Según denunciaron representantes de la alianza agrominera Mamá Pancha, les estarían cobrando 25.000 dólares por documentos que son gratuitos.
Ciudad Guayana. La alianza agrominera Mamá Pancha introdujo un recurso contencioso administrativo en el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, en el que denuncia una serie de irregularidades en la emisión de documentos para ejercer legalmente la minería.
Además acusan al ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básica, Héctor Silva, de ser presunto cómplice.
Yonicet Barreto, presidenta de la alianza agrominera Mamá Pancha, aseguró que por el Registro Único Minero (RUM), el cual debería ser gratuito, se les cobra por $25.000.
También responsabilizaron a Desiré Hidalgo, directora del despacho ministerial, como presunta responsable de vender el Registro Único Minero (RUM).
Barreto explicó que la alianza recibió el acuerdo para operar el 5 de diciembre de 2023. Desde entonces, enfrentan dificultades para desarrollar sus actividades, a pesar de que cuentan con documentación ambiental y otros permisos.
Sin embargo, denunció que las autoridades no les entregan el RUM, la carta de inicio de operaciones ni el acta de arrime que deben consignar ante el Estado venezolano.
La excusa que les dan es una supuesta migración del sistema. No obstante, aseguró que otras alianzas sí reciben los documentos sin inconvenientes.
“Nosotros nos hemos negado a que tengamos que cancelar esto porque son documentos gratuitos. Es una trama de corrupción que se viene dando dentro del Ministerio de Minas”.
Detalló que 80 % de las alianzas mineras en Bolívar se ven afectadas por esta situación. El RUM funciona como una identificación que les permite gestionar las guías necesarias para trasladar insumos hacia las minas. No contar con ello les limita el trabajo, lo cual afecta directamente a 100 trabajadores de esta alianza.
Amedrentamiento contra trabajadores
Por otra parte, denunciaron actos de persecución por parte de cuerpos de seguridad, el 22 de septiembre pasado. Según Gipsy García, vicepresidenta de la alianza, una comisión armada acudió al área de trabajo y solicitó verbalmente la paralización de sus actividades y de otras operaciones mineras.
Pero alegan que sin presentar documentación que justificara la medida por parte de la Corporación Venezolana de Minería.
“Nosotras sí tememos por nuestra seguridad”, expresó.
Recurso judicial
El abogado Gabriel Aguilar explicó que el recurso contencioso administrativo busca que los tribunales se pronuncien sobre la falta de respuesta del Ministerio de Minas.
De no obtener una decisión favorable, aseguró, continuarán por las vías legales correspondientes.
Barreto afirmó que la alianza dispone de una autorización del Ministerio de Ambiente, identificada como AARN, que, explicó, les permite ocupar el espacio donde desarrollan sus actividades.
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