La ANC tomó posesión en agosto de 2017 y tiene poco avance que mostrar sobre un texto constitucional, lo que sí tiene es un gran prontuario de acciones que no le corresponden, como allanamiento de inmunidad a diputados, convocatoria de elecciones, y destitución y juramentación de funcionarios.

Caracas. El pasado 20 de mayo de 2017 se cumplieron dos años desde que se realizó la polémica votación para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y dicha instancia “celebró” la fecha extendiendo su vigencia hasta finales de 2020, en parte porque su razón de ser, redactar una nueva Constitución, aún está incompleta.

Esa misión, cuyo avance se mantiene anónimo ante la falta de información que emane de la ANC, ha sido desplazada durante los primeros años por otras labores, muchas de ellas fuera de las competencias de una constituyente. Allanamiento de inmunidad a diputados, convocatorias a elecciones y la elaboración de leyes (potestad de la Asamblea Nacional), han sido el principal foco de la institución que ahora comanda Diosdado Cabello.

Instalación y lucha por la Fiscalía General de la República

El 5 de agosto de 2017 fue la fecha en la que la ANC comenzó sus funciones, y una de sus primeras acciones fue “resolver” la crisis institucional que se generó cuando la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció la ruptura del orden constitucional a raíz de una serie de sentencias del TSJ en la que se atribuía funciones de la Asamblea Nacional.

Desde aquel momento, Ortega Díaz se volvió una figura crítica del presidente Nicolás Maduro y del chavismo en general, por lo que la ANC resolvió removerla del cargo e instalar en el mismo a Tarek William Saab, quien en aquel entonces era el defensor del Pueblo.

Instalar a Saab en la Fiscalía no fue lo único que la ANC hizo en contra de Ortega Díaz, ya que su esposo, el diputado Germán Ferrer, se convirtió en el primer parlamentario que vio su inmunidad allanada de forma inconstitucional por la acción conjunta de la ANC y del Tribunal Supremo de Justicia. Ese hecho también ocurrió el 5 de agosto de 2017, y Ferrer no sería el último diputado “procesado” por el órgano supraconstitucional.

Guerra contra la inmunidad parlamentaria

Después de allanar la inmunidad Ferrer en agosto de 2017, la ANC procedió a hacer lo propio en contra del diputado (VP) Freddy Guevara, entonces primer vicepresidente de la AN, a quien vincularon con los hechos violentos registrados en las protestas de ese año y por lo que el 6 de noviembre le allanaron su inmunidad. El diputado de Voluntad Popular logró refugiarse en la Embajada de Chile en Caracas, y evitó así su captura.

Para el 7 de agosto de 2018, se llevaba a cabo una investigación por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante un acto con militares en la avenida Bolívar.

Por ese hecho, el Gobierno vinculó a dos diputados de Primero Justicia: Julio Borges y Juan Requesens. A ambos parlamentarios les allanaron de forma irregular sus inmunidades y uno de ellos, Requesens, fue capturado por los organismos de seguridad del Estado.

Pasarían casi ocho meses para que otra inmunidad parlamentaria fuese allanada. El 2 de abril de 2019 el actual presidente de la AN, Juan Guaidó, fue víctima del procedimiento luego de que incumpliera una medida de prohibición de salida del país impuesta en su contra por el TSJ, desde entonces, el diputado del estado Vargas es investigado por las autoridades sin la protección de su fuero legislativo.
Pero fue mayo de 2019 el mes en el que la ANC rompería su récord de persecución contra los diputados de la República, esto luego de la insurrección cívico-militar del 30 de abril.

Como consecuencia de aquel hecho se les han allanado la inmunidad a 11 diputados, entre ellos el actual vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, quien inclusive fue detenido por el servicio de inteligencia del Gobierno.

El 7 de mayo la ANC violó la inmunidad de Simón Calzadilla, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Américo De Grazia, Henry Ramos Allup, Luis Florido y el propio Zambrano, y una semana después, el 14 de mayo, hizo lo propio contra Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores.

Convocatoria a elecciones

Otra de las atribuciones que la ANC se ha tomado durante su tiempo de existencia ha sido la de convocar a elecciones como forma de “validar” las autoridades que componen el Estado venezolano, algo que solo le compete al Consejo Nacional Electoral y que no forma parte de sus atribuciones según las leyes de la nación.

La primera de las elecciones que fue convocada por la ANC fueron las elecciones regionales a gobernador las cuales, durante la sesión del 12 de agosto de 2017, se convocaron para el 15 de octubre de ese año.

Tras aquellos comicios, la oposición denunció los resultados señalando una serie de irregularidades que no fueron atendidas por el CNE y que constituyeron ventajismo por parte del Gobierno.

Los gobernadores electos tuvieron que juramentarse frente a la ANC y todos menos uno, Juan Pablo Guanipa (Zulia), lo hicieron. En respuesta al desafío de Guanipa, la Constituyente ordenó que las elecciones en Zulia debían repetirse en la misma fecha de las elecciones municipales para alcaldes, las cuales fueron convocadas para el 10 de diciembre de 2017.

La tercera elección convocada por la ANC fue la elección presidencial de 2018, la cual originalmente debía llevarse a cabo en diciembre de ese año, pero que en la sesión del 23 de enero se convocó para el 30 de abril y en conjunto con los comicios de Consejos Legislativos de Estado y Concejos Municipales.

El CNE argumentó una serie de limitaciones técnicas para poder llevar a cabo esas tres elecciones en la misma fecha, y la elección presidencial se terminó llevando a cabo el 20 de mayo junto con la de Consejos Legislativos de Estados con un boicot de las principales fuerzas opositoras.

Las quintas y últimas elecciones que se realizaron bajo la orden de la ANC se convocaron el 1° de marzo de 2018 y se realizaron el 9 de diciembre de ese año, de nuevo sin el grueso de las fuerzas opositoras y con un amplio triunfo del chavismo.

Legislando por encima de la AN

Argumentando el supuesto desacato por parte de la Asamblea Nacional, la Constituyente ha asumido una de las principales funciones del Poder Legislativo, el de legislar y derogar leyes.

Han sido diversas las leyes que han aprobado desde la ANC, pero quizá la más polémica ha sido la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, un instrumento jurídico consignado por Nicolás Maduro el 10 de agosto de 2017 como parte de un esfuerzo para evitar la promoción de violencia política en el país.

La ley en cuestión establece pena de hasta 20 años de cárcel para personas que haga llamados a la violencia política y para aquellos que incurran en esta clase de delito. La oposición la ha criticado ampliamente y la ha señalado como un instrumento para censurar medios de comunicación y para la persecución de disidentes.

El 2 de agosto de 2018, la ANC también derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, lo que despenalizó una serie de transacciones en divisas en el país que anteriormente se encontraban prohibidas.

Constitución a paso de morrocoy 

El principal objetivo de un Constituyente es elaborar la Constitución, sin embargo la ANC en este sentido no ha avanzado.

Este martes, en una entrevista para Globovisión, el constituyente Loengri Matheus, admitió que apenas han avanzado entre 30 % y 40 % en la elaboración de la nueva carta magna.

“Hemos trabajado para el pueblo, haciendo el trabajo que la Asamblea Nacional (AN) no ha podido hacer. Estamos trabajando en la transformación del Estado y llevamos un 30 % o 40 % de la nueva Carta Magna”.

Aunque ni dio detalles de los temas que han adelantado, dijo: “Por los momentos, de la nueva Constitución se han discutido la mayoría de los temas y en este próximo año y medio vamos a consolidar el Poder Popular”.

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