El Gobierno insiste en señalar que el aumento de casos de COVID-19 se debe al ingreso de venezolanos al país. Unas 29.389 personas regresaron por Táchira; 12.017 por Apure; 5581 por Zulia; 2000 133 por Bolívar, 109 por Amazonas y 300 por La Guaira. Ya en marzo Maduro había asomado que estarían disponibles un total 4000 camas en distintas instalaciones hoteleras.
Caracas. “Es una situación similar a la que se ve en las cárceles, uno afuera esperando para entregar la comida. Me pasó con mi hijo, a quien las FAES golpeó muy fuerte y se llevó detenido. Fueron dos días angustiantes y ahora (se repite) con mi hija, que está allá adentro en ese hotel en cuarentena con los que pasan la frontera. Siento que eso ya lo había vivido”.
Con el llanto contenido y la voz entrecortada Jackeline Suárez hablaba con su hija a través de un teléfono móvil. Las separaba, no una frontera, sino los cuatro canales de la avenida Las Acacias más seis pisos.
La hija se asomaba por la ventana, se llevaba la mano a la frente y por segundos se escondía detrás de la cortina.
Ninguna de las dos mujeres, aunque sabían la posición de cada una, se veían la cara. Hablaban con la mirada en el vacío. Jackeline estaba parada justo al frente del hotel Bruno, donde están alojando a los venezolanos que logran cruzar la frontera del sur del país en medio de la cuarentena. Su hija lleva ahí 15 días aislada en una habitación que comparte con otra mujer.
Jackeline se recostó de la pared, se secó las lágrimas y agarró aire. Sabía que el teléfono iba a repicar de nuevo.
Ya con más calma, respondió: “Estoy aguantando, no puede ser posible tanto abuso. Hay que jalarle a esa gente para que puedas mandarme la ropa sucia. Hasta la comida la querían revisar, pero no dejé”, dijo muy molesta.
Ella no ha salido positivo en las pruebas, no sé por qué hacen esto, tiene una bebé de tres años y no la ha podido ver desde que llegó hace 25 días. Primero estuvo cuatro días en un refugio en la frontera, la trajeron al hotel Plaza Mayor en Bellas Artes y desde hace 15 días la tienen aquí aislada. Siento que revivo lo que sufrí con mi hijo”, contó.
Ese déjà vu lo sintió en el momento que trancó la llamada. Por eso su llanto en silencio.
14 días en cuarentena
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno de Nicolás Maduro, ha dicho en reiteradas oportunidades que la mayoría de los infectados con COVID-19 provienen de países vecinos. Por lo tanto, el Gobierno decidió decretar toque de queda en los municipios fronterizos de los estados Zulia y Bolívar.
“Todos los venezolanos que ingresen desde Colombia, Brasil, Ecuador y Perú deben cumplir 14 días de cuarentena. El presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de generar cordones sanitarios para atender a los miles y miles de connacionales que están entrando por Táchira, Zulia, Apure y Bolívar”, dijo Rodríguez.
Esta medida de aislamiento forzosa ya se aplicaba a finales de marzo en Barquisimeto, cuando aproximadamente 90 venezolanos que regresaron de Cúcuta fueron custodiados por efectivos militares hasta la Villa Bolivariana.
También para esa fecha llegaron otros 80 ciudadanos locales en un vuelo humanitario proveniente de República Dominicana, que fueron contenidos para descartar el virus en la ciudad vacacional Los Caracas, en el estado Vargas.
Los venezolanos entraban graneados tras la activación del Plan Vuelta a la Patria contingencia COVID-19 desarrollado por el Ejecutivo Nacional. De igual manera han retornado de Perú y Chile.
Del total, 29.389 regresaron por Táchira; 12.017 por Apure; 5581 por Zulia; 2133 por Bolívar, 109 por Amazonas y 300 por La Guaira.
Ahora bien, la medida de aislamiento para los migrantes, dijeron los voceros del Gobierno, se radicalizó debido al repunte de casos en estas dos últimas semanas. A mediados de mayo Venezuela no llegaba a los 500 enfermos y para el 25 del mismo mes se contabilizaron 1177, un aumento de más de 100 %.
El 25 de mayo Rodríguez precisó que, entre el 9 y el 25 de mayo, Venezuela reportó 789 casos de COVID-19, de los cuales 605 (77 %) corresponden a connacionales que retornaron desde Colombia, Brasil, Chile, Perú y Ecuador.
La hija de Jackeline regresó por Apure. Llegó al país el 1° de mayo. “Salió a llevar a Colombia a unos niños, la mamá los estaba esperando allá. De regreso se encontró con la medida de cierre de la frontera. Pero esto ha sido una calamidad”.
En 15 días Jackeline solo le ha podido dar un cambio de ropa a su hija. Este lunes 25 le llevó jabón y desinfectante. “Un poquito es lo que tenía. Y con el agua que te mandé aprovecha para que te bañes”, le encomendó.
La mujer, que caminaba en redondo en un radio no mayor a los seis metros, expresó que no puede ir todos los días al hotel. Trabaja por día. Si la llaman tiene que ir, pues depende de ese ingreso. “Además, para llegar hasta aquí tengo que pedir cola desde El Valle, no tengo efectivo”.
En la entrada del estacionamiento del hotel Bruno una miliciana recibía a los familiares. Les revisaba las bolsas, la mayoría con ropa, comida y agua. “Nadie puede subir a las habitaciones. Tampoco pueden salir de ellas”, recordaba.
En la prolongación de la avenida Las Acacias están tomados por el Gobierno del Distrito Capital (GDC) los hoteles Bruno, Odeón, El Naranjal, Terminus y Gabial.
En cada uno hay funcionarios del gobierno local y milicianos, y aunque estos repiten que no están autorizados para dar información, uno de ellos se quejó de las condiciones.
“No pongan mi nombre, pero aquí lo que uno recibe son sanciones, pedí unos guantes y me dijeron que mi trabajo era estar aquí y obedecer, y mi seguridad y mi salud dónde quedan. Aquí hasta a esta gente le traen la comida tarde, el desayuno casi al mediodía, no hay agua para tomar, a veces no hay agua para que se bañen. Hay niños muy pequeños, por ejemplo, en el Terminus, aún cuando son las 11:00 a. m. no han desayunado. Esto es muy triste cómo los tratan”.
Este trabajador tenía su carnet de la dependencia municipal pegado en el pecho y solo tenía una mascarilla para protegerse.
“Te muestro mis apuntes. Hace 21 días desde que estoy desplegado aquí y he podido anotar algunos datos: en el Odeón había 91 personas, en El Naranjal 21 y en el Gabial 65. Luego hice un registro hace 15 días y en el Odeón quedaban 54. Pero la dinámica es que salen unos y entran otros”.
Este lunes a eso de las 11:00 a. m. estaban esperando el envío de agua potable. “Traigan agua para el consumo”, decía una de las milicianas a los familiares de los que pasan la frontera. Otras de las cosas que pedían los de logística eran pañales y toallas sanitarias.
La prolongación de la avenida Las Acacias está cerrada desde el cruce con la avenida Venezuela hacia Bello Monte. En la intersección con la avenida Casanova hacia Plaza Venezuela un piquete de estudiantes de la UNES gritaba por los parlantes que no había paso, salvo para el transporte público.
El tránsito es solo peatonal y no es poco. A cada rato pasan dos, cuatro, seis personas por la acera del frente de los hoteles, sin más precaución que el uso del tapabocas.
No se cumple cuarentena
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, dijo que entre 40 y 50 hoteles de la Candelaria, Bellas, Artes, el centro, Altagracia El Recreo y Plaza Venezuela fueron ocupados para aislar a quienes entran a Venezuela.
“El problema es que no les llevan comida a tiempo y eso ha puesto en riesgo la cuarentena, muchos no resisten el acuartelamiento y salen de las habitaciones a buscar sustento. Entonces en la zona se ve más afluencia de personas que van a llevarles ropa y medicinas. Otro tema, por ejemplo en La Candelaria, es que están dándose protestas por la mala calidad de los servicios y, ahora, la policía y los militares están obligando a que todo tiene que estar cerrado a las 12:00 m. Es una problemática tremenda”.
Por ejemplo, del hotel Terminus salieron varios niños a jugar en la acera. Una miliciana los regañó y mandó a sus habitaciones. Pero de nada sirvió porque los muchachitos se fueron a corretear por los alrededores de La Previsora y de la estación del Metro de Plaza Venezuela.
A dos cuadras está el hotel President, que también tiene un área habilitada para los nacionales que cruzaron la frontera. Los vigilantes del recinto dijeron no saber cuántos son. “No les he visto la cara, pues no pueden salir del área confinada”, manifestó uno de los porteros.
Y en la avenida La Salle, subiendo de la fuente de Plaza Venezuela, hacia la avenida Andrés Bello está el Nilson.
En la puerta no hay nada que avise que las instalaciones fueron tomadas por el GDC. En la recepción se ve una venta de chucherías y de artículos personales. Unas tres camionetas rústicas estaban aparcadas en el estacionamiento. Todo en orden y en silencio.
La encargada de la recepción sin ningún problema dijo que tenían 16 habitaciones donde estaban 36 venezolanos. “Les pedimos que no cruzaran la puerta y que se mantuvieran en silencio para no tener problemas con la clientela”.
Los dos milicianos apostados a la entrada del área aislada no dieron información más detallada. Solo indicaron que todo está a cargo del GDC, hasta la comida.
En el Plaza Mayor de Bellas Artes, el militar del Ejército a cargo dijo que toda información al respecto la debía dar Zodi capital con sede en Fuerte Tiuna. Sin embargo, por vía extraoficial se conoció que tenían ocho habitaciones ocupadas en dos pisos por quienes pasan la frontera.
En el Paseo Las Mercedes, por su parte, Jairo Ortega, médico comunitario, dijo que tenían aisladas a 93 personas a las que a los 10 días se les hacía el PCR y, de resultar negativos, las daban de alta preventivo.
En ese grupo están el hermano y el sobrino de la docente Carmen Pino, quien les estaba llevando artículos de higiene personal. “Fueron a comprar a Cúcuta y los agarró la cuarentena, pudieron pasar por una trocha, entre varios pagaron una cuota a los paramilitares que caían de los árboles como mangos, pero ya están aquí”, comentó.
¿Acuerdos preñados de solidaridad?
Leudo González, directivo de Conseturismo, explicó que desde las asociaciones, tanto regionales como locales, ha habido de alguna manera gestiones con el Gobierno desde el comienzo de la pandemia para tratar el uso de las instalaciones de alojamiento que no tenían actividad comercial.
“Ese primer encuentro se hizo con la Gobernación de Miranda, particularmente, y se prepararon los protocolos. Fue un tipo de negociación diferente a la observada en Caracas, en cuanto a la forma de acercamiento. Entiendo que los hoteleros con Miranda definieron las condiciones generales de funcionamiento y pudimos ayudar a las regiones en la preparación de los sitios. Se pudo acondicionar, por ejemplo, en Carabobo con la Villa Olímpica, el centro de convención Hugo Chávez en Margarita y otros sitios deportivos en Lara”, dijo González.
Pero luego, completó, hubo la necesidad de acondicionar otros sitios en la medida en que entraban más connacionales. Había que atenderlos y ubicarlos para que hicieran su cuarentena en algunos establecimientos hoteleros.
“El acuerdo se hizo con cada asociación local y a diferencia de 2010, en esta oportunidad ha habido una coordinación. Ahora, ¿hasta dónde llegará, cuánto tiempo permanecerán las personas? Eso se debe manejar particularmente con las autoridades”.
González no dijo la cifra exacta de cuántos son. Habló de decenas en el área metropolitana, en Las Acacias, Plaza Venezuela, el centro, hacia Miranda, algunos de naturaleza turística otros no.
“Pero a nosotros se nos abordó apelando a los principios de solidaridad y colaboración por el evento de la pandemia y, por otro lado, se nos comprometieron con el suministro de seguridad y sanitario. De los que sí no estoy muy seguro es de que hayan pautado convenios económicos por el uso y disfrute de esos establecimientos”, aclaró.
En noviembre de 2010, 53 hoteles de Distrito Capital fueron ocupados por la emergencia generada por las lluvias. La situación fue más allá del voluntariado. A los dueños les hicieron firmar un documento en el que entregaban sus instalaciones por 30 días. Alrededor del 80 % de los 53 hoteles fueron ocupados de manera parcial, quedando para los damnificados entre 10 % y 50 % de las habitaciones.
En el ámbito nacional fueron 170 los hoteles tomados bajo una medida que sería temporal. Cosa que no ocurrió, pues el Gobierno fue incorporando damnificados sin planificación previa y llegó a ocupar hasta 100 % de su capacidad, anulando cualquier posibilidad de negocio casi durante un año. En algunos casos fue por más tiempo.
Al final, muchas de estas instalaciones quedaron con la infraestructura destruida, puertas, baños, ventanas, colchones, equipos domésticos fueron destruidos y no hubo indemnización a los propietarios.
El pasado 21 de marzo se anunció esa nueva ola de ocupación debido a la COVID-19, y para esa fecha ya el Gobierno había asomado que estarían disponibles un total 4000 camas en distintas instalaciones para los que pasan la frontera.
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