La imposición de nuevos y cada vez más elevados impuestos fiscales y parafiscales empezó a aparecer en las encuestas como preocupación  en el sector industrial en el tercer trimestre de 2020. Un año después ya 62 % de las industrias manifestaban estar afectadas. El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Jesús Faría  dijo “aquí no hay ninguna confiscación, ni se le está metiendo la mano en el bolsillo al pueblo. Se trata de establecer un régimen de justicia tributaria”.

Caracas. En 2020 el sector industrial empezó a denunciar cada vez más seguido el excesivo cobro de impuestos, sobre todo, de parte de entes municipales. Hasta ahora los reclamos siguen sin ser escuchados, mientras la voracidad fiscal se hace más grande con las reformas de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras  (IGTF) y la Ley de Registros y Notarías. 

Lo que empezó afectando a las empresas con altas tasas de impuestos ahora preocupa a toda la población, pues el IGTF plantea pechar las transacciones en divisas con una tasa de hasta 3 %, que podría ser más elevada. 

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, dijo a Crónica.Uno el 8 de febrero, que este impuesto “es lógico”, pero rebajando la tasa de imposición. Para los industriales esta tasa debería ser de entre 0,5 % y 1 % máximo, para “atraer a todo el mundo a la formalidad y no impulsarlos a la informalidad”. 

La imposición de nuevos y más elevados impuestos fiscales y parafiscales empieza a reflajarse como una preocupación , en las encuestas del sector industrial, en el tercer trimestre de 2020, para entonces 14 % de las empresas dijo que su producción se vio afectada por esta razón. A medida que pasaron los meses el problema fue escalando hasta convertirse en una de las mayores dificultades en la fabricación de productos. 

Una encuesta elaborada por Conindustria señala que para el tercer trimestre de 2021 el segundo mayor problema de las empresas para producir era el altísimo pago de tributos. En ese momento 62 % de los encuestados dijo que esto afectó la fabricación de productos.

Pisella asegura que en los municipios no ha habido mejora. Las peticiones de rebajar estos tributos siguen sin tomarse en cuenta y hasta ahora señala que la única alcaldía en Venezuela que ha hecho una disminución directa y se ha sentado con los empresarios es la de Maracaibo. “Todas las demás por ahora no; no hemos recibido ninguna notificación”, dice. 

El presidente de Conindustria agrega que han manifestado que en el estado Aragua “tienen un gran problema” con los timbres fiscales, en donde solamente por el timbre fiscal de un permiso de bombero, lo que se establece para pagar son 66.000 dólares y en el caso de una empresa el monto llega a los $120.000. “Eso es un impuesto totalmente confiscatorio”, dijo. 

Juan Carlos Contreras abogado especialista en Finanzas Internacionales y Derecho Tributario explica a Crónica.Uno que un tributo puede convertirse en confiscatorio, cuando este no mide la capacidad contributiva (capacidad económica) de quien está obligado a pagar el impuesto. Puede suceder con timbres fiscales, el ISLR o con el IGTF. 

Cuando un contribuyente no puede cumplir con la obligación tributaria esto puede llevarlo en ocasiones a cerrar o disponer del patrimonio de la empresa para poder honrar el pago de impuestos. “La idea en una relación jurídico tributaria es que haya proporcionalidad: tanto ganas, tanto pagas, es un principio básico y constitucional de las obligaciones tributarias y en este tipo de tributos que estamos viendo últimamente en nuestro país no se está cumpliendo a cabalidad”, dice Contreras. 

Fedecámaras se pronunció este martes sobre el IGTF. La patronal señaló no estar en contra de la reforma, pero sí de la forma como se hizo, al no hacer consultas a diversos actores de la población. Entre las consideraciones que hace el gremio está que se extiende el gravamen a nuevos contribuyentes, especialmente los de menor capacidad contributiva, como personas naturales y pymes y no alude a un monto mínimo de la transacción, por lo que no luce equitativo y su calificación de “grandes” transacciones no es acorde con su objetivo. 

Conindustria, por su parte, coincide en no estar en contra de que se amplíe la base tributaria y de que se tome en consideración la utilización de la divisa, pero donde no ven lógico aplicar la ley es a las personas naturales. Además, señalan que también al pago que se haga en efectivo puede ser engorroso para un establecimiento pequeño, que deba retener el 2 % o 3 % de esa operación y enterarla al fisco, pues deben tener un sistema preparado para esto, como una máquina fiscal; aunque hasta ahora (la ley no ha sido publicada en Gaceta) lo que se sabe es que los sujetos de retención son los grandes contribuyentes. 

Los industriales también consideran que la modificación de la Ley de Registros y Notarías si bien se perseguía era tratar de enderezar los problemas que ahí existían y pagar el justo valor por el servicio, lo que hizo fue elevar las tasas. “Aunque hubo una reconsideración todavía está muy distante de lo que debe ser”. 

“Si alguien tiene dólares y no quiere pagar IGTF, que los cambie a bolívares”

La tarde de este miércoles, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jesús Faría (PSUV), señaló que tras la reforma de la ley del IGTF “todas las operaciones de grandes capitales con divisas” están obligadas a pagar el tributo, a excepción de mercados populares y pequeños comercios pese a que eso no está establecido claramente en el texto.

“Aquí no hay ninguna confiscación, ni se le está metiendo la mano en el bolsillo al pueblo. Se trata de establecer un régimen de justicia tributaria. El que tenga dólares, no tiene ningún tipo de privilegios sobre el que usa bolívares”,

Faría confirmó que en otros establecimientos como las cadenas de supermercados, por ser grandes contribuyentes, sí se deberá pagar  3 % de impuesto adicional al transar con moneda extranjera, por lo que “recomendó” a a población que maneja divisas a cambiar su dinero a bolívares y evitar ser pechado.

Consultado por Crónica.Uno sobre el baremo que se determinará para calificar a una persona jurídica como contribuyente especial que debe pagar IGTF (hasta ahora todo aquel que perciba más de 30.000 unidades tributarias al año), el parlamentario dijo que se debe esperar la publicación del reglamento del Seniat.

El IGTF no mide la capacidad contributiva por lo que pudiera volverse confiscatorio, indica Juan Carlos Contreras especialista en Derecho Tributario, pues lo pagarán quien tenga cinco dólares, al igual que el que tenga $1000. “No respeta la proporcionalidad y el derecho a la igualdad de los contribuyentes. Una persona natural con ingreso económico de persona natural, no puede ser tratada -a nivel de un impuesto- igual que una empresa cuyos movimientos financieros son mil veces superiores”.

En Venezuela constantemente se legisla para incrementar la carga tributaria de las empresas sin que haya una retribución, señala el especialista, pues una mayor recaudación debería traducirse en mejoras para la población como servicios públicos de calidad. “No hay una relación de igualdad con respecto al costo y al beneficio de la carga tributaria en Venezuela”, apunta. 

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