Los recursos provendrán de los activos recuperados en el exterior. Serán destinados a otorgar ayudas sociales, impulsar el servicio exterior, brindar protección social de los diputados y fortalecer a la Fiscalía, Contraloría y magistrados legítimos nombrados por el Parlamento. El control previo de los gastos recaerá en la AN y la OEA; el control posterior será responsabilidad del Contralor Especial.
Caracas. Por unanimidad la Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves 27 de febrero el informe de segunda discusión de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital con un monto máximo de $80 millones.
El instrumento, que consta de 4 capítulos y 12 artículos, tiene por objeto disponer de los recursos necesarios para sufragar los “gastos indispensables” que permitan a la oposición encabezada por Juan Guaidó “restablecer la vigencia de la Constitución”.
El monto máximo del que podrá disponer el presidente encargado Juan Guaidó por aplicación de la ley provendrá de las cuentas bancarias en el extranjero; sin embargo, el BCV ad hoc designado por la AN en 2019, podrá también transferir recursos para la ejecución de gastos requeridos por la presidencia encargada.
En la presentación del proyecto para su segunda discusión, el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina (PJ), ratificó que los criterios para la autorización de gastos con cargo al Fondo serán “urgencia, austeridad y lograr el cese de la usurpación lo antes posible”.
Además Marquina destacó que el monto máximo de $80 millones “no representa ni dos días de renta petrolera” y será manejado con “transparencia y pulcritud”.
Un clamor de los diputados
El texto definitivo de la ley amplió de cinco a ocho el tipo de gasto que será cubierto por el Fondo, e incluyó una demanda, casi un clamor, que han hecho los diputados desde el año 2016, como lo es la protección social de la cual fueron despojados ese año de forma arbitraria por la administración de Nicolás Maduro.
El clamor llegó al límite el pasado 22 de enero con el fallecimiento de la diputada Addy Valero (AD), luego de una larga enfermedad cuyo tratamiento pudo costear con mucha dificultad.
En tal sentido, el Fondo estará destinado a gastos para:
- Atención prioritaria de emergencias humanitarias referidas a riesgos vitales.
- Fortalecimiento de las relaciones internacionales y el servicio exterior con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia en Venezuela.
- Defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes.
- Garantizar el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General (encabezada por Luisa Ortega Díaz en el exilio) y de la Contraloría Especial (Juan Pablo Soteldo), designada hace un par de semanas por la AN.
- Fortalecer el Poder Judicial a través de los magistrados designados por la Asamblea Nacional en julio de 2017.
- Defensa de la democracia.
- Funcionamiento de la presidencia encargada de la República.
- Y fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura.
Se espera reglamento
De momento no se conocen los montos que serán destinados a cada área, ni los procedimientos, por ejemplo, para solicitar una asistencia “por caso de emergencia vital”. Sin embargo, en las próximas semanas el presidente Guaidó debe decretar un reglamento de esta ley, que deberá estar acompañado “del Presupuesto Especial referido al monto global autorizado, con la discriminación de las diferentes partidas que lo conforman”.
Esas partidas deben contar con la autorización (no dice si previa o posterior) de la Asamblea Nacional y de la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Marquina (PJ).
Para garantizar la transparencia en el manejo de los $80 millones, Guaidó deberá crear un “consejo de administración del gasto” —que debe ser ratificado por la AN— que diseñe y ejecute los trámites administrativos necesarios para disponer de los recursos.
Además, el representante especial de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarre Briceño, deberá firmar en un lapso perentorio un convenio de asistencia técnica para que la OEA “administre o supervise las labores de tesorería”, sin menoscabar la condición de “administrador de la hacienda pública nacional” que ostenta constitucionalmente el presidente de la República.
Adicionalmente, el contralor especial designado por la AN deberá hacer control posterior del gasto con cargo al Fondo para la Liberación de Venezuela, dice la ley sancionada esta semana.
Comunidad internacional será notificada
Para superar la contradicción entre una ley que ordena el uso de activos de la República recuperados en el exterior por la administración de Juan Guaidó, y el artículo 36 del Estatuto para la Transición que prohíbe taxativamente la disposición de dichos activos “hasta tanto cese la usurpación y se conforme un gobierno provisional de unidad”, la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela ordena la desaplicación de dicho artículo.
Por otro lado, con el propósito de facilitar la rápida implementación de la norma, la Asamblea deberá notificar a la brevedad posible sobre la aprobación de la misma a los gobiernos extranjeros, el secretario general de la ONU, el secretario general de la OEA, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina.
La vigencia de la ley será hasta el 31 de diciembre próximo o hasta que sea derogada por la Asamblea Nacional.
Otros puntos
En la plenaria de este jueves 27 de febrero también se autorizó a Guaidó para sustituir a Jorge Yánez por Gustavo Ramón Sol López (CI 11.916.495) como gerente general de Monómeros Colombo Venezolanos.
Los diputados se solidarizaron con Biaggio Pilieri (Convergencia-Yaracuy) quien la semana pasada recibió amenazas por parte del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia.
Además, se dieron dos debates: uno en rechazo a la sentencia 0324 de la Sala Constitucional del TSJ que pretendía violentar la autonomía universitaria fijando la fecha del 27 de febrero de 2020 para la realización de unas elecciones dirigidas por ese ente.
El otro debate fue para denunciar la anarquía y violencia ejercida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, a propósito del asesinato de una funcionaria del Cicpc en una alcabala de Fuerte Tiuna, y de un tiroteo entre las FAES y presuntos delincuentes en plena autopista Francisco Fajardo, ambos hechos ocurridos esta misma semana.
La cámara también dio luz verde al informe de la comisión preliminar para la designación del Comité de Postulaciones Electorales, que contenía el listado de 10 representantes de la sociedad civil en dicho comité.
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