La resolución del Ministerio del Trabajo que ordena a los empleados elevar la producción de alimentos contempla una mayor regulación, según sindicatos y abogados laborales.
Mayela Armas/@mayearmas
Caracas. Bajo el argumento de aumentar la producción de alimentos, el Gobierno extiende su control sobre los trabajadores del sector privado, a quienes ahora las autoridades les pueden ordenar ir a laborar en aquellas empresas, incluidas las públicas, que requieren elevar sus operaciones.
A través del decreto de Emergencia Económica, la administración de Nicolás Maduro ha creado una base legal para regular la producción y distribución de las industrias y esas normas llegan a los empleados, lo que abogados y representantes de sindicatos cuestionan porque no se garantizan los derechos de los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo a través de una resolución estableció un régimen especial transitorio para todas las entidades públicas, privadas y de propiedad social “a fin de que contribuyan con el sector agroalimentario, estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer la producción”.
La normativa destaca en sus considerandos que esto responde a una petición del Ministerio de las Comunas, que solicitó “la prestación de un grupo de trabajadores” para que fueran incorporados a diversas plantas procesadoras de maíz.
¿Esto qué implica? Esas “medidas especiales” significan que, por ejemplo, los trabajadores de una planta privada de arroz pueden ser enviados a otra de harina precocida de maíz bien sea privada o pública. Y hasta trasladados a otros estados. Pero dicho cambio puede afectar los derechos de esos empleados.
Según la norma, los trabajadores estarán enmarcados en los efectos “de suspensión de la relación de trabajo y gozarán de inamovilidad laboral, en consecuencia, no podrán ser despedidos ni desmejoradas sus condiciones de trabajo originarias sin causa justificada”.
Se agrega que las industrias que absorberán a los nuevos trabajadores temporales estarás obligadas a pagar salarios y bono de alimentación; mientras que las empresas que prestarán a los empleados deberán continuar con las obligaciones de cotizaciones del Seguro Social y computar la antigüedad de la prestaciones sociales.
Sin embargo, el decreto no aclara todo. Alexis Aguirre, abogado laboral, explica que esa acción del Gobierno “es la institucionalización de la esclavitud. Es un trabajo forzado”, que además genera muchas interrogantes: “¿Cómo serán efectivamente los pagos a esos trabajadores?”.
Las dudas surgen porque algunos empleados en sus empresas están amparados por contratos colectivos, si pasan a una entidad pública, ya no tendrían los mismos beneficios laborales. Adicionalmente, en cada empresa privada las condiciones de trabajo son diferentes.
La coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, Marcela Máspero, apunta que “con esa medida están en riesgo los puestos de trabajo. Me sacan de una empresa para otra. No hay garantías de los derechos laborales”.
La medida tiene otras impactos. Los trabajadores de una planta en Carabobo pueden ser transferidos a otra en Anzoátegui. Los juristas comentan que ante situación quiénes garantizarán la vivienda de esos trabajadores.
Hay más. Las inquietudes se amplían hacia el ente que aplicará la resolución. La abogada, Maryolga Girán, indica que si la implementación corresponde al Ministerio del Trabajo puede haber mediación, pero si es a través de la Misión Abastecimiento Soberano no se sabe cómo puede ser el procedimiento: “La consecuencia de esta resolución se definirá cuando se sepa el ente ejecutor”.
El decreto de la Misión es extenso y en el aparte correspondiente a las atribuciones del Comando para el Abastecimiento Soberano se indica que dicha instancia podrá dictar medidas especiales y regulaciones para la compra, comercialización y distribución; financiamiento al sector productivo primario y al sector industrial; así como otras medidas y normas destinadas a la cabal implementación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y sus objetivos.
Otros abogados consultados apuntan que, aunado al impacto en los derechos laborales, se afecta la libertad de empresa porque se obliga a una industria a prestar a sus trabajadores y qué pasará con esa compañía en momentos en que la producción está golpeada por los controles.
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Foto: Angeliana Escalona
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