La ministra para el Servicio Penitenciario del gobierno de Nicolás Maduro, Iris Varela, informó que desde este jueves comenzará el traslado de los reclusos del Cepella a otros centros penitenciarios, para implementar el nuevo régimen penitenciario. El 1° de mayo se registró un motín en la cárcel en el que asesinaron a 47 reclusos.
Caracas. Este jueves 14 de mayo, a las 6:00 a. m., comenzó la evacuación del Centro Penitenciario Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa. Según la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, es el proceso para avanzar hacia la implementación del nuevo régimen penitenciario.
Varela dijo que llevarán a los reclusos a otros penales y le avisarán a cada uno de los familiares. El gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles, publicó la información en su cuenta de Instagram la noche del miércoles 13 de mayo.
El viernes 1° de mayo se registró un motín en la cárcel de Guanare, en el que fueron asesinados 47 reclusos y 67 resultaron heridos, según cifras del Ministerio Público. Entre las versiones de lo ocurrido, Una Ventana a la Libertad maneja que los reclusos protestaron porque los funcionarios no les pasaban el alimento completo y se generó un tiroteo.
Sin embargo, la versión del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, es que uno de los pranes del penal –el gobierno de Maduro les llama líderes negativos– fue detenido fuera del penal y esto generó una manifestación dentro de la cárcel.
“Tenían un conductor de facto y lo detienen porque cometía delitos, tenía hasta una granada en su poder, y en represalia por esta detención, este sujeto inicia las acciones usando de escudos humanos a la población penal”, declaró el miércoles 13 de mayo.
Saab aseguró que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos, al contrario, utilizaron las armas de fuego.
El Ministerio Público imputará a 10 personas por esta masacre: cinco son efectivos de la GNB, cuatro pranes del penal y el director del Cepella, Carlos Benito Graterol, a quien Saab señaló como cómplice en el delito de introducción de armas de fuego al centro penitenciario.
Cuarentena favoreció más la corrupción
Desde el pasado 17 de marzo, cuando Nicolás Maduro decretó la cuarentena nacional por la pandemia de COVID-19, los familiares de los privados de libertad tienen prohibidas las visitas en penales y centros de detención preventiva. Sin embargo, les permiten llevarles diariamente los alimentos.
Hasta el miércoles 13 de mayo, con dos meses de confinamiento, hay 440 casos de COVID-19 confirmados en Venezuela, según cifras del gobierno de Maduro.
Según un informe especial de Una Ventana a la Libertad sobre los 50 días de cuarentena, la decisión de suspender las visitas para evitar los contagios, en lugar de proveer las medidas de seguridad requeridas, dejó a los detenidos, y a sus parientes, a merced de acciones irregulares de los custodios.
Los investigadores de la ONG han documentado que no les permiten la entrada de alimentos o solo entregan una parte. También, que les cobran cuotas de dinero para dejarles ingresar la comida o hacer visitas clandestinas no permitidas.
En 50 días hubo nueve huelgas de hambre, con la participación de aproximadamente 1000 detenidos. El motivo de la mayoría de estas manifestaciones fue el temor a ser contagiados por el nuevo coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo.
Los investigadores detectaron que los funcionarios de custodia son agentes de contaminación de la COVID-19, porque entran y salen de los calabozos y no emplean las medidas preventivas.
El hacinamiento es uno de los graves problemas y con la pandemia aumenta el riesgo de contaminación, sobre todo de las enfermedades respiratorias como la tuberculosis. En los calabozos no hay condiciones higiénicas, no hay agua ni una adecuada limpieza.
Familiares han denunciado a Crónica.Uno, en ocasiones anteriores, que diariamente deben llevarles envases con agua para que se bañen y para su consumo. Señalaron que no hay ventilación, en su mayoría los reclusos no reciben luz solar y hacen sus necesidades en bolsas plásticas o en los mismos envases que les llevan cargados con agua.
Una Ventana a la Libertad registró solo cuatro jornadas de desinfección por la COVID-19, y como parte de medidas de descongestionamiento, en 50 días, excarcelaron a 404 reclusos: 375 hombres y 29 mujeres,
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