A lo largo de 2018 las organizaciones lograron documentar la muerte de 15 mujeres en esta maternidad, riesgo que se incrementa cada día sin que el Estado asuma las obligaciones que le corresponden, aún más después del otorgamiento de las medidas, el 18 de marzo de este año.
Caracas. A casi dos meses de dictadas las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen garantías urgentes a las mujeres que acuden a la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, y al personal de salud que labora en ella, cuatro mujeres fallecieron tras haber presentado hemorragias y no poder recibir la atención médica que requerían debido a la falta de hemoderivados (glóbulos, plaquetas, plasma).
Ese dato lo llevaron las organizaciones no gubernamentales Women’s Link Worldwide, la Red de Mujeres Equivalencias en Acción, el Centro de Justicia y Paz, el Centro Hispanoamericano para la Mujer FREYA, Avesa y Mujeres en Línea –solicitantes de las medidas– ante la asamblea 172 del período de sesiones, celebrada el pasado 9 de mayo en Jamaica.
Los voceros dijeron que esta situación se produce por la falta de operatividad adecuada del banco de sangre de la Maternidad.
A lo largo de 2018 las organizaciones lograron documentar la muerte de 15 mujeres en este hospital público, riesgo que se incrementa en la actualidad sin que el Estado asuma las obligaciones que le corresponden, aún más después del otorgamiento de las medidas, el pasado 18 de marzo de este año.
Las organizaciones petitorias expusieron que el riesgo derivado de la falta de operatividad adecuada se ha agravado en las últimas semanas debido a los constantes apagones del país, que no solo impactan el suministro de energía eléctrica sino también de agua potable.
La Concepción Palacios cuenta con una planta eléctrica para afrontar los apagones, pero solo garantiza el suministro para una parte del hospital.
La energía que produce la planta no alcanza para bombear agua a las partes altas del centro médico, en donde están ubicados casi todos los servicios, por lo cual es muy común que el personal de salud no tenga la posibilidad de lavarse las manos adecuadamente para brindar la atención. Si a esto se le suma que el hospital no garantiza el suministro de productos de limpieza, desinfección ni esterilización, es evidente el riesgo de salud al que se exponen las mujeres, los recién nacidos y el mismo personal que allí trabaja.
Como si esto fuera poco, dijeron los solicitantes, existe una falla en el manejo de las aguas servidas, lo cual agrava la situación de insalubridad y obliga a que constantemente los servicios sean suspendidos.
Actuación rápida
La CIDH, el pasado 18 de marzo, solicitó al Gobierno de Venezuela que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de las parturientas y sus bebés que son atendidos en la Maternidad Concepción Palacios.
A la fecha el Estado no ha respondido a las solicitudes de información emitidas por las CIDH y actúa como si no se ha enterado de las medidas cautelares, en las que le recomendaban garantizar la provisión de los insumos, medicamentos, materiales y requerimientos necesarios para dar una atención efectiva a las emergencias, dentro del ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, inclusive coordinando mecanismos de referencia adecuados entre establecimientos de salud.
También le sugería en la resolución 13/2019, entre otros argumentos, asegurar que las personas beneficiarias se encuentren en condiciones de salubridad adecuadas y que se cuente con los medios suficientes, incluyendo personal médico, para atender estas situaciones, incluyendo servicios de infraestructura, electricidad y agua necesarios para tales servicios, conforme a los estándares aplicables.
La Maternidad Concepción Palacios, ubicada en la parroquia San Martín del municipio Libertador de Caracas, es un hospital público especializado en atención gineco-obstétrica. Tiene una capacidad de atención y cobertura mayor al resto de los hospitales de este tipo, por lo cual se remiten allí a pacientes con complicaciones médicas –tales como abortos inseguros, riesgo de muertes maternas, etc.–, y llega a alcanzar hasta 40 % de la atención de todo el país.
No obstante, en la actualidad, en este centro se afrontan tres principales fuentes de riesgo: infecciones, hipertensión arterial y hemorragias. En los dos primeros supuestos, ello se debe a que no garantiza el acceso a antibióticos o remedios por falta de existencias debido a su elevado costo; mientras que –en el caso de las hemorragias–, las parturientas con desnutrición o anemia presentan complicaciones, hasta tal punto que un simple sangrado es susceptible de ser fatal en cuestión de momentos.
Por tal motivo, las citadas ONG solicitaron a la CIDH medidas de protección. A la sociedad civil se le pidió información sobre la situación interna de la maternidad, y si bien no se pudieron detallar las circunstancias del fallecimiento, en el caso de los 15 decesos de 2018, explicaron que al menos cinco de ellas fueron calificadas como “muertes maternas” y específicamente relacionadas con casos de hipertensión arterial.
De acuerdo con el personal del hospital, estas muertes se precipitaron como consecuencia de la atención institucional deficiente y las serias condiciones de precariedad.
En estas circunstancias, las organizaciones solicitantes identificaron hasta 18 temas de preocupación al interior de la maternidad y que en su conjunto reflejarían la grave crisis que atraviesa, que pueden agruparse en tres categorías: funcionamiento de los servicios, estado de las instalaciones y recursos disponibles.
La CIDH también fue informada de la falta de insumos y materiales médico-quirúrgicos que hacen deficiente la atención en los servicios como laboratorio clínico, banco de sangre, anatomía patológica, radiología, anestesiología, pediatría y neonatología, terapia intensiva, salas de parto, quirófanos, emergencia y alimentación. Esto conlleva a demoras prolongadas para la realización de un examen especializado; obstáculos para obtener un diagnóstico; dificultades para obtener y preservar plasma; ausencia de equipo necesario para realizar biopsias y otras tomas, lo cual resultaría de gran importancia para la detección temprana de cáncer de cuello uterino y otros controles prenatales.
Para una contextualización de la situación que se vive dentro de este hospital, se debe señalar que la capacidad de atención de la Maternidad Concepción Palacios solía ser de 1200 mujeres por mes. Actualmente su capacidad es solo de la mitad de este número por la falta personal médico, disponibilidad de insumos médicos y servicios básicos como agua, electricidad, entre otros.
A los solicitantes les resulta inaceptable que el Estado esté dejando morir a las mujeres embarazadas y a sus hijos recién nacidos, puesto que son muertes por definición evitables. Si a esta cifra registrada en 2018, se le suma el aumento de la mortalidad materna en el país, que de 2015 a 2016 subió un 65 %, es posible inferir el grave impacto que la crisis humanitaria ha generado en los servicios de salud destinados específicamente a las mujeres.
Foto: Archivo Crónica.Uno
Participa en la conversación