El fiscal Karim Khan utilizó las explicaciones dadas por las autoridades que reiteran a la Sala de Cuestiones Preliminares su solicitud de permiso para continuar con sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país. El Gobierno venezolano rechazó los señalamientos “sin fundamento” de Khan.
Caracas. “No aclare que oscurece”. Las autoridades venezolanas parecen haber olvidado este refrán popular, pues mientras más intentan frenar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió en noviembre de 2021, más argumentos le dan a ese organismo para continuar con el proceso.
Al menos esto es lo que se desprende del documento que el fiscal Karim Khan presentó el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), en el cual desestimó las “observaciones” que el Gobierno venezolano presentó sobre su actuación e incluso las empleó para defender su petición de que se le permita proseguir sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
“El Gobierno de Venezuela solicita a la Sala que dictamine que la Corte no tiene competencia material (para analizar que sucedió en el país a partir de 2017) y que no se cumple el criterio de gravedad. Argumenta que ‘los crímenes de lesa humanidad no se cometieron, ni siquiera superficialmente, dentro de su jurisdicción’ y que ‘los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y los tipos subyacentes del delito son inexistentes’ (…) El hecho de que el Gobierno de Venezuela no contemple que estos delitos se hayan cometido de manera sistemática, o que las denuncias en este sentido merezcan ser investigadas, respalda la conclusión de que no existe una investigación”, replicó el jurista británico en su informe, de 22 páginas de extensión.
En noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI anunció que tenía motivos “razonables” para creer que en el país se perpetraron detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y persecución contra los sectores que se oponen al Gobierno.
Bateando cada excusa
Las autoridades aseguraron a la Sala de Cuestiones Preliminares en los crímenes no formaron parte de “una política de Estado”, sino que las fuerzas de seguridad simplemente “intentaron restaurar el orden luego de manifestaciones violentas”; y que en ese contexto se produjeron “solo unos pocos incidentes aislados de abusos, que están siendo investigados o procesados a nivel nacional”.
La oficina de Khan, por su parte, replicó que “concluyó que había una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, detenidos y encarcelados sin fundamento jurídico adecuado; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual (incluida la violación)”.
Para la Fiscalía lo anterior supone una “base razonable” para creer que se produjeron ataques sistemáticos contra un sector de la población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado. Asimismo, reiteró que dicha la política fue, “como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno, y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad específicas del Estado (que la Fiscalía identificó) con la posible asistencia de grupos o individuos progubernamentales (grupos de choque)”.
Pese a que agradeció a las autoridades que continúen reportándole sobre sus actuaciones en estos casos, Khan aseveró que dichas informaciones le permiten reiterar su opinión de que no están realizando exhaustivamente lo ocurrido. ¿Por qué? “Los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado (aparentemente autores materiales o directos), y una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto”, expuso.
Más adelante, en el informe, el Fiscal denunció que los casos investigados y procesados a nivel nacional siguen siendo muy pocos en comparación con la cantidad y el tipo de delitos que caen dentro de la jurisdicción de la Corte. Igualmente expuso las averiguaciones se centran “exclusivamente” en personal de bajo rango de las fuerzas de seguridad y que las mismas no abarcan a posibles perpetradores de alto nivel y/o miembros de los colectivos.
A esperar
La decisión sobre la eventual reanudación de las investigaciones por parte de la Fiscalía de la CPI podría tomarse en los próximos meses y la misma se sustentará no solo en las informaciones aportadas por las autoridades y la Fiscalía, sino también por las víctimas.
Desde noviembre pasado hasta principios de marzo el tribunal, a través de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), suministraron información sobre sus casos, pero sobre todo su opinión sobre la actuación de las autoridades venezolanas (si consideran que están investigando o no los crímenes).
La instancia recibió más de 2000 documentos y videos, anunció semanas atrás la Sala y, por ello, le dio a la Sección hasta el 20 de abril para que le presente un informe donde sistematice toda la información recibida.
Pronunciamiento del Gobierno
El Gobierno venezolano rechazó los señalamientos “sin fundamento” realizados por el fiscal de la CPI. En un comunicado, difundido en la cuenta de Twitter de la cancillería, indicaron que la CPI “muestra una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela”.
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