En hoteles y hospitales centinelas quienes esperan por los resultados de la prueba PCR-RT para saber si son portadores del COVID-19 son apartados de sus familias y obligados a compartir espacios con otras personas en confinamiento. Expertos alertan que esta situación pone en evidencia las fallas en la capacidad diagnóstica supeditada a un solo laboratorio que procesa solo 600 pruebas diarias, insuficientes para atajar la creciente demanda.
Caracas. Al sur de Monagas, en el hogar de los Rivero, Rosa* y su esposo —el nombre fue cambiado a petición de los pacientes— viven en una zozobra permanente. Desde el 21 de mayo esperan por el resultado de la prueba molecular (PCR-RT) para saber si su nieta de dos años de edad es o no portadora del virus COVID-19.
Pero la limitada capacidad de diagnóstico y procesamiento del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INH) en Caracas —el único acreditado para procesar la prueba—, los deja sin respuesta. Mientras transcurren los días, la angustia se incrementa para la familia y la niña, que cumple más de 22 días aislada junto con su madre, sin presentar síntomas.
Rosa Rivero explicó que recibió a un grupo de médicos comunitarios que llegó a su casa a practicarles el examen molecular el 21 de mayo, dos días después de que el mayor de sus hijos retornó de Brasil a través de Boa Vista. Uno de los focos infecciosos más concurridos de la frontera.
Solo en esa localidad, capital de Roraima, el flujo de refugiados y migrantes venezolanos es tan numeroso que la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) habilitó al inicio de la cuarentena un área de atención con capacidad de 1200 camas para dar seguimiento a los casos sospechosos de COVID-19.
Pese al riesgo y aunque el gobierno de Nicolás Maduro reportó hasta el 2 de mayo que 23.872 venezolanos habían regresado al país a través de la frontera en busca de protección contra la pandemia, al hijo de Rosa se le permitió regresar a su casa ignorando los protocolos epidemiológicos.
Él debía cumplir la cuarentena en la frontera pero le realizaron una prueba rápida y como salió negativa, los médicos le dieron el permiso para volver. El resultado no era seguro y todos quedamos expuestos“, dijo.
Encerradas, aisladas y sin una confirmación
Aunque la PCR-RT descartó la presencia del virus en el resto de la familia, el resultado de la niña nunca llegó. En promedio, el procesamiento de una prueba molecular tarda entre dos a tres horas pero en el país solo el INH se encarga de analizar las pruebas. A ese factor se le suman los problemas de movilidad y la falta de gasolina, lo que dificulta el envío de las muestras.
A la espera de una confirmación, la nieta de los Rivero fue trasladada junto con su madre a un hospital centinela de la zona. Allí permanecieron hasta el 8 de junio cuando fueron reubicadas en un hotel.
Es difícil para la niña. Es pequeña y no entiende por qué no puede volver a su casa. Está inquieta, no pasa la arepa con pollo sancochado que le dan y tenemos miedo de que se contagie al compartir espacio con otras personas”, enfatizó Rivero.
Rivero insiste en que la situación de incertidumbre que afecta hoy día a su familia pudo evitarse si a su hijo —tío de la niña— le hubiesen descartado el virus sometiéndolo a la prueba molecular en la frontera. Pero la disponibilidad de PCR-RT para atender la creciente demanda es limitada.
Pocas pruebas confiables y muchos casos
En una alocución el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que hasta el 9 de junio se realizaron 1.046.118 pruebas que equivalen a 34.871 por millón de habitantes, pero no detalló cuántas eran test rápidos y cuántas pruebas moleculares.
La prueba molecular, conocida como prueba de reacción en cadena a la polimerasa (RT-PCR por sus siglas en inglés) es el única aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detectar en tiempo real el material genético del virus en la muestra de la secreciones respiratorias extraídas de las vías respiratorias.
Las pruebas serológicas, de anticuerpos o test rápidos, ofrecen un resultado en 10 minutos pero no son confiables y no están avaladas por la OMS. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicó a finales de mayo que este tipo de exámenes arrojan resultados equivocados 50 % de las veces.
El 22 de mayo en su cuarto reporte de situación sobre la COVID-19, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que Venezuela había practicado 16.577 PCR, lo que equivale solo a 2,37 % del total de pruebas aplicadas. Es decir, diariamente se hacen y se procesan unas 600 PCR-RT confirmatorias.
Para expertos en epidemiología, la aplicación de test rápidos, la restringida capacidad de diagnóstico y la flexibilización de la cuarentena, ahora que el país se acerca al pico de contagios, se perfila como el caldo de cultivo para la propagación del virus en entornos comunitarios donde es más acentuado el subregistro.
El subregistro se genera cuando los casos notificados de una enfermedad son menores a los que realmente existen. Bien sea por deficiencias diagnósticas o por dificultades en la vigilancia y seguimiento epidemiológico.
Flexibilización podría incrementar el contagio
José Felix Oletta, exministro de Salud y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología, aseguró que la aplicación de test inadecuados dejan sin identificar a personas asintomáticas portadoras de la enfermedad que salen a la calle y hace caso omiso al aislamiento. “Registros que dan seguimiento a la movilidad comunitaria demuestran que a partir del 1° de junio se relajó aún más el acatamiento de estas medidas de 60 a 30 %”.
Ya en su informe la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela ubicaban el subregistro de las cifras entre 63 y 95 % para mediados de mayo. Pero ahora con la nueva fase de flexibilización y el temor de las personas a ser víctimas de tratos crueles mientras están confinadas en hoteles y hospitales, este porcentaje podría incrementarse.
En ese sentido, Oletta puntualizó que la pandemia en el país se dirige a su fase de expansión con 4000 casos diarios para finales de junio y en el escenario más leve con 1000 casos por día para septiembre. Por lo que desestimó la decisión del Ejecutivo de suavizar las medidas de aislamiento cuando aún no se han roto las cadenas de transmisión.
Para Alejandro Rísquez, jefe del Departamento de Salud Pública de la escuela de medicina Luis Razetti, la flexibilización de la cuarentena y la reanudación de la actividad económica, responde a la presión social ejercida por los sectores de la población que dependen del sustento diario para mantenerse en medio del colapso que afecta al país.
Existe la falsa seguridad de que el país no está mal pero cuando las personas comiencen a saludarse de beso y abrazo aumentará drásticamente los casos y podríamos caer en lo que nadie desea: un incremento de los contagios comunitario”, dijo.
Rísquez indicó que ni los países con los sistemas de salud más preparados resistieron el crecimiento exponencial en corto tiempo. Un escenario que se patenta en la realidad con un aumento de 513 casos detectados por semana desde finales de mayo hasta el 8 de junio, según datos publicados por el Ministerio de Salud.
El epidemiologo y miembro la Sociedad de Puericultura asegura que además de la fallas técnicas es evidenciable la carencia de insumos y recursos, pues desde hace 15 años se redujo la disponilidad de camas.
Según el Global Health Security Index 2019, Venezuela es uno de los tres países de la región con menos camas hospitalarias: solo 80 por cada 100.000 personas. Eso a pesar de que Maduro asegura que el total disponible para atender a pacientes con COVID-19 es de 23.762.
Frente a estas perspectivas nada alentadoras, Rísquez destaca que el país, en comparación con otras naciones, cuenta con una ventaja: “A diferencia de países de Europa y Asia tenemos una población joven con menos probalidades de complicarse gravemente y morir; los adultos mayores son una minoría. De darse un aumento descontrolado de casos este factor será el único en jugar a nuestro favor”, destacó.
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