Cuatro clínicas consultadas por Crónica.Uno están trabajando al máximo de su capacidad para recibir pacientes de COVID-19. Todas las camas están ocupadas. Otro obstáculo para los venezolanos es el límite del seguro médico y hasta dónde es capaz de cubrir la hospitalización de un caso de COVID-19.
Caracas. Los síntomas comenzaron el domingo 9 de agosto. La temperatura llegó a 39° y tenía mucho cansancio. La familia ya sabía del malestar de Eugenia* y comenzaron a tener miedo por los cuentos que habían escuchado de personas que luego de hacerse la prueba rápida se llevan a hoteles, o hasta el mismo Poliedro de Caracas.
La fiebre se mantuvo. No cedía. Eugenia, a sus 65 años de edad, es una mujer bastante activa. Sin embargo, de joven fue fumadora, pero lo dejó hace aproximadamente 20 años. Es madre de cuatro mujeres y todas le han dado nietos. Hoy en día vive en la parroquia La Pastora, del municipio Libertador de Caracas, junto a su esposo.
Como Eugenia no mejoraba, sus hijas decidieron llamar al pediatra de la familia para ver cómo las podía ayudar. Siempre es importante la opinión de un médico. Él empezó a atenderla vía remota y le pidió un perfil 20. Los resultados arrojaron que tenía algunos niveles alterados. El doctor insistió en que se mantuviera en observación y que repitiera los exámenes. No descartaba que fuera COVID-19.
Esa noche Eugenia se desmayó dos veces. La tensión aumentó. Una de sus hijas decidió ir hasta su casa para ayudar a cuidarla. Se sumaron otros síntomas como la diarrea. Fue una noche difícil.
Cuando amaneció se vistieron para ir a una clínica en San Bernardino. Apenas llegaron, les pidieron que esperaran en un cuarto. Estaban encerradas. Se acercó una doctora con trato amable y les comentó que ella consideraba que tenía todos los síntomas de COVID-19, pero que debía hacerse la prueba rápida para descartar. En ese centro de salud solo tenían el test rápido en 45 dólares.
Ahí comenzó la angustia económica. Pagar tanto dinero por una prueba que no da la certeza de estar contagiado. Luego tenían que buscar para que le hicieran la PCR. No sabían qué hacer hasta que le propusieron que se hiciera los rayos X en el tórax. En efecto se veía una infección en los pulmones.
Los médicos insistieron en que no podían empezar con el tratamiento para COVID-19 porque el seguro médico no lo cubría. Los familiares preguntaron por qué y las respuestas no eran claras, solo insistían en que, al menos esa empresa aseguradora, no estaba dando respuesta. No les quedó más que buscar otro centro de salud.
Eugenia se volvió a montar en el carro y estaba muy débil. Fueron a una clínica en La Candelaria y los doctores insistieron desde que llegaron que el seguro no cubría la atención médica para ese posible contagio de COVID-19. De todas maneras le tomaron la vía sanguínea.
Que no quisieran aceptar el seguro médico puso a los familiares muy nerviosos porque, cuando se comunicaron con un trabajador de la compañía, les afirmó que no había solicitudes de ninguna clínica que, en todo caso, ellos pudieran rechazar. “El muchacho del seguro nos confirmó que estaba de guardia y no había llegado nada”, contó a Crónica.Uno Daniela, sobrina de Eugenia.
El miedo se apoderó de ellos y se manifestó con molestia. Los familiares pedían explicaciones, los médicos decían su versión. Uno de los doctores decidió escribir un informe que decía que la paciente debía ser atendida en un hospital por tener síntomas aparentes de COVID-19. Eugenia salió de esa clínica con la vía puesta y sin atención.
Quisieron agotar otra opción: llamaron a un conocido que trabaja en una clínica en La Florida y les dijo que sí atienden casos de coronavirus, pero que no había camas disponibles. Todos los cupos estaban llenos. Averiguaron en otras clínicas de Caracas que clasificaron como “clase A”, porque para poder ingresar sin un seguro médico era necesario un abono de 20.000 dólares.
Entre toda la familia sacamos cuentas y era imposible llegar a esa cantidad de dinero. Más aún cuando ni siquiera sabíamos si en verdad tenía COVID-19”, manifestó Daniela.
Luego de muchas horas, pasar todo el día recorriendo Caracas y llamar a clínicas, a Eugenia no le hicieron la prueba de COVID-19. Los médicos solo creían que era posible por los resultados de sus exámenes y síntomas, incluso llegaron a pensar que habían pasado uno o dos días desde que la enfermedad comenzó a agarrar cuerpo.
Se devolvieron para La Pastora y consiguieron que un médico les mandara un tratamiento para la casa. Están tratando que una neumonóloga amiga de la familia la examine para determinar si intentan ingresar a un hospital. “Esa sería nuestra peor pesadilla”, expresó Daniela que reconoce el mal estado del sistema hospitalario público del país.
Más allá de la atención médica que persiguen los familiares de Eugenia, es el temor a ser señalados y estigmatizados en su comunidad. Una vecina se enteró de que Eugenia está enferma posiblemente de COVID-19.
La familia pasó toda la noche sin dormir con miedo a que la vecina los denuncie y alguien vaya a buscar a mi tía para aislarla en un hotel”, lamentó Daniela.
Sin capacidad
Cuatro clínicas consultadas por Crónica.Uno están trabajando al máximo de su capacidad para recibir pacientes de COVID-19. En la policlínica La Arboleda hay diez cupos, de los cuales, solo cuatro son para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
En la clínica El Ávila tienen habilitados dos pisos con 32 camas para hospitalización y nueve en UCI. La policlínica Metropolitana pasó de 13 a 25 camas en las últimas semanas, y el Centro Médico Docente La Trinidad es uno de los centros con mayor capacidad, con 46 camas.
Los médicos han sido enfáticos en resaltar la necesidad de acelerar los resultados de las pruebas PCR para que sea más rápido el manejo de pacientes que se recuperan y deben recibir el alta médica. Para esto, proponen la descentralización de los laboratorios donde se procesan las pruebas confirmatorias de COVID-19 y resaltan la capacidad técnica y profesional de otros centros donde podrían analizar las muestras.
“Estamos a tope. Tan es así que hemos tenido que poner pacientes que deberían estar en la Unidad de Cuidados Intensivos fuera de ella. Son medidas drásticas para poder salvar la vida. La situación es grave”, aseguró el segundo presidente de la clínica El Ávila, Héctor Marcano, y destacó que solo tienen nueve camas de terapia intensiva.
Médicos y directores de clínicas privadas no descartan que puedan ampliar la capacidad para admitir a más contagiados de COVID-19, pero eso implica una serie de recursos como equipos, personal, tratamientos, infraestructura, comida y todos los aspectos que, en general, integran el concepto de cama hospitalaria.
En contraste, la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, aseguró el pasado 6 de agosto que firmó un convenio con representantes de las clínicas privadas de la capital con el objetivo de asegurar la atención de los contagiados de COVID-19. Sin embargo, no detalló cuáles centros de salud forman parte del acuerdo, qué recursos aportará la Alcaldía de Caracas y en cuánto tiempo se va a materializar la ayuda.
“Se agotó el seguro”
Luis Núñez, de 70 años de edad, ingresó a una clínica privada del municipio Baruta, estado Miranda, por una deficiencia respiratoria moderada-grave. Los médicos le hicieron los estudios y confirmaron que era positivo para COVID-19. Esa misma tarde decidieron trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos.
Pasaron 17 días de hospitalización hasta que llegó el mensaje. “Se agotó el seguro médico”, le dijeron a su hijo Francisco Núñez. Además, la empresa aseguradora le advirtió que tenía una deuda de 6000 dólares por gastos adicionales.
No quedó más remedio que vender los dos carros de la familia, pero, aún así, no tenían suficiente dinero para seguir pagando los días siguientes del tratamiento y hospitalización.
Un amigo de la familia que es abogado les aconsejó que redactaran una carta de exposición de motivos, especialmente para resaltar la dificultad económica que les impedía seguir pagando. En paralelo, buscaron ayuda en hospitales, CDI, e incluso, visitaron el Poliedro de Caracas que hace poco fue habilitado para recibir casos de coronavirus. En ningún lugar había capacidad para recibir a Luis.
La carta la mandaron vía correo electrónico con miedo a que la clínica paralizara el tratamiento por la falta de pago. No tuvieron respuesta esa tarde. Nueve horas después, falleció Luis.
La Cámara Aseguradora de Venezuela precisó el 14 de marzo, un día después de que se confirmaran los primeros dos contagiados del virus en el país, que por lo general las pandemias son excluidas de los tratamientos que cubren los seguros, pero decidieron dentro de sus pólizas los casos de COVID-19, e incluso tienen comunicación con el organismo regulador para monitorear cualquier situación y tomar medidas para continuar atendiendo a los asegurados.
Distintas empresas de seguros confirmaron en ese momento que se cubrirían los gastos “dentro del límite de la suma asegurada” e incluyen la atención de las fallas respiratorias leves hasta insuficiencias respiratorias que requieran hospitalización.
María Del Carmen Bouffard, presidenta de la Asociación Aseguradora de Venezuela, respondió en una entrevista para la emisora Unión Radio que la suma que cubren las pólizas de salud en el país para la atención de la COVID-19 dependerá de la moneda en que esté negociada (bolívares o dólares) y la dificultad del tratamiento.
En algunos casos, lamentablemente, se agota, mientras que en otros ha asumido la totalidad del monto. Esto depende de la capacidad de cada empresa”, sostuvo.
Con el crecimiento del número de casos diarios en Venezuela, el sector asegurador también ha visto una mayor demanda del requerimiento por los venezolanos de solicitar el uso de su seguro. El país ya concentra 30.369 casos de COVID-19, 21.385 recuperados y 259 muertes.
*Eugenia es un nombre ficticio para proteger su identidad
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