El Tribunal Supremo del Reino Unido no resolvió si es el BCV controlado por Maduro o el nombrado por la AN de 2015 el que puede decidir la suerte de las 31 toneladas de metal preciado que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dejó el asunto en un tribunal de menor jerarquía.
Caracas. La guerra judicial que Nicolás Maduro y Juan Guaidó libran en los juzgados británicos, por las 31 toneladas de oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositadas en el Banco de Inglaterra, no ha concluido y tendrá una nueva batalla. ¿La razón? El Tribunal Supremo del Reino Unido ratificó que Juan Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el presidente “interino” de Venezuela, pero no dictaminó que es él quién puede disponer del material preciado y le encomendó a un tribunal de menor jerarquía que despeje esa duda.
La decisión la adoptó este lunes 20 de diciembre el máximo juzgado al admitir parcialmente el recurso que los representantes del Gobierno interino interpusieron para conseguir que la justicia del país europeo les entregue los fondos.
El Supremo declaró que la decisión emitida en febrero de 2019 por el entonces Ejecutivo presidido por la conservadora Theresa May, luego ratificada por el actual del también conservador Boris Johnson, de considerar que Guaidó como presidente encargado de Venezuela no podía ser cuestionada por los jueces. Sin embargo, el organismo decidió enviarle al Tribunal de Comercio el caso, para que este sea el que determine si las decisiones de la justicia venezolana, en particular el TSJ, respecto a la junta directiva ad hoc designada por Guaidó y el Asamblea Nacional electa en 2015 pueden ser “reconocidos” en el Reino Unido.
En su sentencia número 247 del 26 de mayo de 2019, la Sala Constitucional declaró “nula de nulidad absoluta” los nombramientos hechos por el opositor, con el respaldo del Parlamento, en 2019; y además los calificó como un “asalto al Estado de Derecho y a todos los Poderes Públicos”.
Al punto de inicio
El Tribunal de Comercio ya tuvo el caso en un principio y fue el que, a mediados de 2020, dictaminó que Guaidó era el encargado de la Jefatura del Estado venezolano, pues así lo reconoció de manera “clara e inequívoca” el Gobierno británico en febrero de 2019.
Con esta decisión del Supremo la guerra judicial que en los últimos 19 meses han librado el Gobierno de Maduro y la oposición en la justicia británica, por los más de 2000 millones de dólares en oro, amenaza con prolongarse hasta vienen adentrado 2022.
Guaidó celebró el dictamen y dijo: “Asumiremos con dedicación la siguiente fase del juicio para probar la ilegalidad de las decisiones tomadas por el TSJ de Maduro en contra de la junta directiva ad hoc del BCV y lograr su desconocimiento por parte de las cortes del Reino Unido. Una vez logrado, el BCV asumiría la protección de las reservas frente al régimen de Maduro”.
¿Mal precedente?
Los abogados de Maduro, por su parte, rechazaron la decisión. “El reconocimiento del señor Guaidó va en contra de la realidad sobre el terreno. Sus designados no tienen capacidad para actuar en nombre del BCV de manera efectiva, ni para representarlo en ningún procedimiento legal internacional”, afirmó el abogado británico Sarosh Zaiwalla.
Pero el representante del Gobierno chavista no se quedó allí y advirtió que este fallo contra cliente podría abrir las puertas a serias repercusiones para el Reino Unido. “Esta decisión se basa en una doctrina legal del siglo XIX y podría tener el efecto de validar un nuevo enfoque para el cambio de régimen, que tiene ramificaciones potencialmente graves y adversas para el Reino Unido como depósito seguro de activos soberanos”, agregó.
Un quinto del oro del mundo está en la capital británica y solo en las bóvedas del Banco de Inglaterra se estiman hay 5000 toneladas del material preciado, el cual pertenece en buena parte a 30 bancos centrales.
El BCV controlado por Miraflores ha intentado hacerse con el oro que el BCV tiene en el Banco de Inglaterra con la excusa de vender una parte para adquirir medicamentos e insumos para combatir la pandemia del COVID-19, mediante un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, la oposición rechaza movilizar estos fondos por considerar que los mismos se podrían perder en las redes de la corrupción o ser utilizados para adquirir medios para reprimir a los ciudadanos.
Los intentos por movilizar los fondos de oro del BCV se iniciaron antes de que el coronavirus estallara, pero el Banco de Inglaterra no ha atendido las peticiones, por no saber a quién debe responder si a la administración de Maduro o a la de Guaidó.
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