“Si en condiciones normales, ya ellos padecen de invisibilidad social, falta de dolientes, de defensores proactivos, retardos procesales, denegación de justicia. Hoy día, todo ello se está viendo aún más agravado por las medidas preventivas a propósito del estado de alarma decretado para la prevención del COVID-19”, dice la ONG en un comunicado.
Caracas. Usando la premisa “ellos no tiene dónde quedarse”, para referirse a los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (los que viven en la calle, los institucionalizados, los dejados atrás y los migrantes solos) la organización Proadopción, en medio de la coyuntura generada por la pandemia alerta a todos los actores sociales, gubernamentales y ONG del Sistema de Protección, para apoyar solidariamente en la resolución o restitución del derecho a vivir en familia.
En un comunicado enviado, la organización dice que a todos estos venezolanos se les violó y se les viola su derecho humano a tener, permanecer y disfrutar del amor, los cuidados y la protección de su familia; su derecho constitucional a criarse, crecer y desarrollarse en el seno de su hogar de origen.
Se refiere, por ejemplo, a aquellos que permanecen o buscan subsistir en calles y avenidas de nuestras ciudades, “las autoridades en estos momentos de cuarentena no saben en realidad qué hacer con ellos. En muchos casos su protección o resguardo resulta improvisado, espasmódico, forzoso y hasta violatorio de su libertad, siendo trasladados a instituciones inadecuadas; incluyendo centros de cuidados residenciales, utilizados para ejecutar medidas privativas de libertad a adolescentes en conflicto con la ley penal”.
También Proadopción hace referencia a los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable privados o desprovistos de cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y recalca que se encuentran hoy recluidos bajo medidas de protección, administrativas y judiciales —que justifican la desvinculación de su medio familiar y comunitario— en instituciones de cuidados residenciales, entidades de atención o casas hogares.
Los jóvenes, reza el comunicado, permanecen no solo aislados socialmente por las medidas preventivas, propias de esta pandemia, sino expuestos a mayores riesgos de contagio que cualquier otra persona, niño, niña o adolescente que viva exclusivamente con su núcleo familiar.
“Sufren en este tiempo, la suspensión de las actividades tribunalicias y la consecuente parálisis de sus procesos judiciales y de sus medidas de protección. Procesos clave por medio de los cuales se determina qué se debe decidir de forma expedita, la solución más adecuada para restituir a cada niño su derecho a vivir en familia y egresar así de la institución de cuidados provisorios”.
“Si en condiciones normales, ya ellos padecen de invisibilidad social, falta de dolientes, de defensores proactivos, retardos procesales, denegación de justicia. Hoy día, todo ello se está viendo aún más agravado por las medidas preventivas a propósito del estado de alarma decretado para la prevención del COVID-19”.
Con esta contingencia prácticamente indefinida de la pandemia, ocurre y se agrava el deterioro de sus vínculos y relaciones afectivas con los miembros de su familias de origen.
Se lee en el comunicado que se produce, por ejemplo, una restricción o suspensión forzosa de las visitas de sus familiares o responsables (aquellos que las reciben, pudieran y debieran recibirlas). “Ameritan todos ellos, apoyo psicosocial para atravesar con el mínimo de trauma y daños el encierro, aislamiento y sensación de abandono. Así también, enfrentan la imposibilidad material, de vincularse y ni siquiera poder iniciar procesos de emparentamiento, en aquellos casos que tal medida sea lo procedente”.
Este llamado o alerta se produce a 38 días de corrida de la cuarentena aplicada por el gobierno de Maduro para prevenir la COVID-19, y busca visibilizar el olvido en el que están sumergidos los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable.
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