Un puntaje de 2,94 sobre 10 mantiene a la economía venezolana por debajo de países en crisis extrema como Zimbabue o Sudán. La parálisis institucional y la inestabilidad monetaria condicionan la calidad de vida de los ciudadanos en el país.
Caracas. Levantar un negocio, invertir o resguardar el patrimonio en suelo venezolano exige esquivar una red de obstáculos institucionales. La edición 2026 del “Índice de Libertad Económica”, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá y difundido localmente por Cedice Libertad, posicionó al país en la casilla 165 de 165 naciones evaluadas.
Con una puntuación global de 2,94 sobre 10, calculada sobre cifras comparables de 2024, la economía nacional se atrincheró en el sótano de la tabla por segundo año consecutivo, al superar negativamente a países sumidos en crisis extremas como Zimbabue (3,62), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44).
De acuerdo con la nota de prensa publicada por el centro de difusión de conocimiento económico, Hong Kong lidera la clasificación mundial con 8,53 puntos, escoltado por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21).
En América Latina destacaron Chile, que ocupa el puesto 20; Guatemala, que se ubicó en el 26; y Costa Rica, en el 28. A este grupo se suma Perú en la posición 45. En la parte inferior de la región acompañan a Venezuela países como Bolivia (puesto 144) y Argentina (puesto 151).
¿Qué mide el índice?
El “Economic Freedom of the World” analiza en qué medida las políticas e instituciones del Estado garantizan que las personas tomen sus propias decisiones económicas. La edición 2026 evalúa 46 variables agrupadas en cinco áreas clave: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional y regulaciones.
El informe resalta que ningún país progresa sin Estado de derecho, mecanismo que garantiza que las autoridades actúen sujetas a las leyes, garantías sobre la propiedad privada, una moneda firme, apertura comercial y un marco regulatorio que impida trabas arbitrarias a la producción.
Al presentar las conclusiones en Caracas, representantes de Cedice Libertad enfatizaron que: “Ese conjunto de condiciones constituye una de las principales debilidades de Venezuela. La posición 165 refleja, en consecuencia, un entorno en el que las decisiones económicas están condicionadas por múltiples obstáculos institucionales y regulatorios”.
Los resultados venezolanos reflejan el deterioro del entorno institucional en el que la gente común y los comercios intentan sobrevivir, trabajar, invertir, emprender o resguardar sus ingresos.
Cabe destacar que la posición de Venezuela en el último puesto no se debe de forma exclusiva a la desmedida intervención estatal, sino más bien a que carece de las garantías institucionales mínimas ponderadas por el estudio.
Entre ellas figuran, precisamente, la seguridad jurídica sobre la propiedad, reglas de juego previsibles y una moneda estable, a lo que se suman la libertad comercial y las condiciones para una verdadera competencia.
Golpe al bienestar social
El hallazgo más contundente del reporte surge al comparar el 25 % de los países con mayor libertad económica frente al 25 % que se ubica en la acera opuesta. En las naciones con mayor libertad económica, los ingresos promedio son 6,9 veces más altos y los del 10 % más vulnerable superan en 7,1 veces a los registrados en las economías asfixiadas.
Además, en los países libres la esperanza de vida aumenta en promedio 14 años y la jornada laboral resulta seis horas más corta por semana. Paralelamente, en este grupo se reducen tanto la mortalidad infantil como la corrupción, mientras que aumentan la satisfacción personal y la protección ambiental.
Este contraste golpea directamente la realidad venezolana, anclada en el fondo del panorama internacional.
De acuerdo con el informe de las instituciones analistas, los indicadores globales no han recuperado los niveles previos a la emergencia sanitaria del coronavirus, período en que el aumento de controles repercutió en el desempeño productivo de las naciones.
Venezuela no cayó al último lugar por un fallo puntual: arrastra una parálisis estructural en prácticamente todos los pilares considerados indispensables por el Instituto Fraser.
El problema local se traduce en un colapso institucional generalizado. Existen barreras simultáneas para asegurar el patrimonio, mantener el valor de la moneda, intercambiar bienes, atraer capitales y levantar empresas.
Sin seguridad jurídica
El estudio remarca que la libertad económica exige independencia judicial, tribunales imparciales, respeto a la propiedad, seguridad jurídica, garantía de que las normativas serán estables y aplicadas sin arbitrariedades, y cumplimiento transparente de contratos.
Esta es una de las fallas históricas del entorno venezolano. Para entender el impacto: en la edición anterior del informe, el país obtuvo apenas 2,48/10 en el pilar de Sistema Legal y Derechos de Propiedad, ocupando el renglón 161.
El desequilibrio monetario también afecta la estabilidad. Este pilar evalúa el crecimiento del dinero en circulación, la variación de los precios, la tasa de inflación y la capacidad real para manejar cuentas en divisas. Todos estos factores están profundamente distorsionados en la vida cotidiana del país.
Trabas para emprender
El informe aborda otro problema crónico: no basta con permitir la figura legal de las empresas privadas. Para esto, se requiere que operar y competir no dependan de trabas burocráticas, registros o cobros discrecionales.
En Venezuela, el entorno institucional limita al mínimo la libertad de organizar emprendimientos o realizar compras y ventas frente a la mayoría de las naciones.
Un país puntúa alto cuando aplica aranceles moderados, mantiene aduanas eficientes, garantiza la convertibilidad de la moneda, capacidad de cambiar la divisa nacional por otras extranjeras sin restricciones, y flexibiliza el tránsito de capital humano y financiero. Venezuela también falla en ese aspecto, aunque no es su peor nota, lo sostiene en el fondo de la tabla.
Evaluar el tamaño del Estado implica medir desde el gasto público hasta el control directo de los medios de producción. Sin embargo, achicar el gobierno no basta si las instituciones están rotas.
Sobre los pasos que se deben seguir, el equipo técnico de Cedice Libertad puntualizó: “El país tendría que avanzar simultáneamente en seguridad jurídica, protección de la propiedad, estabilidad monetaria, apertura comercial, condiciones para la inversión y reducción de barreras regulatorias que afectan la actividad empresarial y la competencia”.
Superar el foso exige cambios de fondo, tales como blindar la propiedad y las leyes. Asimismo, debe estabilizar el cono monetario, abrir mercados y erradicar los controles que ahogan el esfuerzo ciudadano.
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