El Fondo para la Liberación de Venezuela manejará entre 40 y 80 millones de dólares provenientes de los activos recuperados por la administración de Guaidó. Se aplicarán tres criterios para la autorización de estos recursos: austeridad, urgencia y peso en la transición a la democracia. Plenaria autorizó designación del representante diplomático para Bolivia y sustituyó al de Ecuador.
Caracas. El gobierno interino que encabeza el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, intenta superar uno de los múltiples obstáculos que ha enfrentado desde su conformación a partir de enero de 2019: la inexistencia de un marco legal que le permita manejar presupuesto propio y por esa vía ejercer una de las funciones esenciales de un gobierno: administrar gasto público.
Con ese objetivo en mente, este martes el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley especial que crea el Fondo para la Liberación de Venezuela y la Atención de Casos de Salud de Riesgo Vital.
Según declaró Guaidó a la salida de la plenaria –realizada nuevamente fuera de su sede ante la toma del Palacio Federal por parte del PSUV- el fondo contará con una suma que está en discusión “entre 40 millones y 80 millones de dólares lo que representa entre 6 y 8 horas de producción de petróleo al día”.
Una versión preliminar del texto presentado este martes consta de 10 artículos y prevé su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 “o hasta que sea derogada por la Ley de Presupuesto dictada por la Asamblea Nacional una vez cese la usurpación de la Presidencia de la República”.
Los recursos del fondo provendrán de “cuentas bancarias en el extranjero” recuperadas o protegidas por la administración de Guaidó, dice el instrumento.
“Solo vamos a utilizar una pequeña parte de una de las cuentas recuperadas para crear este fondo, que nos permite la aplicación del Estatuto para la Transición. Vamos a utilizar una pequeña parte que no representa ni siquiera una cuarta parte del ingreso del Estado de un día de producción de petróleo. Es una milésima parte de todos los fondos recuperados”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina (PJ) durante su exposición ante el pleno.
¿Con qué criterios se administrará el fondo?
Corresponderá a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela –designada por la Asamblea Nacional el año pasado- determinar “los términos y condiciones” bajo los cuales se entregarán recursos para la ejecución del fondo, según indica el proyecto.
No obstante, Marquina precisó que desde la comisión de Finanzas, que será la encargada de revisar las solicitudes de gasto público, se emplearán tres criterios para autorizar el uso de recursos provenientes del referido Fondo: austeridad, urgencia y peso en la transición a la democracia.
“Los recursos deben ser manejados con criterios de austeridad, no puede un país sumergido en la peor crisis social tener un gobierno que malgaste el dinero de los venezolanos en gastos irrelevantes. Segundo, con criterio de urgencia. Todo es urgente pero la intención es que se pueda disponer de una pequeña parte de los recursos recuperados en todo el mundo para la atención de casos de salud de vida o muerte. Y tercero, que vayan dirigidos a garantizar la transición democrática en Venezuela”, indicó Marquina.
¿Quién velará por su administración?
Durante su intervención ante el pleno, Juan Guaidó dijo que la ley especial “es el primer paso para iniciar acciones del gobierno legítimo en el territorio venezolano”.
Como se sabe, hasta la fecha las decisiones de Guaidó y la AN han sido de ejecución en el exterior, como por ejemplo la designación de representantes diplomáticos y juntas ad hoc fuera del país.
El artículo 5 del texto preliminar señala que ante la “situación de usurpación”, las labores propias de la Oficina Nacional del Tesoro (administración, tesorería y contabilidad) serán asumidas por la Organización de Estados Americanos “a través del convenio de asistencia técnica que será suscrito por el representante permanente de Venezuela ante esa Organización, previa autorización de la Asamblea Nacional y opinión favorable del Contralor Especial de la República”.
Por su parte, el Contralor Especial designado por la Asamblea Nacional asumirá el “las funciones de control fiscal posterior la ejecución del gasto”.
¿A quién beneficiará este fondo?
El fondo, indicó el presidente encargado, tendrá cuatro ejes de ejecución: “El fortalecimiento del Parlamento, sus parlamentarios y su desempeño. Debe ser también para atención de casos de salud de vida o muerte. Debemos fortalecer nuestro actuar internacional, pilar de lucha en la presión en esta etapa inédita. Y también en inteligencia y seguridad para los venezolanos. Cuatro áreas vitales para enfrentar a la dictadura y atender a los venezolanos”.
Marquina ratificó que mientras se logra la implementación del gobierno de transición y la convocatoria a unas elecciones democráticas, justas y transparentes, es tarea del Poder Legislativo “dar funcionamiento de la Asamblea Nacional, al Servicio Exterior y a algunas tareas de Seguridad” y también atender “esos casos de salud de estricta urgencia donde se debate la vida de algunos venezolanos”.
En este primer debate no se ofrecieron especificaciones sobre, por ejemplo, cómo y ante qué organismos podrían presentarse los casos de emergencia vital para ser beneficiario de una ayuda; tampoco se precisó en qué consistiría esa labor de inteligencia o si los diputados y representantes diplomáticos comenzarán a recibir un salario.
Conforme dicta la Constitución, en este primer debate, solo se discutió el contenido de la ley de forma genérica, se aprobó en primera discusión y se remitió a la comisión de Finanzas. Será allí donde se dé un debate más detallado y se elabore el informe de segunda discusión. Este informe volverá a la plenaria para su debate en cámara artículo por artículo y su eventual aprobación.
Otros puntos
En la sesión de este martes, los diputados autorizaron a Juan Guaidó para designar al diputado Winston Flores (VP) como representante diplomático en Bolivia. Además aprobaron la sustitución del representante diplomático nombrado para Ecuador el año pasado (René de Solá Quintero) por el diplomático de carrera Héctor Quintero-Montiel.
La plenaria también aprobó un acuerdo en respaldo y agradecimiento a las acciones adoptadas por la comunidad internacional en apoyo a la restitución de la democracia venezolana y a los resultados de la gira internacional realizada por Juan Guaidó entre el 19 de enero y el 11 de febrero de este año.
En el debate, el diputado Ángel Medina (PJ) hizo un reconocimiento al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela por acompañar las acciones de la Asamblea Nacional. Hizo mención especial de agradecimiento al embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, quien recibió una queja diplomática de Maduro esta semana. También saludó al gobierno de Portugal y a la aerolínea TAP “atacados hoy por Maduro”.
Los diputados dieron un debate sobre el aumento de la mortalidad en pacientes oncológicos, producto de la crisis humanitaria compleja.
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