Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, más de 20 organizaciones feministas y sociales agrupadas en la plataforma Ruta Verde convocaron una manifestación en Caracas desde la Plaza Morelos hacia la sede de la Asamblea Nacional
Caracas. La lucha por la despenalización del aborto en Venezuela recobró fuerzas durante el 2021 y el movimiento feminista no está dispuesto a dejar que el debate se enfríe, aún cuando tengan un largo camino por recorrer.
Una mesa técnica —con diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN), representantes del Ministerio de la Mujer y activistas de la sociedad civil— permanece activa en la discusión de un anteproyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que entre otros aspectos plantea la derogación de los cuatro artículos del Código Penal que criminalizan el aborto en el país.
En paralelo, la Ruta Verde, que agrupa a más de 20 organizaciones feministas y sociales desde hace un año, promueve una campaña para recolectar 21.000 firmas que respalden el anteproyecto. La marcha que se realizará en Caracas este miércoles, 28 de septiembre, hasta el Palacio Federal Legislativo, por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, será una jornada para avanzar en esta meta.
La iniciativa del anteproyecto llegó en octubre de 2021, impulsada principalmente por La Quinta Ola y el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex). Desde entonces, distintas asociaciones realizaron aportes al texto. “Creo que está mucho más blindado hoy”, advirtió la directora ejecutiva de Cedesex, Suzany González. El contenido del documento, agregó, también ha sido socializado con comunidades vulnerables con las que han trabajado en los últimos años.
La presidenta de la subcomisión de Protección Social, Misiones y Grandes Misiones y militante del PSUV, Carmen Yurami Quintero, es quien coordina la mesa técnica. Hasta la fecha esta instancia ha logrado al menos tres encuentros. También participan diputados de las comisiones permanentes de Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, Desarrollo Social Integral, Sexo-género Diversidad, Familias, Cultos y Religiones.
“Para mí es muy buen síntoma que exista este espacio y que nos hayamos reunido”, opinó la representante de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León. Las activistas esperan que pronto se fije la próxima cita tras culminar el receso parlamentario.
En las reuniones que han sostenido hasta ahora, han conversado sobre la justificación de la normativa, su pertinencia, las obligaciones que tendría el Estado con respecto a los temas que aborda y la importancia de que tenga el rango de ley orgánica, al tratarse de un instrumento que aborda derechos humanos.
Aún cuando ya está activado un mecanismo de discusión por la vía ordinaria, la Ruta Verde decidió iniciar la recolección de firmas que potencialmente les permitirían introducir el anteproyecto a través de la iniciativa popular, mecanismo que consideran podría ser más expedito. Suzany González señaló que esta campaña también es parte de “un trabajo pedagógico” para informar a la ciudadanía sobre la propuesta.
“Tenemos expectativas de que antes de que finalice el año podamos recoger las 21.000 firmas… Esperamos que este año pueda pasar a la Asamblea Nacional”, añadió.
Una lucha de largo aliento
Las iniciativas para despenalizar el aborto en Venezuela no son algo de reciente data. Al menos desde los años ochenta en el país han surgido distintas propuestas en torno al tema, la mayoría que apuntan a la reforma del Código Penal.
Activistas consultadas por Crónica.Uno coincidieron en señalar que los principales obstáculos para la despenalización del aborto incluyen la gran influencia de la iglesia católica y la iglesia evangélica en Venezuela, así como arraigados patrones culturales, los estigmas y las resistencias patriarcales.
“Aún prevalece una visión no laica de la vida de las mujeres, de los derechos de las mujeres… los partidos políticos, quienes están en los espacios de toma de decisión, siguen pensando en este tema en función a sus creencias religiosas, no en el marco de los derechos humanos”, dijo la psicóloga clínica Magdymar León.
Para la abogada Suzany González se trata también de una acción de dominación. “Todas las estructuras de poder, Estado, Iglesia, escuelas, medios de comunicación, etc., se han aliado para seguir afianzando su derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.
Articulación local y regional
Otro elemento que ha jugado en contra de esta lucha son algunas inconsistencias y la falta de articulación del movimiento feminista venezolano. “La alta polarización le ha hecho un débil favor a las banderas de lucha de algunos sectores. Nos cuesta ponernos de acuerdo en temas concretos en materia de DD. HH.”, reconoció la representante de Cedesex.
Estas diferencias se ven reflejadas, por ejemplo, en que hay organizaciones que alzan sus consignas por la despenalización del aborto en primera instancia, mientras que otras consideran que se debe exigir de una vez la legalización y que así se cree una norma que comprometa al Estado a prestar estos servicios a través del sistema público de salud.
Las entrevistadas en esta ocasión coinciden en que, a mediano plazo, consideran que lo más viable en el país será flexibilizar la legislación venezolana para lograr la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones o causales: como en casos de violación o de la malformación del feto, así como cuando corra peligro la vida o salud de la mujer.
La coordinadora de Avesa agregó que otra dificultad del sector ha sido el trabajo conjunto con los países vecinos. “Por la crisis del país a las ONGs nos es muy cuesta arriba participar en eventos regionales o que acá se realicen eventos internacionales… estamos bastante aisladas como movimiento de la región”.
Aún así, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres prefieren mantenerse optimistas. En ese sentido, destacaron la importancia de no perder los espacios ganados a través de alianzas como la Ruta Verde, Madres Si Yo Decido, la Alianza Salud para Todas, el colectivo de la Araña Feminista, entre otras.
Las fuentes consultadas para este reportaje consideran que para muchos sectores de la sociedad el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo “prohibido”. Mientras que en espacios políticos prefieren no mencionarlo alegando que “es un tema que desune” o que pudiera hacerles perder votos.
“Pero por el contrario, la preocupación acerca de los embarazos no deseados o no planificados, especialmente en niñas y adolescentes, el problema del abuso sexual infantil, las violencias sexuales, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, de educación sexual, todos estos son temas que nos une a la grandísima mayoría de los venezolanos”, afirmó Suzany González, quien fue viceministra de la Mujer bajo la gestión de Nicolás Maduro.
Venezuela es actualmente el tercer país de América Latina con mayor tasa de embarazos en adolescentes, de acuerdo con el Observatorio Social Humanitario. El Fondo de Población de las Naciones Unidas precisa que el país tiene 95 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Mientras, permanecen las alertas sobre la escasez de métodos anticonceptivos, así como la dificultad para acceder a ellos por sus altos costos.
Desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo
Los abortos clandestinos e inseguros son la tercera causa de mortalidad materna en Venezuela, señala el comunicado En defensa de la vida, exigimos la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, difundido el 17 de septiembre por la Ruta Verde.
“La criminalización del aborto afecta de manera directa y diferenciada a las niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar empobrecidas y racializadas”, reza el texto.
Para Suzany González de Cedesex no hay dudas de que “La legalización del aborto es un tema de justicia social, es un conflicto de clases”. Esto porque las mujeres con menos recursos no pueden acceder ni a los medicamentos para practicarse abortos.
Las organizaciones insistieron que para que se respeten los derechos sexuales y reproductivos tienen que garantizarse la educación para decidir, el acceso a anticonceptivos y a servicios de salud sexual respetuosos de los derechos, así como el aborto legal, seguro, gratuito y acompañado.
El colectivo Faldas R planteó la importancia de romper los estigmas alrededor de esta práctica. Detallaron cómo a través de los informes estadísticos sobre su servicio Línea Aborto: Información Segura han logrado desmontar muchos de los mitos.
“Hemos encontrado que la gran mayoría de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo, no lo habían hecho antes. Por lo tanto, es mentira que en caso de su despenalización las mujeres comenzarán a realizarse abortos de manera ‘desmedida’. Su despenalización es la única vía para que la práctica del aborto deje de ser clandestina y peligrosa, debido a la desinformación y la criminalización”, dijeron a Crónica Uno.
Agregaron que se ha demostrado que en países donde se han modificado dichas restricciones no aumentan los índices de aborto. Por el contrario, derogar estas restricciones permite el acceso a información veraz y servicios de salud y anticoncepción.
Según sus informes, muchas mujeres que buscan abortar ya tienen al menos un hijo. La mayoría relata que no desea tener más por su situación económica. Por otro lado, en el reporte de 2020, al menos 30 % de quienes llamaron a la línea de información de Faldas R dijeron que hacían uso de un método anticonceptivo, pero este falló.
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