El colapso de tuberías como consecuencia de los sismos de junio agravó la escasez de agua en Antímano, al suroeste de Caracas. La falla obliga a los afectados a gastar hasta 150 dólares en cisternas y botellones o a cargar tobos desde otros puntos de la ciudad, mientras Hidrocapital ignora las denuncias.
Caracas. Un total de 19 sectores de la parroquia Antímano padecen interrupciones de hasta un mes en el suministro de agua. Los vecinos denuncian que el plan de racionamiento, implementado por Hidrocapital desde hace cinco años, no se cumple. No obstante, una nueva fractura en las tuberías, causada por el doblete sísmico del 24 de junio pasado, agudizó aún más la crisis hídrica en la zona.
Desde hace años, los habitantes de la parroquia, ubicada al suroeste de la ciudad, comparten la misma crisis. Pese a las constantes quejas, las protestas comunitarias y las mesas de trabajo instaladas ante las autoridades, los afectados no han conseguido una respuesta efectiva a sus denuncias.
La falta continua del servicio obliga a las familias a desembolsar hasta 150 dólares por un camión cisterna o a recurrir a la compra constante de botellones. Quienes no cuentan con los recursos económicos se ven forzados a cargar tobos y recipientes desde distintos puntos de la ciudad.
Luimari*, residente del sector, se traslada dos veces por semana en su moto hasta la casa de una amiga en Catia. Cada miércoles y sábado se levanta de madrugada para acomodar dos botellones de cinco litros en el vehículo. En el trayecto también lleva un bolso cargado de ropa sucia para lavarla allá.
“Tengo dos años haciendo la misma rutina porque a veces no tengo dinero para pagar los botellones. Necesito agua para beber, cocinar y limpiar, además de la ropa de mis dos hijos que se acumula rápido. El agua es un derecho básico en cualquier hogar, pero en Antímano se volvió un lujo que no todos podemos pagar”, relató la vecina a Crónica Uno.
Crisis de agua contaminada
Según el último informe de HumVenezuela, una plataforma independiente de la sociedad civil creada en 2019 para monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja, publicado en 2025, de 17,8 millones de personas con severas restricciones de agua, 15,4 millones reportan agua contaminada.
Esta condición implica presencia de microorganismos, sedimentos o químicos fuera de los estándares de potabilidad establecidos para consumo humano.
El impacto del colapso hídrico abarca un amplio perímetro de la parroquia. Voceros comunitarios señalan que las fallas más severas en los esquemas de distribución ocurren en una lista que contempla 20 zonas: Mamera 4, La Cumbre, La Grama, El Realengo, Barrio Nuevo, La Rangela, Carapita, La Colmena, Casco Central, El Carmen, Vuelta del Fraile y Bicentenario.
También afecta a San José, El Cardón, Las Clavelinas, Santa Ana (parte baja), El Sol, La Terepaima, Las Torres y González Cabrera, pese a que los voceros reportan 19 sectores golpeados.
En mayo pasado, luego de denunciar que nuevas tomas en el acueducto principal intensificaron los problemas en el suministro, los habitantes de distintos sectores afectados acudieron a las oficinas de Hidrocapital en Maripérez.
Al cierre de esta nota, la estatal hídrica no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los trabajos de reparación en la zona.
En esa sede consignaron un documento . Sin embargo, funcionarios de la institución informaron que no podían recibir el documento. Aunque se comprometieron a a dar respuesta, no hubo respuesta.
Fugas y tuberías rotas
Alexander García, un residente de la zona desde hace 50 años, contó que, pese a la falta de agua que padecen los habitantes, en las calles Santa Ana y Vuelta del Fraile persisten botes sin atención por parte de las cuadrillas técnicas. La situación del sistema empeoró tras sismos porque ocasionaron fracturas en la tubería de varias viviendas que siguen sin ser inspeccionados.
“Los períodos sin servicio por red pueden han llegado hasta a un mes. Para sobrellevar la situación, el 70 % de las viviendas utiliza tanques de almacenamiento, pero a veces la crisis es tan fuerte que ni eso basta”.
Pero, para quienes no disponen de tanque el costo del abastecimiento alternativo impacta en el presupuesto familiar. La contratación de un camión cisterna privado implica un desembolso de entre 120 y 150 dólares entre varios vecinos.
Aunque la comunidad acude a las instalaciones de Pozo Caracas en busca de soluciones, la respuesta institucional es insuficiente. García señaló que la construcción de nuevos desarrollos habitacionales de la Misión Vivienda agravó la presión sobre la red de tuberías. Las estructuras edificadas en El Progreso provocaron suspensiones directas en calles como Nueva y Machilanda.
Lo mismo ocurre con las edificaciones ubicadas detrás de la estación del metro Antímano. En ese sector recortaron el flujo hacia Vuelta del Fraile y El Carmen. Las protestas vecinales y las mesas de agua han registrado pocos avances prácticos. García aseguró que ante las constantes averías, los funcionarios de Hidrocapital piden paciencia a la comunidad mientras ejecutan trabajos de reparación.
Sin embargo, cuando el agua finalmente llega por la tubería, los habitantes reportan mal olor, turbidez y la aparición de sarpullidos en la piel debido al mal estado y la falta de tratamiento del recurso.
La exigencia principal de los sectores populares de Antímano es la restitución de un servicio constante, en especial para las zonas altas de los barrios. La imposición de los ciclos de racionamiento continuo que existen en el sector desde hace años, sumada al incumplimiento de los días asignados, mantiene a la comunidad sumida en una profunda crisis.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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