El dirigente sindical del sector eléctrico en Falcón, Starling Bracho, suma más de cinco años fuera de su puesto tras un despido ejecutado al margen de la ley. Pese a contar con una providencia administrativa y fallos a su favor, la directiva de Corpoelec desacata los dictámenes judiciales y mantiene bloqueados a decenas de trabajadores en todo el país.
Caracas. Starling Bracho, secretario general del Sindicato de Trabajadores Eléctricos del estado Falcón, conoce de cerca el desacato institucional. Tras su despido en 2019 dedicó más de cinco años a una batalla legal ante la Inspectoría del Trabajo y los tribunales laborales falconianos, para exigir su reenganche.
El dirigente sindical explicó que ya cuenta con una providencia administrativa para su reenganche inmediato. Sin embargo, la gerencia de Talento Humano de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se niega a cumplir con la orden ejecutiva.
“Luego de mi despido me amparé ante la Inspectoría del Trabajo en Punto Fijo. Duré entre cuatro y cinco años luchando en esa instancia, asistiendo a los tribunales laborales hasta que por fin resuelvieron el caso y emitieron la providencia administrativa de reenganche y restitución de salarios. Sin embargo, al momento de ejecutar la providencia, la gerenta de Talento Humano y la Consultoría Jurídica me dijeron que no me podían reenganchar por instrucciones de la Corporación”.
En Venezuela la inamovilidad laboral rige de forma ininterrumpida desde 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez dictó el primer decreto, para frenar los despidos en los sectores público y privado.
A esta garantía se suma el fuero sindical, protegido por los artículos 418 y 419 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), que prohíbe el despido, traslado o desmejora de un dirigente sin autorización previa del Estado.
Pese a este blindaje legal las instituciones públicas vulneran de forma recurrente los derechos de la fuerza trabajadora. Separan de sus cargos a dirigentes sindicales y empleados de base sin justificación. Incluso con fallos favorables de tribunales laborales, entes como el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec desacatan las órdenes judiciales y se niegan a reengancharlos.
Más trabajadores
Starling denunció que hay un importante número de trabajadores que atraviesan por la misma situación y hasta la fecha no hay ninguna instancia dentro del país que les garantice sus derechos laborales y constitucionales.
“Tenemos diferentes casos que hoy tienen providencia administrativa a su favor, trabajadores a quienes jubilaron de manera forzosa, trabajadores a los que bloquearon y simplemente dicen: ‘los dimos de baja’ o ‘los sacamos del sistema’ por instrucciones de la corporación, como si fuera un cuartel”.
Amparo constitucional
Bracho reveló que ante la negativa de su reenganche solicitó un amparo constitucional en el circuito judicial del estado Falcón, el cual el tribunal admitió en primera instancia. Sin embargo, al acudir a la audiencia la jueza cambió su criterio.
“Cuando fuimos a la audiencia nos dimos cuenta de que las autoridades de Corpoelec presionaron a la jueza que llevaba nuestro caso. Hoy en día puedo asegurar que desde la Consultoría Jurídica Nacional de la Corporación están frenando los reenganches, ellos son los que le dicen a la gerencia de Talento Humano que no se reúnan con las representaciones sindicales y mucho menos cumplan con las providencias administrativas”.
Añadió que el tribunal declaró sin lugar el amparo constitucional, a pesar de la existencia de una providencia administrativa ratificada en sede laboral.
“Lejos de ponerse del lado del débil jurídico, se puso del lado del patrón y lo que ocurrió en esa audiencia fue una interpelación donde se dijo que yo representaba un peligro para el Sistema Eléctrico Nacional. Así han venido actuando estas autoridades a nivel nacional”.
Fetraelec sin respuestas
Al igual que a Starling Bracho, a un grupo de 40 trabajadores que cuentan con providencias administrativas de reenganche no los han reincorporado a sus puestos de trabajo en Corpoelec, según cifras que maneja Fetraelec.
Alexis Rodríguez, miembro del comité ejecutivo del gremio de trabajadores eléctricos, aseguró que la fuerza laboral en Venezuela no cuenta con un Estado de derecho y de justicia como lo establecen la Constitución y las leyes.
“En Venezuela no hay debido proceso, no hay tutela judicial efectiva y nos encontramos con una realidad bien difícil. Queremos denunciar que cuando un trabajador es despedido cumpliendo con el debido proceso, nosotros ante la inspectoría aceptamos la medida; pero cuando ganamos, la Corporación no reengancha a los trabajadores. Nosotros necesitamos un debido proceso y que se cumplan las providencias administrativas”.
Igualmente exigió el cese de las persecuciones políticas dentro del sector eléctrico nacional.
“Si no estamos hablando de persecución política, que alguien me explique cómo la empresa no reengancha en su puesto de trabajo a un trabajador con una providencia administrativa ejecutada por un tribunal laboral y con todos los beneficios que dejó de percibir”.
Reinstitucionalización de la empresa
El también secretario general del Sindicato de Trabajadores del estado Miranda solicitó una reforma profunda dentro de Corpoelec.
“Es necesaria la reinstitucionalización de la empresa, para que las nuevas autoridades acaten las providencias administrativas, las órdenes de los tribunales laborales y levanten los bloqueos en las nóminas», sentenció.
Añadió que “son más de 40 trabajadores bloqueados y eso constituye un despido injustificado. Necesitamos una nueva directiva que se reúna con los trabajadores y busque consensos, sobre todo en el tema de la seguridad, las pólizas de salud y las convenciones colectivas. Ya basta de que se sigan vulnerando los derechos laborales en nuestro país”.
Lea también:
Trabajadores del sector eléctrico exigen calcular aguinaldos sobre el ingreso integral
