Habitantes y activistas denunciaron que los Clap no solucionan el problema de la alimentación y profundizan la escasez en los municipios donde gobierna la oposición.
Carlos Crespo/@CarlosCrespoR
Cumaná. El desabastecimiento en el estado Sucre, mucho más pronunciado que en el centro del país, ha provocado que sus habitantes tengan que recurrir a alimentos como sardinas, mangos y masa de maíz para sobrevivir. Los desórdenes del pasado martes en Cumaná fueron precedidos por pequeños focos de saqueos de negocios y camiones, sobre todo en la Troncal 9, una vía nacional en donde los vehículos de carga transitan con lonas para ocultar lo que transportan.
“Hemos visto con dolor como madres, con un muchacho en los brazos, saquean una cava o una gandola en la troncal por hambre”, señaló Antony Leonicio, vocero principal del comité de alimentación de un consejo comunal de Marigüitar, en el municipio Bolívar.
Aunque el Gobierno indicó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) acabarían con el “bachaqueo” y el desabastecimiento, en el estado Sucre su actuación es cuestionada por las comunidades y los activistas sociales denuncian discriminación en el reparto de la comida. “Los Clap no los vemos como una solución, lo que traen es más miseria y hambre”, señaló Leonicio.
A pesar de que fue el 7 de junio cuando el Gobierno nacional oficializó que 70% de la producción de alimentos sería distribuida a través de los Clap, en Cumaná esta disposición viene cumpliéndose desde unas dos semanas antes.
El presidente de la Asociación de Expendedores del Mercado municipal, Silfrido Ramos, señaló que los productos regulados dirigidos a ese mercado son desviados por las autoridades gubernamentales. “Están matando a la institución y su función social de atender las necesidades del pueblo. No rinden cuenta de lo que se llevan, a los adjudicatarios no se les ha cancelado la mercancía”. Situación que se repite en otras entidades.
Recientemente el Gobierno anunció la llegada de más de 500.000 toneladas de alimentos, pero según los industriales, ello no es suficiente. Las empresas trabajan a una menor capacidad por la falta de insumos y, por ello, la escasez aumenta. Lo que padecen los sucrenses.
Las largas colas para comprar comida en supermercados y panaderías son rutinarias en los municipios de la entidad. Para muchos habitantes los Clap no han mejorado en nada la distribución. Este es el caso de Gregoria Rojas, quien vive en el popular barrio Brasil de la capital del estado. “En el Clap de mi barrio no ha llegado nada. No nos llega nada desde hace 7 meses, cuando las elecciones. La situación es horrible, no hay arroz, ni espaguetis, ni nada”.
Leonicio relató que esta realidad obliga a muchas madres a comer una sola vez al día para que sus hijos puedan alimentarse mejor. “Hace dos semanas muchas comunidades recibieron los Clap y lo que traían era una bolsa de caraotas, una de harina, una de jabón en polvo, toallas sanitarias y un atún y costaban mil y pico de bolívares. Meten cosas que no resuelven el problema nutricional de las comunidades”.
Este planteamiento fue ratificado por el activista de la Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre (Incide), Simón Fuentes, quien señaló que las bolsas de comida sólo llegan una vez al mes y con pocos alimentos. “La gente se queja, porque aquí se come mucha pasta y arroz y eso no viene en las bolsas”.
Solo para el Psuv
El estado Sucre es el que tiene el mayor porcentaje de personas pobres por línea de ingresos en el país con 55,2% (533.070 personas) de acuerdo con las últimas cifras publicadas por Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre del segundo semestre de 2013. Esto quiere decir que más de la mitad de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y otros servicios.
Y frente a una severa crisis, habitantes y activistas sociales detallaron que las bolsas de comida son vendidas, preferencialmente, a activistas del Psuv y amigos de los miembros de los Clap. “Hay una total discriminación política, venden como quieren, de la manera que quieren y condicionan las ventas, maltratando al pueblo”, expresó Leonicio.
El integrante del consejo comunal de Marigüitar denunció que el Consejo Legislativo del Estado Sucre (Cles) aprobó una iniciativa del gobernador, Luis Acuña, de enviar recursos a los Clap, excluyendo a los municipios Bolívar y Arismendi, donde las autoridades son de la oposición. Indicó que a pesar de que los consejos acudieron a las puertas del Cles junto al alcalde del municipio Bolívar, Luis Daniel Cabezas, no se les permitió ingresar para participar en el debate.
“El dirigente del Psuv aquí en el municipio Bolívar, Juan Carlos Guerra, nos dijo en nuestra cara que los Clap eran un beneficio político solo para el que pensara como el Gobierno, que eso no iba ser destinado para el enemigo de la revolución y ellos no podían entregar las armas de la revolución a los que querían la cabeza de Maduro. Él acompaña al gobernador en hacerle imposible la vida a los habitantes del municipio por la única razón de que pensamos diferente”, añadió.
Ya en días pasados, el Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, dijo que los Clap son un instrumento político y la gobernadora de Cojedes, Érika Farías, aseveró que las bolsas no serán para los “escuálidos”.
El activista agregó que Fundacomunal y el Ministerio de las Comunas se niegan a hacer elecciones para renovar a los consejos con la intención de que éstos pierdan legitimidad ante los organismos oficiales. “Los Clap están tomados por los líderes y jefes de las UBCh”, denunció.
El integrante de Incide, Estelin Kristen, agregó que incluso dentro del propio Psuv existe discriminación. “En las comunas y bases de misiones llega semanalmente la comida y en otros sitios no, entonces hay consejos comunales de primera y de segunda”.
Mercado sin comida
Por la baja producción, también cae la distribución. Ramos indicó que los 752 locales que funcionan en el mercado de Cumaná laboran con un inventario muy limitado.
“Tenemos 9 meses que no recibimos carne regulada. Se vende lo que llega, ahorita lo que vendo es pollo”. El comerciante exhortó al Gobierno a sincerar los precios de los productos para que estos vuelvan a los anaqueles. “Cómo voy a vender el kilo de carne a 250 bolívares si cuesta 2300 o 2400 bolívares en canal”, señaló.
Ramos agregó que la municipalidad no invierte lo requerido en el mercado. Esto ha provocado que el sistema de enfriamiento de cavas de carne de res y de legumbres tenga más de dos años sin funcionar. “Ha sido irresponsable que no se invierta en esto para mantener la calidad del producto”.
Asimismo, señaló que “los egresos son mayores que los ingresos” en la institución municipal y ni siquiera han podido cambiar los pipotes de basura del mercado. “No podemos comprar ni un rastrillo. Le propusimos al alcalde que haga que los negocios que no pagan impuestos cumplan con su deber para autofinanciarnos y en vez de escucharnos lo que hizo fue mandar a hacienda”.
Aseveró que en las instalaciones y a las afueras del mercado se producen unos 240 robos mensuales (8 diarios) y que no se instaló el sistema de cámaras que solicitaron los comerciantes para prevenir estos delitos. “Se instaló el sistema en el estacionamiento y no aquí adentro donde se producen 80% de los robos”.
A las afueras del establecimiento tanto comerciantes formales como informales se quejaron por las dificultades para encontrar mercancía y por los precios cuando las consiguen. Esto ha hecho que algunos tengan dos o tres negocios para poder sobrevivir. “Lo que gano aquí sólo me sirve para pagar el alquiler, tengo otro negocio de lotería con el que me mantengo”, dijo un vendedor que pidió la reserva de su nombre.
Fotos: Miguel González
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