El presidente de Pdvsa ad hoc y el procurador especial no comparten la decisión de la AN2015 de crear un Consejo por encima de las juntas ad hoc. Horacio Medina calificó la decisión como inexplicable. Enrique Sánchez Falcón recomendó revocar el acuerdo. Durante una interpelación, Sánchez Falcón reveló actuaciones de la gerencia de Monómeros que podrían interferir con la protección de ese activo.
Caracas. La decisión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 de crear un Consejo Nacional de Protección de Activos en el Exterior no ha sido bien recibida por altos funcionarios del gobierno encargado.
Tanto el presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, Horacio Medina, como el procurador especial Enrique Sánchez Falcón, han expresado sus cuestionamientos políticos y jurídicos a la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Delegada, el pasado 14 de junio.
En el debate de ese día se hizo evidente que el propio presidente de la AN2015, Juan Guaidó, estaba insatisfecho con el instrumento. Los partidos minoritarios Causa R, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y la Fracción 16-J en pleno, dejaron constancia de sus votos negativos por considerar que el acuerdo iba en contra de la Constitución.
Un ruido inconveniente
El presidente de Pdvsa ad hoc, dijo a Crónica.Uno que coincide “plenamente” con la opinión emitida públicamente por la Procuraduría Especial el 13 de junio, cuestionando la conveniencia y el carácter de ese Consejo. Medina agregó:
“En mi opinión personal, además de innecesaria, el acuerdo del 14 de junio resulta ser inexplicable de forma racional, clara y transparente”.
A juicio del exgerente de Convenios Operativos y Nuevos Negocios de Pdvsa y expresidente de Unapetrol, la conformación de un Consejo Nacional de Protección de Activos, con tan amplias potestades de injerencia en las juntas ad hoc, “mete un ruido absolutamente inconveniente en estos momentos difíciles que estamos viviendo”.
Si bien es cierto que aún no se ha conformado esa Comisión de Protección, el acuerdo fue aprobado hace 17 días y todavía la junta ad hoc de Pdvsa -que supervisa el principal activo del país en el exterior como lo es Citgo- no ha sido notificada del mismo.
“En realidad, nunca he recibido comunicación de la Comisión Delegada con respecto a este punto, ni antes ni durante ni después de la aprobación del acuerdo”, aseguró Medina.
El experto petrolero encabeza una de las juntas ad hoc que más preocupación ha mostrado por informar sobre sus actuaciones. La semana pasada entregó a la Delegada su informe de gestión 2021, aunque aún no ha sido presentado en público.
Como presidente de Pdvsa Ad Hoc soy responsable de PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Co., y hemos presentado resultados de nuestra gestión, correspondiente a 2020, 2021 y 1T de 2022, de manera clara y transparente. Sin señalamientos ni cuestionamientos.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) June 24, 2022
Recomiendan revocar el acuerdo del 14 de junio
Por su parte, Sánchez Falcón, que había expresado su desacuerdo con la creación del Consejo, como ya se dijo el 13 de junio, ratificó y amplió sus opiniones siete días después, el 20 de junio, durante una interpelación en la Comisión de Contraloría de la AN2015. En ese, el procurador expresó:
“Crear esas estructuras de alguna manera fortalece el argumento del alter ego. Prácticamente revela que desde la institucionalidad interina existe control sobre los bienes del Estado y en consecuencia se podrán demandar y ejecutar bienes de la República independientemente de quién sea el propietario dentro de la estructuctura estatal, porque a fin de cuentas todos serán alter ego de la República”, advirtió.
El abogado constitucionalista fue más allá durante su comparecencia ante los diputados de Contraloría. Cuando el diputado Guillermo Palacios (VP) le preguntó qué aspectos del acuerdo recomendaría modificar, Sánchez Falcón dijo que era una potestad de la Asamblea Nacional que él respetaba plenamente, pero su recomendación fue tajante:
“Lo que tienen que hacer es revocar ese acuerdo que creó una comisión parlamentaria de seguimiento y un Consejo para la Protección de Activos, porque en definitiva el acuerdo no está dictado sino para eludir o disfrazar de alguna manera las decisiones que se vayan a tomar con respecto a Monómeros, que tras las elecciones en Colombia, ya prácticamente la perdimos”, sentenció.
Respecto a Monómeros, el procurador vaticinó que tras la victoria de Gustavo Petro como presidente de Colombia, a Nicolás Maduro “le bastará con plantear una reestructuración, designar a las personas y tomar posesión de la empresa”.
Las revelaciones del procurador sobre Pequiven ad hoc
En la interpelación el procurador reveló información de gravedad sobre la conducta de la junta ad hoc de Pequiven, la gerencia de Monómeros e incluso del partido Primero Justicia.
Sobre la junta ad hoc de Pequiven, dijo que en el primer trimestre de 2021 su presidenta Diana Bracho, se empeñó de manera insistente en contratar como asesor legal de Pequiven ad hoc a la firma DL Piper.
Esta firma, explicó el procurador, sería filial de otra firma de abogados que en el pasado reciente representó a Rosneft y Smarmatic, en sus demandas contra el Estado venezolano, situación que se considera conflicto de intereses.
“Nosotros le hicimos el señalamiento de que no se podía contratar ya otra empresa para ese contrato (Hogan & Lovells). Le señalamos que la empresa que ella quería contratar tenía conflicto de intereses lo que hacia imposible esa contratación. Finalmente ella aceptó que Hogan & Lovells representara a Pequiven en un juicio posterior (pero) DL Piper está asistiendo a los administradores de Monómeros en este momento”, advirtió el Procurador.
PJ sigue entorpeciendo asignación de recursos para defensa de activos
Sánchez Falcón reiteró su denuncia, hecha en repetidas ocasiones en los últimos meses, respecto a que la Procuraduría no cuenta con recursos asignados para el pago de honorarios a los escritorios jurídicos que representan a Venezuela en juicios en defensa de los activos desde el año pasado.
En este punto, señaló directamente y por segunda vez en menos de un año, al partido Primero Justicia de oponerse a la aprobación de los fondos, pese a ser uno de los partidos más beligerantes en el tema de la defensa de los activos, y que incluso ha propuesto la creación de un fideicomiso.
El diputado Ismael León (Alianza del Lápiz) le preguntó a Sánchez Falcón por qué creía él que la Procuraduría no estaba recibiendo el apoyo de la Comisión Delegada para la autorización de los recursos y cuál era la responsabilidad de Juan Guaidó en esa omisión.
“Me resulta difícil saber cuál es la razón, pareciera que hay interés en preocuparse por los activos, pero no por los pasivos. Si no nos ocupamos de los pasivos (las demandas) los activos están en peligro. Plantearon un fideicomiso que no tenía sentido, luego se han negado sin razón. Particularmente hay una fracción política, Primero Justicia, tengo que decirlo, que ha estado oponiéndose recurrentemente a la aprobación del presupuesto, pero sin esgrimir argumentos”, aseguró.
Sin embargo, exhoneró de responsabilidad a Juan Guaidó pues aseguró que este le ha expresado solidaridad y respaldo a sus planteamientos, pero “está sometido a lo que diga el grupo de factores políticos que están en la Asamblea Nacional”.
Gerencia de Monómeos embarcó a banquero colombiano
Con respecto a Monómeros, el procurador, cuya oficina está asentada en Colombia, hizo una revelación que alimenta aún más el cúmulo de denuncias sobre prácticas cuestionables por parte de la gerencia actual de la filial de Pequiven.
Contó que el año pasado, entre agosto y septiembre, inmediatamente después de la medida de control sobre Monómeros, emitida por la Superintendencia de Sociedades, fue convocado a una reunión en el Palacio de Nariño.
En esa reunión, dijo, participaron el presidente, el gerente general y dos directores de Monómeros, los ministros de Comercio y de Agricultura de Colombia, y los presidentes de Banco Idex y Banco Agrario de ese país.
El objeto de la reunión fue “explorar las posibilidades que tenía Monómeros de acogerse a un decreto dictado por el gobierno colombiano para auxiliar financieramente a empresas que tuvieron problemas como consecuencia de la pandemia.
“En esa reunión surgió el compromiso de parte de los administradores de Monómeros de recibir al presidente del Banco ldex en Barraquilla para ver si era posible algún auxilio financiero”, contó Sánchez Falcón.
Sin embargo, el procurador relató que días más tarde, en otra reunión, esta vez con integrantes de la comisión especial nombrada por la Delegada para investigar Monómeros, recibió una sorpresa que calificó de desagradable:
“El director general del Despacho de la Presidencia de Colombia, señaló que el presidente de Banco ldex (atendiendo el acuerdo de la primera reunión) viajó a Barranquilla el día señalado, pero los administradores de Monómeros después de haberse comprometido para intercambiar información sobre posibilidades de auxilio financiero, no lo recibieron. Eso me pareció una manifestación de desatención reprochable”, recalcó.
Un Consejo con amplísimas facultades
En todo caso, el acuerdo aprobado el 14 de junio crea un Consejo que tendrá atribuciones para supervisar y orientar a las juntas directivas ad hoc, proponer cambios en su composición y estatutos, acceder a toda la información financiera y operativa y “promover medidas estratégicas para la conducción de los negocios; además de diseñar junto a la Procuraduría, las estrategias legales para la protección y recuperación de activos en el extranjero.
El acuerdo además ordena:
- Revisar y actualizar todas las juntas ad hoc.
- Crear una comisión especial de la AN que supervisará el cumplimiento del acuerdo.
- Crear el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, integrado por tres personas.
- Contratar una empresa cazatalentos (por parte de la Delegada) para preseleccionar a los candidatos a integrar el Consejo; la empresa presentara un listado a Guaidó y éste lo remitirá a la Delegada, que aprobará los nombramientos con el voto de dos tercios de sus integrantes.
- Cuando el Consejo se instale, deberá pedir auditorías a las juntas ad hoc y revisar de forma exhaustiva el trabajo de todas las juntas.
- Reestructurar las juntas ad hoc ratificando o nombrando nuevos miembros en un plazo de 90 días luego de instalado el Consejo.
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