Hace 32 años, la docente Carmen Pastora Zárraga y sus familiares compraron una vivienda en el sector de Cruz de La Vega a Río de la parroquia San Juan. Entonces, pensaron que el cambio sería para mejor porque tenían un techo propio y accesible al centro de la ciudad. Sin conocerlas, sus vecinos las etiquetaron como delincuentes, por ser oriundas del barrio Carapita de Antímano. Según el testimonio de Zárraga, desde que se mudaron han sufrido un sinfín de ofensas y discriminación por parte del consejo comunal del barrio.
Caracas. En 1990, la docente Carmen Pastora Zárraga, su hermana Noemí, sus dos hermanos y sobrinos, junto con sus difuntos padres, se mudaron al sector Cruz de La Vega a Río en la parroquia San Juan. Era una vivienda cómoda y cercana al centro de la ciudad. Pero no les ha ido bien. Pues, denuncian que, mucho antes de mudarse, sin conocerlas, los vecinos las etiquetaron como delincuentes por el hecho de proceder del barrio Carapita de Antímano.
Desde ese entonces han tenido que lidiar con rechazos, amenazas, agresiones, ofensas y maltratos. Sus denuncias ante organismos públicos no han sido procesadas. Al contrario, son descalificadas por el consejo comunal de la zona.
Zárraga sabe que, en teoría, las instancias de participación creadas por este Gobierno tienen la misión de procurar el bienestar de la población. Así como de construir una “sociedad de equidad y justicia social”. Sin embargo, esas funciones no se cumplen en su sector, pues los miembros del consejo comunal Francisco “Pancho” Rodríguez, no han buscado la manera de dirimir los conflictos vecinales, sino que apoyan abiertamente a las personas con quienes ellas han tenido diferencias.
En el 2004, una vecina alegó que su familia estaba creciendo y decidió ampliar su vivienda tomando parte de la caminería del sector. La obra perjudica a la familia Zárraga, porque le resta visibilidad a la planta baja y el primer piso de su hogar. Entre ambas casas quedó un espacio considerable, que desde esa fecha es utilizado como baño público, botadero de basura, escondrijo de maleantes. Atendiendo recomendaciones de inspectores de Control Urbano, Carmen Pastora y Noemí mandaron hacer una puerta. No obstante, hasta la fecha no han podido instalarla porque su vecina se opone.
Ese mismo año, en 2004, sin que los Zárraga se dieran cuenta, dos familias rompieron la pared y se conectaron a la tubería de agua potable. Una década después, en el 2014, Carmen Pastora y Noemí se dieron cuenta de esa unión ilegal. Al percatarse, acudieron a la Dirección General de Control Urbano de la Alcaldía de Caracas, donde ordenaron la desconexión. Pero, la infractora incumplió, por lo que el caso pasó al Juzgado 10° de 1era. Instancia en lo penal. Desde entonces han pasado casi siete años y este tribunal aún no se pronuncia.
Carmen Pastora y Noemí aseguran que desde ese momento el consejo comunal entrega cartas difamatorias a los vecinos con falsas acusaciones. Ambas insisten en que esta acción tiene el objetivo de desprestigiarlas ante organismos públicos como el antes mencionado juzgado. La situación se repitió en la extinta Alcaldía Mayor y Control Urbano de la Alcaldía de Caracas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Paraíso, Policía Comunal de la Plaza O’Leary, Defensoría Integral Comunitaria “María Esquivel”.
Desde el 2014, han acudido al Ministerio de las Comunas y Fundacomunal para denunciar la discriminación y exclusión por parte del consejo comunal sin ser atendidas.
Han tenido que tolerar que motorizados que no viven en su callejón estacionen sus motos frente a su casa, exclusión de los operativos de ventas del gas comunal y los bombillos ahorradores, hurtos y asaltos a su vivienda, pero lo más preocupante ha sido el intento de homicidio de Noemi Zarraga, hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2009, cuando una vecina y algunos parientes la atacaron físicamente ocasionándole varios hematomas y contusiones en la frente, rodillas y espalda. Este atentado fue la respuesta que recibió después de quejarse del bullicio y malestar ocasionado por los fuegos pirotécnicos que lanzaban niños frente a su vivienda.
Esa agresión quedó impune y las hizo caer en cuenta sobre la ineficacia de las instituciones. En el Cicpc de El Paraíso le ordenaron un examen médico legal, después la remitieron al Ministerio Público, donde no hicieron nada.
—La agresora tuvo la desfachatez de denunciar a Noemí en el Registro Civil de la parroquia San Juan, —cuenta Carmen Pastora —donde mintió haciéndose la víctima. También la denunció en el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador. En ese organismo consignó una carta difamatoria con firmas de personas que no viven en Cruz de la Vega a Río. Otras que viven en Barquisimeto, Catia, entre otras localidades. El resto aportó datos inexistentes con números de cédulas de identidad falsos.
Llegó la pandemia y los problemas persisten, sin posibilidades de solucionarlos porque en los organismos del Estado donde las han denunciado, con el aval del consejo comunal, les niegan el acceso a las comunicaciones. Tampoco conocen los expedientes. Esto sucede en abierta violación del derecho al acceso a la información establecido en la Constitución Bolivariana y Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En octubre de 2021, en la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público recomendaron a Carmen Pastora que fuese nuevamente a Fundacomunal. Después de cuatro meses de intentar conciliar con voceras del consejo comunal, en enero 2022 en dicho organismo les respondieron: “Ellas no quieren asistir acá ni reunirse con ustedes”.
Pero la paciencia tiene un límite. La familia está cansada de los maltratos vecinales, de la falta de empatía del consejo comunal. Aseguran que sus miembros, en su mayoría, ostentan los cargos desde hace unos 20 años.
En esta Semana Santa, Carmen Pastora y Noemí Zárraga pedirán al Nazareno de San Pablo que cese el acoso del consejo comunal, que esta instancia deje de desacreditarlas de manera verbal y escrita ante entes públicos y personas que se mudan al sector, que les permitan vivir en paz. Y, lo más importante, que los funcionarios de los organismos del Estado se abstengan de tratarlas mal. También que cumplan sus funciones. Piden que intervengan no para apoyar a una de las partes en conflicto, sino para propiciar soluciones que posibiliten una sana convivencia vecinal.
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