Mediante un trabajo conjunto de la Subcomisión Especial para la Resolución del Conflicto Agrario de la AN, el Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria y hasta la FANB se ha logrado la resolución en tres casos y las familias que ocupaban los predios, además, fueron beneficiadas con semillas, abono y tractores.
Barinas. Boralito, 175 y Las Delicias son los tres casos de invasiones en el estado Barinas que han sido resueltos por la Subcomisión Especial para la Resolución del Conflicto Agrario de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Las 116 familias que ocupaban esos hatos fueron reubicadas y se logró la aprehensión de la pseudolíder de uno de los predios invadidos.
Quedarían por resolver 16 casos aún, de los que conoce el Parlamento, a los cuales, se le agregaría ahora el de la Finca El Desafío, ubicada en la parroquia San Silvestre, del Municipio Barinas, informó vía telefónica, el 25 de agosto, el diputado Ignacio Buznego, PSUV, miembro de la subcomisión especial.
En estos dos meses y medio de conformación de esta subcomisión hemos logrado un avance efectivo”, dijo.
Sin embargo, aún persiste la duda en relación con los casos que aún están en lista de espera. Hay que recordar que este ha sido un proceso de largo aliento, que se inició el 1 de abril de 2022 cuando se integró el Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria en una gran asamblea de ciudadanos realizada en la Asociación de Productores Rurales de Barinas, Asobarinas, en la que se dieron cita todas las fuerzas vivas del estado.
Allí concurrió en pleno el directorio de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenagas, y como invitado especial, en esa oportunidad, el diputado Ricardo Sánchez.
Esta reunión fue la primera de unas tantas que luego se realizaron con la Comisión de Finanzas, presidida por Jesús Farías, así como en el Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía Nacional Agraria, Instituto Nacional de Tierras, Ministerio de Interior y Justicia, el comité de afectados y el de pequeños y medianos productores.
Luego de este proceso, se creó la Subcomisión Especial para la Resolución del Conflicto Agrario, encabezada por el diputado José Vielma Mora, miembro de la Comisión de Finanzas y exsuperintendente nacional tributario.
El diputado Ignacio Buznego detalló algunas de las acciones que han emprendido hasta el momento.
Destacó que el trabajo se mantiene día a día y si bien quedan aún 16 casos por resolver, las visitas a la ciudad de Barinas son permanentes.
Las 116 familias que permanecían en estas unidades de producción, Boralito, El 75 y Las Delicias fueron reubicadas en un predio rescatado hace poco por el Instituto Nacional de Tierras, (INTI). A cada familia se le entregó cinco hectáreas con apoyo inicial de semillas, abono y un tractor.
De acuerdo con lo expuesto por Buznego, una vez se conoció lo que estaba pasando en la entidad, observaron que de las 16 Unidades de Producción Socialistas que administra la Corporación de Desarrollo Agrícola (Deelagro), adscrita al Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras, 12 de ellas estaban invadidas.
“Vimos una problemática real, pues eran tierras del Estado y no estaban 100% productivas. Estábamos en presencia de un proceso anárquico en Barinas, de un lado la denuncia de los campesinos que habían recibido títulos agrícolas y luego revocados. Y del otro, los productores invadidos”, afirmó.
Barinas, tierra pujante
Entre las causas que conllevaron a atender la situación de la violencia agraria en la entidad está la necesidad de atraer inversión de capital tanto nacional como internacional. Las invasiones de predios y las amenazas al sector productivo del país frenan esa posibilidad.
El estado Barinas cuenta con un alto potencial agrícola, 15 ríos y cultura productiva. No se podía permitir que invasores de oficio continuaran perturbando la tranquilidad de sus habitantes.
Queremos la normalización de la tenencia de la tierra. La subcomisión no finalizará su trabajo hasta resolver todos los casos”, dijo de manera enfática, Buznego.
Los miembros de la subcomisión esperan que este año Barinas sea una tierra saneada de invasiones.
En un tuit publicado el 28-08-2022 por la ZODI Barinas, se esbozaba el siguiente texto: “La Subcomisión Especial para la Resolución del Conflicto Agrario en Barinas, evalúa operaciones emprendidas y planifica futuras acciones, en el marco constitucional y de respeto de los derechos humanos para el bienestar y resguardo del pueblo campesino barinés”.
Dos tipos de víctimas
De acuerdo con Buznego, a la hora de realizar las evaluaciones se encontraron con dos tipos de víctimas. Primero, aquellos que habían sucumbido a las mentiras de los pseudolíderes, gente que mantenía una esperanza de tener tierras. Los conminaban a invadir a estos predios privados o del gobierno. Les cobraban o hablaban con el dueño a cambio de sacarlos.
El parlamentario informó que “todos estos pseudolíderes están bajo investigación”. Sin embargo, no especificó cuántos y quiénes son los responsables de este delito.
Se identificaron errores con la entrega de títulos cometidos en el INTI, en el pasado. El actual director del organismo determinó también procesos viciados, “para lo cual se inició un trabajo de transparencia que permita revocar esos títulos agrarios que sembraron falsas expectativas”, dijo.
Para ello, se han tomado los correctivos y se evalúa qué funcionarios estuvieron detrás de esas irregularidades, para que también sean aprehendidos.
La situación de tensión presente entre dueños legítimos y campesinos también se está evaluando.
“Antes eran procesos de desalojo forzoso, ahora se quiere hacer la reubicación a UPS o de otras instituciones del Estado como tierras de la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), o la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, (Oncdoft)”, afirmó el parlamentario.
El trabajo legislativo se integró con un equipo multidisciplinario y contó la participación de la FANB como garante del proceso.
Allí se informa la condición de los predios y esto implica también concientizar a los campesinos que se encuentran de manera ilegal. “Si el problema es la tenencia de la tierra y no la tierra en sí, pueden estar en otro predio”.
Ya se inició también el proceso de reubicación en las Unidades de Producción Socialista Agraria (UPSA), de quienes se encontraban en Coco, Jericó, La Cañada. Son en total 900 hectáreas.
El legislador explicó que se trabaja primero con los casos de menor complejidad, para luego, abordar los más difíciles.
Sin resolver
Las otras víctimas son los dueños de los hatos y fincas invadidos. Existen situaciones como la del Hato las Mercedes, de 14.000 hectáreas, ubicado en Boca de Anaro, donde han evidenciado a través de las redes, cómo los invasores mantienen acorralado al ganado sin permitirle pastar o tomar agua. De esto ya tiene conocimiento la subcomisión.
Producían 1 millón de kilos de carne al año, calculado a 150 gramos por ración, para 6,7 millones de raciones en un día. Es decir, 23.000 raciones de carne en un mes. Y, 180.00 mil litros de leche por año, entre de búfala y de vaca, para un total de 27.000 raciones en un mes.
La destrucción de este hato la describe, Asdrúbal Piña, representante legal: “El hato no existe, los invasores llegaron hasta el patio de maquinarias donde están los trabajadores y no podemos hacer más nada. No hay apoyo, no se cumplen las sentencias”.
Se trata de un predio donde se mantienen 700 familias, aproximadamente, que no quieren salir del lugar. Allí se está planteando la reubicación del propietario. El diputado Buznego informó que los pseudolíderes están plenamente identificados.
Otro caso, el de Rancho Moderno, también en el municipio Pedraza. Javier Rondón, representante legal de este fundo, considera que el trabajo que realiza con el Comité de Víctimas y la subcomisión de la AN es la vía idónea para darle solución a los conflictos de ocupación de predios.
En el caso de Rancho Moderno consideramos que la solución a este conflicto es a través de esta subcomisión parlamentaria en trabajo junto con el Comité de Víctimas que se integró en Barinas. Se deben restituir las tierras a la propietaria, las cuales se encontraban en plena producción y con una medida de producción agroalimentaria”.
Se trata de lograr de manera pacífica, concertada y consensuada una solución para que los ocupantes abandonen el hato.
En el caso de los predios que aún están por resolverse está claro que cada caso debe de ser abordado individualmente.
Rondón informó que hace dos semanas recibieron la visita de la comisión de la Fiscalía Nacional 90 con competencia en materia ambiental acompañados de la Unidad Técnico Científica del Ministerio Público, (MP), para evaluar los daños ambientales ocurridos en Rancho Moderno. En el caso de este predio tienen 150 demandas en el tribunal en pleno desarrollo.
Consideró de vital importancia que cada propietario continúe atento a su caso, bien sea por los tribunales o por el MP, en aras de obtener los pronunciamientos judiciales.
Buznego explicó que tratan de hacer el proceso lo más armonioso posible y que, “los campesinos entiendan que es una decisión nacional del presidente Nicolás Maduro, para que se respeten las condiciones jurídicas”.
Como punto a destacar, se debe mencionar que los casos de invasiones también es un problema que se viene suscitando en otros estados del país. En Guárico, Yaracuy, Apure, El Vigía- en Mérida-, aunque los de mayor conflictividad son los de la zona del Sur del Lago en el estado Zulia.
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