El canciller Yvan Gil anunció que quedan suspendidas las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. La decisión se tomó seis días después de la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel.
Caracas. El Estado venezolano anunció la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y solicitó a los funcionarios que se retiren del país, en las próximas 72 horas.
En un comunicado publicado este jueves, 15 de febrero, la administración de Maduro agregó que la expulsión de los funcionarios es “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
El gobierno de Nicolás Maduro expresó que la decisión se tomó debido al “impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabular contra el país…”.
La oficina de las Naciones Unidas se instaló en Caracas en octubre de 2019, luego de la visita de la alta comisionada de la ONU, para entonces, Michelle Bachelet a Venezuela –junio 2019–, aunque previamente había dos funcionarios en el país. La presencia de los oficiales permitía brindar apoyo a la sociedad civil y evaluar de forma creíble la situación de los derechos humanos.
En el año 2021, el Gobierno venezolano renovó la Carta de Entendimiento con Naciones Unidas y dobló el número de oficiales en el país de seis a doce.
Detención de Rocío San Miguel
La decisión del Estado venezolano sobre la oficina de la ONU en Caracas se anunció seis días después de la detención de Rocío San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó el martes, 13 de febrero, su “profunda preocupación” tras la aprehensión de San Miguel.
Además, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela instó al gobierno de Maduro a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se intensifica en el país.
A San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, la detuvieron la madrugada del 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, junto con su hija.
Su equipo de defensa, así como activistas de los derechos humanos, denunciaron que la abogada fue víctima de desaparición forzada por más de 100 horas. Acudieron a diversos centros de reclusión en Caracas, pero los funcionarios no les confirmaron la presencia de ella en algunos de estos calabozos.
“De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”, dijo Patricia Tappatá, integrante de la Misión Investigadora, en un comunicado.
Tappatá añadió que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel, cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno.
El 11 de febrero, los abogados también confirmaron la aprehensión de los familiares de la directora de Control Ciudadano: Miranda San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Víctor Díaz (exesposo) y Alejandro González (exesposo).
A los parientes de San Miguel los excarcelaron bajo las medidas de prohibición de salida del país y prohibición de declarar a los medios de comunicación. Sin embargo, Alejandro González quedó privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta.
San Miguel incomunicada
Este jueves, 15 de febrero, San Miguel cumple seis días incomunicada, no ha tenido contacto con sus abogados ni con sus familiares durante su reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, donde se encuentra, según la información de Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC.
Saab indicó que San Miguel es señalada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Mientras que a González lo imputaron por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la Nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
La noche del miércoles, 14 de febrero, funcionarios de la Dgcim allanaron la vivienda de San Miguel, en Los Samanes.
Joel García, uno de los abogados de la activista, informó en su cuenta de X que localizaron 20 mapas de Venezuela con zonas de seguridad, del siglo XX, que empleaba Rocío San Miguel cuando era docente de Seguridad y Defensa en Institutos de Altos Estudios Militares.
Más temprano, García denunció que seguían las violaciones a las garantías y derechos fundamentales, ya que no juramentaron al equipo de defensa de San Miguel, por la ausencia del juez segundo de Control con competencia en Terrorismo.
Aumenta la desprotección a las víctimas
Diversas organizaciones no gubernamentales rechazaron la expulsión de los oficiales de la ONU y la suspensión de actividades de la oficina del Acnudh. Aseguran que esta decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico, así como aumentar la desprotección de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Laboratorio de Paz considera que es un paso “muy grave” contra los acuerdos con la ONU en materia de protección a los derechos humanos, en un año en el cual se realizarán elecciones presidenciales.
“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de #DDHH que se cometen a diario en el país”, asegura Provea en una publicación de la red social X (antes Twitter).
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) añadió que la medida “busca soslayar el cumplimiento de recomendaciones hechas al Estado y de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con el portal web de el Acnudh, estas eran las labores de la oficina en Venezuela:
- Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos, mediante el establecimiento de una estrategia de alerta temprana, que incluya el desarrollo de un mecanismo conjunto de remisión de casos individuales de violaciones de los derechos humanos a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes.
- Aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, como los órganos de tratados, los procedimientos especiales, el Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal.
- Reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Las actividades de asistencia técnica han incluido seminarios con la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y la Oficina del Defensor del Pueblo; la actualización de los protocolos sobre el uso de la fuerza; la evaluación de los centros de detención preventiva, así como el impacto de las sanciones en los derechos humanos, entre otras.
- Concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales, agravadas por la pandemia del COVID-19, incluido el impacto desproporcionado sobre las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidad.
- Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos humanos.
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