El médico cardiólogo Enrique Fermín es el candidato del partido Unión Progreso por el circuito 3 de Caracas. Propone legislar en temas como la economía y la salud y oponerse, desde el Parlamento, a la llamada ley antibloqueo a la que considera “una expresión de un autoritarismo extremo”.
Caracas. Como muchos otros de sus colegas, el doctor Enrique Fermín estuvo fuera del país. Entre junio y diciembre de 2019 vivió en Chile, una experiencia que le marcó. “Me conmovió mucho ver la cantidad de venezolanos que han migrado. La cantidad de médicos venezolanos que estábamos en ese momento en Chile. Me conmoví por esa situación y decidí hacer algo por el país, decidí regresarme a Venezuela”.
Fermín, quien ha trabajado durante 30 años en el Hospital de Clínicas Caracas y es especialista en cardiología intervencionista, regresó a Venezuela el 18 de diciembre de 2019 y poco tiempo después el partido Unión Progreso, que lidera el excandidato presidencial Eduardo Fernández, le pidió que fuera el candidato a diputado de esa organización en la circunscripción 3 de Caracas, que agrupa a las parroquias San Agustín, San Pedro, San José, San Bernardino, La Candelaria y El Recreo. “Ellos me ofrecieron participar como candidato de la sociedad civil, como independiente, en el circuito”.
El médico, quien fue fundador de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista (Soveci) y presidió esa organización, indicó que está haciendo una “campaña de contacto” con las personas. Considera que es necesario participar y llegar a la Asamblea Nacional (AN) para impulsar leyes que permitan salir de la hiperinflación que vive el país, mejorar la seguridad social y el sistema de salud y oponerse a la llamada ley antibloqueo, a la que considera inconstitucional. “Tenemos que apostar a reinstitucionalizar el país”.
¿Cómo ha enfrentado temas como el de la gasolina y la pandemia en la campaña electoral?
—Es una campaña atípica. Hemos tenido que hacer una campaña, como se dice coloquialmente, de creatividad contra el dinero. El Gobierno, a través de sus partidos y las organizaciones que están aliadas con el chavismo, han invertido una gran cantidad de dinero en campaña publicitaria a través de la radio, la televisión, afiches, vallas. Como no contamos con esos recursos económicos hemos tenido que hacer una campaña muy creativa, logramos reunir una colaboración, una donación para hacer algunos volantes y con eso hemos salido a la calle a tener contacto, persona por persona, explicándoles a los ciudadanos la necesidad de votar para evitar que los responsables de la tragedia que tenemos se adueñen de la AN. Hemos tenido que apelar, gracias a Dios contamos con eso, a las redes sociales, WhatsApp, Instagram y Twitter y creo que, en medio de la adversidad, hemos diseñado un perfil de campaña que ha tenido una buena acogida entre las personas.
Existe un debate sobre participar o no, ¿qué le responde al que considera que ir a las elecciones es convalidar algo que viola la Constitución?
—Hay que estar claro que estas elecciones corresponden hacerse en diciembre de este año, según la Constitución, debido a que a la AN que fue electa en 2015 se le vence el periodo. Hemos vivido una polarización extrema, que lo que ha hecho es acabar con la institucionalidad del país, prácticamente no tenemos AN.
Existen dos o tres asambleas, dos aparentemente legales, y otra que es la ANC, con un presidente que se considera presidente interino, que responde a unas organizaciones políticas y a unos intereses políticos determinados. Por otro lado, está el presidente de la República, electo en mayo de 2018, que es Nicolás Maduro. Vemos que el país está, desde el punto de vista institucional, en un caos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apostar a reinstitucionalizar el país, por eso creo que un paso importante es conquistar una nueva AN, con mayoría opositora, no dejarle ese espacio al Gobierno.
Si no votamos, nos dividimos, ellos van a quedar, como pasó en 2005, solos en la AN. No va a haber un contrapeso institucional que pueda oponerse y regular las políticas del Ejecutivo. De tal manera que no hago de esto un juicio de valor o un hecho principista, pero creo que no ir a votar es un error. Debemos participar porque hoy, más que nunca, están dadas las condiciones objetivas para derrotar al Gobierno electoralmente. Cuando estás en la calle ves que el rechazo es mayoritario y en vez de aprovechar ese rechazo, para derrotarlo electoralmente y avanzar en la posibilidad de desplazarlo del poder a mediano plazo, vamos a quedarnos en las casas y dejar que ellos conquisten el único espacio que no tienen, que es la AN.
Hay quienes argumentan que en 2015 ya se ganó, pero el TSJ impidió a la AN cumplir con sus funciones declarándola en desacato. ¿No ocurriría lo mismo en esta oportunidad?
—Puede ocurrir cualquier cosa, pero no debería ocurrir porque hay que aprender de los errores cometidos. Al ganar la mayoría de la AN tenemos que dedicarnos a las dos funciones que tiene la AN: una es legislar y la otra es controlar. Controlar significa vigilar las políticas que realiza el Ejecutivo. Tenemos que legislar para el bienestar de los ciudadanos, el problema más importante es el problema económico, pues el salario real de los trabajadores es menos de un dólar.
Tenemos que promulgar leyes, que haya una política económica o empujar al Gobierno a que ejecute una política económica, que nos permita salir, por ejemplo, de la hiperinflación, que nos permita estabilizar una moneda nacional, que nos permita rescatar el poder adquisitivo de los trabajadores. Una de las cosas que pueden hacerse es interpelar y eventualmente destituir al directorio del Banco Central de Venezuela (BCV). Según el artículo 318 de la Constitución, uno de los objetivos del BCV es velar por el fortalecimiento de la moneda nacional, que no haya inflación. El BCV ha pasado a ser un cero a la izquierda que no tiene políticas ni independencia y ha fallado en su misión encomendada por la Constitución. El directorio del BCV debería renunciar. Una vez que estemos en la AN debemos interpelarlos y el articulo 319 plantea que, si no cumple con sus objetivos, ese directorio puede ser destituido.
¿Qué otras propuestas legales van a llevar a la AN?
—Como médico me preocupa e importa mucho el tema de la salud. Hoy en día la asistencia pública de salud está totalmente deteriorada. Hemos planteado que la salud debe ser una prioridad legislativa y una prioridad presupuestaria. Planteamos que tiene que haber un presupuesto justo, en el sentido más amplio de la palabra. No solo para garantizar buena dotación de la estructura física y el instrumental para la asistencia hospitalaria, también para garantizar sueldo digno y adecuado para los trabajadores de la salud.
Hay dos leyes, una ley que se aprobó en 1998, la ley orgánica de la salud y otra la ley orgánica de seguridad social que se aprobó en 2012. Ambas leyes, en este momento, pareciera ser que no existieran, porque el deterioro en la asistencia de salud es enorme. Planteamos revisar estas dos leyes; si están vigentes, que cosas necesitan verificarse, si hay que añadir un articulado o si por el contrario es necesario fundir estos objetivos en una sola ley de seguridad social integral, que permita garantizar la seguridad social y la asistencia en salud a todos los ciudadanos.
La llamada ley antibloqueo ¿Cómo van a hacer frente a ese instrumento que limita las competencias de la AN?
—Esa ley antibloqueo es una huida hacia adelante del Gobierno. Previendo que pueda perder la AN, en las próximas elecciones, ha aprobado esa ley que sin duda es una expresión de un autoritarismo extremo. Es muy peligroso, porque plantea que son los funcionarios públicos los que pueden catalogar cuáles políticas pueden ser consideradas un secreto y no someterse a la vigilancia y la contraloría de organismos como la Contraloría General de la República y la AN. Esa ley es inconstitucional, de tal manera que desde la próxima AN hay que oponerse a la aplicación de esa ley. Sabemos que eso va a ocasionar un enfrentamiento político, pero nosotros estamos en el deber de impedir que se ejecuten políticas económicas y el manejo del presupuesto nacional sin la debida supervisión de los órganos contralores, como son la Contraloría General de la República y la AN.
Foto: Cortesía Enrique Fermín
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