Por el mismo chat donde el oficialismo vende alimentos de las bolsas CLAP y bombonas de gas a los pobladores de El Cantón, en el municipio Andrés Eloy Blanco de Barinas, se reparten acusaciones y amenazas. La diatriba política vía mensajería se torna más violenta en tiempos de elecciones.
Barinas. El Cantón es un pueblo de Barinas que está más cerca de Cúcuta (180 kilómetros) que de la capital del estado (238 kilómetros). A pesar de las deficiencias de conectividad en una localidad tan apartada de las principales ciudades de la región, el entorno digital y, más específicamente, los canales de mensajería como WhatsApp, son usados para hacer política y debatir con una vehemencia no exenta de excesos sobre los problemas que se podrían resolver por la vía del voto en las elecciones presidenciales de 2024.
El 12 de noviembre de 2023 se viralizó un video mediante el cual la legisladora del partido Voluntad Popular, Francys Sánchez, denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), destacados en el municipio Zamora, realizaban cobros ilegales a los productores que habitualmente usan la vía hacia La Gabarra.
Sánchez fue inmediatamente convocada por las autoridades locales y estadales de la PNB, que al día siguiente escucharon personalmente más detalles de su denuncia. Una semana después, informó Sánchez, los funcionarios denunciados fueron trasladados a otra jurisdicción y se profundizaron las investigaciones.
“La gente estaba muy preocupada por el constante matraqueo en las alcabalas y para abastecerse de gasolina. Los productores eran los más afectados, pero no denunciaban por temor. La gente de por aquí no ha superado el trauma que causaron los boliches”, comentó en referencia al Frente Bolivariano de Liberación (FBL), un grupo guerrillero que mantuvo azotado a El Cantón durante muchos años.
Un productor agropecuario de la zona, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, confirmó los hechos de corrupción: “A ese tramo de la vía hacia La Gabarra lo llaman el kilómetro millonario, pues los funcionarios policiales se podían enriquecer con todo lo que le quitaban a los transportistas de productos agropecuarios”.
Pero el entorno digital también sirve para agredir, sobre todo a los adversarios políticos. Desde el 2022, los pobladores de El Cantón han denunciado ataques reiterados a través de un grupo de WhatsApp, creado por el oficialismo poco tiempo después de que perdió las elecciones municipales en 2021.
Inicialmente el chat fue denominado “El Chipote Chillón” y luego “La Vecindad del Chavo”. Para muchas personas es un medio de comunicación ineludible, pues por esa vía se informa sobre lo que deben hacer o dejar de hacer los vecinos para obtener alimentos (de la bolsa CLAP) o bombonas de gas, cuya venta y distribución está en manos de militantes del oficialismo.
La interlocución en “La Vecindad del Chavo” no siempre es cordial. En algunas oportunidades el chat se convierte en una especie de tribunal popular, en el cual se formulan acusaciones de la más variada índole: venta de drogas, contratación de sicarios, hechos de corrupción, relaciones extramaritales y servicios esotéricos.
Los más beligerantes acusadores y acosadores –explica una integrante del chat– usan identidades falsas y líneas telefónicas de operadoras colombianas para despistar.
Uno de los episodios más belicosos ocurrió en el contexto de la disputa entre dos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la candidatura oficialista para el cargo de alcalde del municipio Andrés Eloy Blanco: Jhon Doria y Olga Márquez.
Los ataques contra Márquez fueron denigrantes y se concentraron en su condición de mujer, de modo que califican como violencia basada en género, recuerda otra contertulia de “La Vecindad del Chavo”.
Márquez ganó la elección interna del PSUV, pero perdió contra el abanderado de la oposición, Jackson Barboza (Voluntad Popular), quien es la primera autoridad civil del municipio Andrés Eloy Blanco, desde 2021. Desde su ascenso al cargo de alcalde, Barboza se convirtió en blanco recurrente de las agresiones vía WhatsApp. En junio de 2023, usaron la foto de su hijo para extender los agravios a la familia del alcalde.
Otro menor de edad fue perjudicado en medio de la diatriba política que caracteriza “La Vecindad del Chavo”. La docente Paymary Suárez cuenta que en el controversial grupo de WhatsApp publicaron la foto de su hijo cuando estaba en el comedor del plantel donde estudia. De esa forma, pretendían señalarla a ella como una esquirol, a propósito de los llamados a paralización de las actividades educativas que habían formulado los dirigentes gremiales en demanda de sueldos justos.
“Pero en realidad el daño no fue para mí, fue para mi hijo. Lo sometieron al escarnio público, subiendo su foto a distintas redes, como WhatsApp y Facebook. El niño no quiso asistir más a clases”.
Suárez solicitó la intervención de los órganos de protección de niños, niñas y adolescentes, “pero no se tomaron acciones contra los responsables”, lamenta la madre.
La concejal del partido Copei, Arelyz Leal, mostró las imágenes que circulan en “La Vecindad del Chavo” para ridiculizarla. Muestran su rostro con muecas y expresiones grotescas.
Los afectados por los ataques a través de este grupo de WhatsApp han formalizado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sobre todo por las violencias ejercidas contra mujeres y niños, niñas y adolescentes. La legisladora Francis Linares informó que algunas personas fueron citadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero no comparecieron.
El alcalde Jackson Barboza considera que “La Vecindad del Chavo” es un mecanismo de “guerrilla comunicacional”, que se activa con mayor fuerza en coyunturas electorales. Admite que el grupo de WhatsApp es tan influyente que en algunas ocasiones la alcaldía a su cargo se ha visto obligada a aclarar o desmentir las informaciones que por allí se difunden.
El peso de 22 años de chavismo
En El Cantón todos se conocen. En esa parroquia del municipio Andrés Eloy Blanco, todos supieron quién fue cada una de las 1135 personas que votaron el 22 de octubre de 2023, del total de 6137 que estaban habilitadas, según los registros de la Comisión Nacional de Primaria.
El porcentaje de participación en la elección del candidato de la oposición en los comicios presidenciales de 2024 fue de 18,49 % del padrón electoral, lo cual es expresión de la voluntad de extender el cambio político a todo el país. Sin embargo, en dos años de gestión opositora no se han podido revertir los efectos de los 22 años anteriores.
Desde 2000 y hasta 2021, el municipio Andrés Eloy Blanco estuvo bajo el control del oficialismo: Zulay Martínez, hasta el 2008; y Arismendi Berbesi, durante tres períodos consecutivos hasta 2021. El cambio comenzó con la elección de Jackson Barboza, de Voluntad Popular, como alcalde para el período 2021-2025.
Barboza despacha desde una casa que no tiene la infraestructura adecuada, pues la sede de la alcaldía, precisó el funcionario, tiene 18 años en proceso de remodelación. Sin apoyo del gobierno regional ni del Gobierno Nacional, el alcalde Barboza no ha podido resolver problemas tan apremiantes como la falta de suministro continuo de agua potable.
Existen sectores donde el agua no llega desde hace cinco años, debido a la obstrucción de las tuberías. “En 22 años nunca compraron un compresor para limpiar las tuberías, las alquilaban o lo hacía la propia gente”, se queja el mandatario municipal.
El servicio de electricidad, depende del estado Táchira. Los desechos sólidos deben ser trasladados hasta Santa Bárbara, capital del municipio Zamora, o hasta El Piñal, en Táchira.
El principal establecimiento público de salud de El Cantón es el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Manuelita Sáenz. Cuenta con una sala de parto y una sala de odontología. Las salas de observación y cuidados intensivos serían reinauguradas el 1° de diciembre de 2023. El quirófano y el laboratorio están fuera de servicio. En la otra opción de asistencia médica, el ambulatorio rural doctor Daniel Ariza, ofrecen vacunación y consultas generales.
Los 22 años de gobierno chavista en el municipio Andrés Eloy Blanco no alcanzaron para concluir obras en beneficio de sus pobladores. La Aldea Universitaria donde se suponía se establecerían núcleos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) y de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), pero solo se ejecutó 60 % del proyecto y buena parte del área está engullida por la maleza.
La edificación de la Ciudad Judicial, donde funcionarían dependencias del sistema de administración de justicia, se paralizó. La construcción del Liceo Bolivariano El Cantón quedó a medias. La planta de saneamiento de agua, quizás una de las mayores necesidades de la localidad, nunca funcionó.
Los programas asistencialistas gubernamentales, entre ellos la venta de alimentos a precios subsidiados y distribuidos mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) siguen bajo el dominio de las estructuras del PSUV y se siguen usando para premiar la lealtad política al oficialismo o para castigar cualquier expresión opositora.
La guerrilla en la memoria
Algunos habitantes de El Cantón procuran bienestar en Colombia, porque en Venezuela no encuentran formas de mejorar su calidad de vida. Hay personas que tienen años sin ver ni tocar un Bolívar. Solo saben de la existencia de la moneda venezolana a través de operaciones de banca en línea. Todas las actividades comerciales se realizan en pesos colombianos, para transacciones domésticas; y dólares estadounidenses, para las operaciones de mayor cuantía.
Pero de la criminalidad que impera en la frontera con Colombia también proceden otros problemas. Durante los 22 años que el municipio Andrés Eloy Blanco estuvo bajo el mando de alcaldes chavistas, el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) se enquistó en la zona y ejerció el poder con violencia extrema.
En El Cantón se recuerda, aún con terror, “la ley de los boliches”, para referirse a la actuación brutal del FBL, con aquiescencia y en algunos casos complicidad de las autoridades locales, asegura Gabriela Chacón, actual presidenta de la Cámara Municipal de Andrés Eloy Blanco.
Chacón recuerda algunas de las demostraciones de fuerza por parte de “los boliches” y el terror que infundieron en la población. “No era fácil hacer política ni manifestarse en contra del oficialismo gobernante”, expresa Chacón. Recuerda el mes de mayo de 2017, cuando decenas de habitantes de El Cantón se concentraron en la entrada del pueblo para colocar unas cruces en señal de duelo y solidaridad con las familias de los jóvenes asesinados durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en la ciudad de Caracas.
Chacón cuenta que los boliches actuaron como grupo de choque para disolver la manifestación y los funcionarios de la Policía del Estado Barinas se lo permitieron. “Amenazaban a las mujeres con matarlas”, precisa la dirigente opositora.
Ella y Jackson Barboza trataron de evitar maltratos a la población, pero ambos se convirtieron en blanco de ataques. “A las 5:50 pm se metieron en la casa de Jackson, encañonaron a su madre y se llevaron una camioneta que, pocos minutos después, incendiaron”, cuenta Chacón.
Luego, emprenderían el ataque contra la actual presidenta de la Cámara Municipal: “Unos 10 boliches llegaron en un camión y en varias motocicletas. Cargaban mecates, pues ellos acostumbraban a llevarse a la gente amarrada. Los vecinos se armaron con palos y machetes para defenderme. Mis hijos y yo tuvimos que escapar por los techos de las casas contiguas a la mía”.
No fue fácil regresar a El Cantón: “La guerrilla sabía en todo momento dónde nos encontrábamos. Una semana después de huir del pueblo, nos ubicaron y nos llevaron a un hato. Allí, el boliche que estaba al mando nos hizo saber que no nos permitirían respaldar protestas contra el Gobierno”.
No solamente los dirigentes políticos de oposición eran amedrentados: “Las personas comentaban los mensajes amenazantes que comenzaban a circular a través de sus celulares. También se anunciaba el arribo de grupos de motorizados a la zona. Los comercios comenzaban a bajar las santamarías…”, recuerda la dirigente opositora.
Un productor agropecuario, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, cuenta que los boliches los extorsionaban. “Pero creo que hubo un divorcio entre el Gobierno y el FBL. Unos fueron exterminados, otros fueron apresados y otros se fueron de El Cantón”. Sin embargo, otros vecinos del pueblo consideran que los boliches siguen presentes en la zona, “pero actuando con bajo perfil”, acota.
En El Cantón, un pueblo más cercano a Colombia que a Barinas capital, la presencia de grupos del crimen organizado como los boliches emerge como una amenaza más que como un recuerdo; una amenaza contra el ejercicio del derecho al sufragio como un mecanismo democrático suficiente para lograr el cambio político pacífico al que aspiran sus habitantes.
Este es un trabajo colaborativo de Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
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