Durante la entrega de la Orden Academia de Ciencias Políticas y Sociales Juan Germán Roscio, los abogados a cargo de la ONG Foro Penal destacaron la necesidad de que la justicia vuelva a servir a las necesidades de la ciudadanía y no del poder .
Caracas. Para el Foro Penal, organización no gubernamental en defensa de los presos políticos, en el país es necesaria una reforma estructural del sistema de justicia que incluya no solo el cambio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino la reforma o derogación de leyes y el desmontaje del “aparato represivo” instalado.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, destacó, durante un acto en el que se galardonó la labor de la ONG que dirige, que el sistema judicial en Venezuela “sigue siendo un instrumento de persecución política” del que todos sus actores son parte.
“Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes”, dijo el abogado durante su discurso.
Cónsono con este discurso, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, insistió en que “de nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”.
Los abogados destacaron la necesidad de que la justicia vuelva a servir a las necesidades de la ciudadanía y no del poder.
El Foro Penal ha sostenido esta postura desde que se inició el proceso para la escogencia de los nuevos magistrados del TSJ, de la mano con las decisiones acordadas en la mesa de diálogo instalada en agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del gobierno encargado.
La “pedagogía del horror”
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales celebró esta sesión solemne para hacer entrega formal de la Orden Academia de Ciencias Políticas y Sociales Juan Germán Roscio a la ONG Foro Penal Venezolano, en reconocimiento a su continua labor de defensa de los derechos humanos y el debido proceso en el país.
Roberto Romero Mendoza, individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ofreció un discurso en el que destacó la labor de la organización y explicó que la privación de libertad por razones políticas se ha convertido en Venezuela en la “pedagogía del terror cotidiano”, un sistema instrumentalizado para neutralizar la conciencia disidente y castigar a quienes se atreven a levantar la voz frente al poder.
“Pocas tragedias son tan sordas e inaccesibles para el cuerpo social como las del preso político. En nuestra realidad actual, el cautiverio ha dejado de ser un concepto remoto para tornarse en una pedagogía del terror cotidiano, un sistema donde la privación de la libertad ya no constituye la consecuencia de un proceso penal garantista, sino el instrumento predilecto para la neutralización y el tormento de la conciencia disidente”, dijo.
Durante el acto solemne, los académicos advirtieron sobre las graves consecuencias institucionales de corromper el sistema de justicia, señalando que cuando este último asilo del débil se profana, el ciudadano queda completamente a la intemperie.
“La prisión del preso político es la de aquel quien pensó en voz alta, de quien desintió, de quien tuvo el atrevimiento de recordar que todo poder, por inmenso que se crea, tiene un límite que ningún hombre puede traspasar impunemente. Su pena no castiga un acto, castiga una conciencia, castiga el atreverse a levantar la voz en contra de los desacuerdos del poder”, expresó Romero.
En la misma línea, el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales respaldó la necesidad de rescatar el Estado de derecho frente al uso sistemático del lawfare, donde los procedimientos e instituciones se disfrazan de legalidad para perseguir y desacreditar a los adversarios políticos y económicos.
“No siempre el abuso del poder se manifiesta mediante la fuerza abierta, en ocasiones adopta la apariencia de una investigación, de un expediente, de una medida cautelar, de una decisión administrativa, de una sentencia judicial. Se utilizan entonces los procedimientos, las instituciones, el lenguaje del derecho para alcanzar finalidades contrarias a la justicia”, advirtió la corporación académica en la presentación del premio.
Ante el panorama de persecución judicial y vulneración de garantías, el Foro Penal y la Academia coincidieron en que la superación del conflicto nacional exige la reconstrucción institucional y el respeto absoluto a la autonomía de los jueces, exigiendo que la justicia no tenga adversarios predeterminados ni lealtades distintas a la Constitución.
Asimismo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales formuló un llamado directo al Ejecutivo nacional para que actúe con verdadera vocación democrática, escuche a los sectores críticos e incorpore de manera permanente a organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal en los espacios de diálogo indispensables para la convivencia del país.
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