La ONG Aula Abierta informó que entre marzo y agosto de 2020 se registraron 151 incidentes de inseguridad en las universidades públicas de Venezuela. Este escenario y la crisis económica alimentaria en el estado Zulia han obligado a los jóvenes estudiantes zulianos a cambiar los libros por un trabajo que asegure el pan en su mesa.
Maracaibo. La falta de recursos y la paralización que ha sufrido el sistema educativo en el Zulia debido a la cuarentena social por la COVID-19, cada vez más ha obligado a los jóvenes a dejar la universidad para dedicarse a otras actividades que generen dinero para poder hacer frente a la crisis. Vendedores informales, mototaxistas y prestadores de servicio de delivery son algunos de los trabajos por los que han optado los estudiantes zulianos.
Al menos 12 horas debe trabajar Roger Maldonado para poder subsistir. El joven de 22 años de edad dejó su carrera como estudiante de Ingeniería Mecánica, en una universidad privada de Maracaibo, para dedicarse a trabajar como taxista.
En junio nos dijeron que la universidad iba a cerrar porque no había matrícula suficiente para abrir más de la mitad de las carreras. Ese día me sentí como si un tractor me pasara por encima, me desplomé”, cuenta el estudiante.
Roger vive con su abuela en un barrio del oeste de Maracaibo. Cuenta que su tía dejó el país hace dos años para ayudar económicamente a la familia.
Cuando me gradué de bachiller enseguida mi tía me dijo que me pagaba la universidad, pero a medida que fue pasando el tiempo la cosa se fue apretando, el dinero que enviaba mensualmente ya no rendía igual, así que decidí hacer rifas entre mis compañeros de universidad y conocidos para ahorrar, por si algo pasaba, pero jamás pensé terminar así”, cuenta.
Al cabo de un año y medio, Roger logró reunir 300 dólares: “Con ese dinero quería pagar el paquete de grado y comprar mi anillo de graduación como ingeniero, pero cuando me quedé sin estudios decidí comprar esta moto para trabajar”.
Con 200 dólares más que le regaló su pariente, el muchacho compró la moto de segunda mano y comenzó a hacer carreritas. Con la voz quebrada suelta: “Hay días buenos y malos. La calle es dura, la policía te para a cada rato porque piensan que eres malandro, y los verdaderos malandros te quitan dinero para dejarte trabajar”.
Tanto trabajar
En una jornada de 12 horas de trabajo, el mototaxista puede hacer un aproximado de 12 dólares; eso para él es un día bueno. También recibe comida a cambio del servicio, pago móvil y transferencia: “He aprendido estos últimos meses del año que todo lo que caiga es bueno. Hay que reinventarse y no quedarse atrás, porque, si no, tu oportunidad se la lleva otro”.
Las ganas de seguir estudiando no cesaron en Roger, por eso se inscribió en la carrera de Informática en un tecnológico público del oeste de la ciudad; sin embargo, la pandemia terminó de paralizar las actividades y actualmente no tiene certeza de continuar.
De algo me tengo que graduar. Yo quiero tener un título, aunque no sea de ingeniero. Ahora me siento en el aire, porque los profesores dejaron de responder y no sé qué va a pasar este año nuevo. Estudiar en este país es imposible”, concluye Maldonado.
Para Karla Velazco, subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta en el Zulia, la permanencia de los estudiantes zulianos en el sistema educativo a distancia en el contexto de la COVID-19 es una modalidad “inviable en Venezuela”.
Sin universidades, sin libertad académica no hay democracia, que tiene un vínculo indisoluble con el respeto a los derechos humanos. Las universidades son el espacio ideal para el pensamiento crítico, para la producción del conocimiento científico, que permite la evolución y el desarrollo de la sociedad. Por eso exigimos respeto para los estudiantes”, expresa Velazco.
La pandemia redujo las oportunidades de estudio
El estado Zulia arrastra desde 2019 deficiencias relacionadas con los servicios básicos, como electricidad, internet y agua corriente. Para este año, con la entrada del virus de la COVID-19 a Venezuela, las oportunidades de los estudiantes zulianos se redujeron a tal punto que la supervivencia fue la prioridad.
Chiquinquirá Velazco, de 20 años, dejó sus estudios de Enfermería para vender productos de limpieza por litro, de casa en casa. Dejó el quinto semestre por la mitad. Indica que los profesores dejaron de cargar asignaciones en la plataforma de la universidad de un momento a otro.
Desde que comencé a estudiar he tenido que luchar con los apagones, las fallas de internet y las demás cosas de la casa, como buscar agua en las plazas y rebuscarme para comer. Para mí, este año fue fatal porque abandoné lo que más amo para sobrevivir, lamentablemente, primero es la comida”, sostiene.
Karla Velazco es tajante: “Los estudiantes tienen que tomar una decisión, o seguir estudiando o trabajar para llevar el pan a su casa. Es una situación difícil y agravada con el contexto de la COVID-19 y el distanciamiento social. Tratar de acudir a unas clases virtuales, donde no hay condiciones en los servicios públicos como el internet y electricidad, con cortes de hasta seis horas al día y la conexión es prácticamente nula, es una tarea titánica, es difícil continuar con un proceso de aprendizaje en estas condiciones”.
Según las cifras de Aula Abierta, entre marzo y agosto de 2020 se registraron 151 incidentes de inseguridad en las universidades públicas de Venezuela, es decir, 30 incidentes mensuales que se traducen en una media de 1,1 incidentes diarios. “Al menos 87 de ellos afectaron actividades docentes, lo que, por supuesto, vulnera el derecho a la educación de calidad”, refiere la representante de la ONG.
Francisco Fonseca, de 19 años de edad, es otro caso. El estudiante zuliano de Artes Audiovisuales, becado por la Alcaldía de Maracaibo, perdió el beneficio este año debido a problemas con la plataforma.
“Me aparece una materia sin cursar, cuando sí lo hice. Los problemas con el internet y la plataforma de la universidad me hicieron perder la beca. Ahora tengo que esperar la reasignación. Metí los papeles de nuevo pero nunca me llamaron”, lamenta.
Actualmente, Francisco trabaja como productor radiofónico en una emisora regional, con un salario de 1.300.000 bolívares quincenales, de los cuales 1.000.000 gasta en cambiar por efectivo para ir una vez cada 15 días a su lugar de trabajo.
Quise estudiar Artes Audiovisuales porque está relacionado con el trabajo y me quiero superar. Prácticamente trabajo para los pasajes, pero quiero aprender para conseguir algo mejor. Ahora sin estudios lo veo difícil”, relata el joven que ya perdió un semestre y se ayuda haciendo delivery en bicicleta por la ciudad.
Fonseca denuncia también: “En la sede de la alcaldía que maneja las becas estudiantiles hay gestores que piden 30 dólares para reasignar la beca de nuevo y yo no los tengo. Me siento frustrado, porque un semestre en mi universidad cuesta 1470 dólares y yo no tengo para eso. El pobre no puede estudiar en Venezuela”.
Velazco refiere: “Aula Abierta insiste en que el gobierno venezolano cese la violación de los derechos humanos en los entornos universitarios, como el derecho a la educación, la libertad académica y la libertad de expresión, el derecho a reuniones pacíficas y parar la asfixia presupuestaria de las casas de estudio a nivel nacional; que cese el silencio ante los incidentes de inseguridad en las universidades del país, y que existan políticas públicas en beneficio de reconstruir las universidades, mejoramiento de salarios de profesores, becas estudiantiles y servicios de comedores, transporte, bibliotecas”.
Según la organización no gubernamental, el año 2020 cierra con 2400 jóvenes estudiantes universitarios a escala nacional en peligro de no continuar sus estudios debido a las restricciones en el acceso a los servicios públicos básicos de electricidad e internet, lo que afecta seriamente el proceso de aprendizaje.
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