra.
Acosta estima que si existe un proceso de diálogo en México se debería incluir en la discusión el respeto a los derechos humanos, según reseñó el diario Tal Cual.
En una acto en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en el que se rechazó la persecución a los periodistas venezolanos y la vulneración del derecho a la libertad de expresión, Acosta dijo que si bien los derechos políticos, que son el primer punto a discutir en México, son parte de los derechos humanos, también lo son el derecho a hablar, a estar libre y tener garantías judiciales.
“Esto no lo ha tenido Roland Carreño desde hace 304 días cuando fue detenido de forma arbitraria”, reclamó.
En ese sentido, comentó que tanto en el caso de su defendido como en el de los 348 presos políticos que llevan contabilizados, se ha visto un patrón en los expedientes en que “no se relata la verdad de los hechos y que son montados por las autoridades sobre hechos falsos”. Por ello, aseveró que los delitos que se le imputan a Roland Carreño –como el de financiación al terrorismo– es falso, al igual que enfatizó que debió haberse puesto en libertad cuando ocurrió la audiencia de presentación.
Relató que el comunicador social está dentro de una pequeña celda en la sede de la Policía Nacional Bolivariana que, aunque se ha ganado el respeto de las personas que trabajan allí y lo tratan bien, recibe alimentos que van en detrimento de su salud. “Eso también es violación a los derechos humanos”.
Según reseña Tal Cual, Ana Leonor Acosta insistió en que el sistema de justicia venezolano no es imparcial, sino que “está al servicio de la persecución política y del gobierno de Nicolás Maduro”.
Por su parte, el abogado Nelson Chitty La Roche indicó que se están violando de forma autoritaria los derechos políticos y fundamentales en el país y, en su opinión, los jueces que actualmente están en las cortes venezolanas «tienen que ser juzgados».
Recordó que además de Carreño, son 9000 personas más que están siendo juzgadas en Venezuela “sin que medie en el país un respeto estricto”, como ocurre en cualquier otra nación.
Entretanto, el presidente del CNP, Tinedo Guía, pidió el cese de la persecución contra los periodistas que laboran en Venezuela, enfatizando que si hay un nuevo proceso de negociación “debemos tener conciencia que el mejor camino es el respeto al derecho ajeno, que es la paz. Si se sienten vulnerados, evidentemente va a reaccionar. El derecho humano fundamental de expresar, opinar, trabajar y, en el caso de los periodistas, buscar información y transmitirla a sus comunidades, permite la toma de las decisiones correspondientes al insumo informativo que recibe”.
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