Carlos Correa, director de Espacio Público, aseguró que no hay data oficial de procesados por delitos de instigación e incitación al odio. La organización no gubernamental documentó al menos 102 casos de personas privadas de libertad por esta legislación.
Caracas. Al menos 102 casos de personas privadas de libertad por delitos asociados a la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia tiene registrada la organización por la defensa de la libertad de expresión Espacio Público.
Su director, Carlos Correa, alertó sobre las dificultades para documentar y acompañar estos casos, muchos de ellos relacionados con libertad de expresión, ya que no hay datos oficiales y muchas personas han preferido no revelar las causas de sus retenciones.
“Nosotros hemos documentado más de 102 casos en relación con la Ley contra el Odio. Otras organizaciones hablan de cerca de 1000, pero no sabemos en las distintas fases, si fueron amnistiados o no y ese es un problema, la ausencia de datos oficiales”, dijo el periodista durante una rueda de prensa en las afueras del Palacio de Justicia, este lunes, 19 de octubre.
Explicó que estos datos deberían ser informados por la fiscalía y los tribunales, pero aseguró que, en medio de la incertidumbre, Espacio Público sabe que hay personas que siguen injustamente detenida por la aplicación de esta norma que será reformada para despenalizar sus delitos.
Se sostiene la criminalización
Se espera que la reforma de este instrumento legal se discuta en los próximos días en el seno de la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el proyecto de los cambios presentados por la comisión especial se ajusta a parámetros constitucionales.
Fue con la sentencia que declaró la conformidad de la reforma, con la que se conoció el contenido del proyecto que, aunque despenaliza los artículos, mantiene disposiciones que según Espacio Público podrían ser empleadas para criminalizar a la sociedad civil y a periodistas por sus opiniones.
“El proyecto elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, el agravante genérico, la revocatoria de concesiones, el bloqueo de portales y la prohibición de inscribir partidos políticos, e incorpora una prohibición expresa de las medidas privativas de libertad”, sostuvo Espacio Público en un comunicado.
No obstante, en la reforma las sanciones ahora las impone el Ejecutivo y el ministerio con competencia en justicia decidirá los procedimientos.
Además, siguen presentes definiciones genéricas y se establecen multas que van de 500 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, lo que equivale a entre 500 y 10.000 euros
“Está ley tiene que derogarse y el país debe ajustarse a los parámetros internacionales, no puede ser que en Venezuela esté criminalizandose una cuestión tan vaga e imprecisa como la que establece esa ley porque el odio político no es para nada ajustado al criterio internacional”,
explicó Correa.
El periodista destacó que es necesario ajustar la normativa general venezolana a estándares internacionales y promover procesos judiciales garantistas, que eviten que detengan a una persona por pensar distinto.
También la organización insistió en sus peticiones que incluyen el sobreseimiento de causas asociadas a la Ley contra el Odio, la libertad plena de las personas procesadas, la extinción de penas y antecedentes, el levantamiento de bloqueos, la revisión de concesiones y reparaciones integrales para las víctimas del instrumento legal.
El último periodista en juicio
Espacio Público, a cargo de la defensa del estudiante de Comunicación social, Jonathan Carrillo, el último trabajador de la prensa judicializado, exigió la liberación plena del joven acusado de delitos “infundados” y sin base.
Previo a la audiencia del juicio que se sigue contra Carrillo, y que se desarrolla la tarde de este lunes, Correa sentenció que la culminación del proceso del joven marca también la libertad de todo el gremio de periodistas
“Esperamos que hoy Jonathan efectivamente tenga el sobreseimiento de su causa. Esto es un juicio absolutamente temerario (…) El expediente afortunadamente pudimos revisarlo y no hay nada que lo incrimine y claramente ha sido injusto”,
dijo.
Por su parte, el propio Carrillo insistió en su inocencia y en los vicios en los que se ha incurrido en este proceso que lleva más de cuatro años y que lo mantuvo tras las rejas duran te tres años y siete meses, acusado de cinco delitos relacionados con el intento de ingreso ilegal de un ciudadano extranjero.
“Cada vez que vengo a un audiencia de juicio mis familiares en Ciudad Bolívar, y mi madre, viven la peor pesadilla. Por eso estoy aquí exigiendo justicia y libertad plena”, dijo este joven estudiante del noveno semestre de Comunicación Social.
Lea también:
Hospitales oncológicos de Caracas tienen equipos inoperativos y postergan citas hasta el próximo año
